Medio: El Día
Fecha de la publicación: sábado 23 de junio de 2018
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
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El ministerio de Justicia a través del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, solicitó en un memorial del 4 de junio al Juez Tercero Anticorrupción de La Paz, la detención preventiva de la alcaldesa de El Alto Soledad Chapetón porque observa riesgo de fuga, obstaculización y que la imputada puede influir negativamente sobre los testigos.
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El memorial está firmado por el viceministro Diego Jiménez y el abogado Carlos Rodríguez, quienes ofrecieron fundamentar la ampliación de los riesgos procesales, en la próxima audiencia de medida cautelar fijada para el 28 de junio, luego que la primera no se realizó debido a que uno de los co-procesados no asistió a la audiencia.
La Comisión de Fiscales compuesta por los abogados Juan Carlos Soria Carpio, Ramiro Jarandilla Maldonado y Javier Flores Mamani, pidió la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva; pero el Ministerio de Justicia planteó la detención en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz.
El impulsor de la denuncia es el diputado suplente paceño Rafael Quispe -casualmente elegido por el mismo partido político, Unidad Nacional, liderado por Samuel Doria Medina - y el Ministerio de Justicia se sumó a la denuncia cuya base principal data de hace 27 años en la ciudad de El Alto, cuando Chapetón tenía 10 años.
Quispe explicó este jueves que el entonces alcalde Miguel Aramayo vendió en Bs 7.000 un terreno de 1.500 metros cuadrados a Clemente Ilari, bien inmueble que fue inscrito en Derechos Reales. Pero la gestión del alcalde José Luis Paredes mediante juicio, logró la anulación de la escritura pública y a partir de 2007 deberían “meter topadora al lugar”.
Desde la renuncia del alcalde Paredes en 2005, han pasado los alcaldes Fannor Nava del partido de Pepelucho Paredes (2005-2010), Edgar Patana del MAS (2010-2014) y Zacarías Maquera del MAS (diciembre de 2014 a junio de 2015).
Según Quispe, en 2016 los vecinos pidieron la rezonificación y la alcaldesa con una resolución técnica administrativa consolida el predio para el funcionamiento de una estación servicio sobre terrenos municipales. Quispe dice que ese es el problema legal de fondo.
La Fiscalía levantó cargos por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes a la que sumó el Ministerio de Justicia.
Hace diez días la alcaldesa visitó al representante de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Bolivia, Enrique Reina, para anunciar que hay un intento de suspensión promovido desde el gobierno, por un caso judicial de hace 27 años.
Dijo que solicitará medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque se trata de un proceso legal absurdo.
