El año 2003 renunció a la presidencia de Bolivia el entonces gobernante Gonzalo Sánchez de Lozada, acorralado por los movimientos sociales, quienes cercaron las ciudades provocando el desabastecimiento de alimentos y carburantes. Le sucedió su vicepresidente, quién más adelante también tuvo que renunciar, y aunque no hubo vacío de poder, los ciudadanos se opusieron a que sucedieran quienes debían hacerlo de manera constitucional, por lo que el cargo recayó en el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia.

En 2019 ocurrió la renuncia de otro presidente boliviano, acorralado por la protesta de la ciudadanía que indignada protestaba por la sospecha de un fraude electoral, que según la auditoría de la Organización de Estados Americanos, OEA, se confirmaría tiempo después. La violencia que se desató por la protesta ciudadana provocó una serie de renuncias en el gobierno.

Ese año, 2019, renunciaron el presidente, vicepresidente y asambleístas clave, quienes dejaron un vacío de poder, a diferencia de lo ocurrido en 2003, por lo que se buscó una solución que cubriera ese vacío y además se pudiera lograr la pacificación del país que ardía con enfrentamientos y hasta pedidos de guerra civil.

Fue entonces que se definió la sucesión constitucional de Jeanine Áñez, quién ahora está presa y acusada de gestar un golpe de Estado. Según la exdiputada Susana Rivero, ella nunca renunció y no se la invitó a tomar su lugar como presidente del país, no obstante, en la memoria dejada por la iglesia católica, mediadora en el conflicto a pedido del entonces ministro de Comunicación, Manuel Canelas, se reseña que tanto ella, como Adriana Salvatierra, presidente del Senado, rechazaron la presidencia.

Sin el afán de defender o acusar a nadie, lo que el país necesita es la verdad, aunque la población la conoce y por mucho que se trate de buscar culpables en todo lo sucedido, nada se logrará con ello, porque para quienes algunos hechos son injustos para otros no lo serán; aunque se encarcele o se mate a los supuestos culpables no se podrá devolver a la vida a quienes murieron, ni se puede cambiar lo pasado, pero lo que sí se puede hacer es aprender de los hechos.

Lo que no debe volver a ocurrir es el enfrentamiento entre hermanos bolivianos, tampoco dejar que se tome a los ciudadanos como tontos útiles para ayudarles a alcanzar sólo apetitos personales, sino que se debe trabajar entre todos y para todos, por el bien común del país, sus estantes y habitantes, nada de pedir guerra civil, ni cometer vandalismo contra los semejantes.

Lo que sí debemos aprender es a seguir adelante, dejando el pasado atrás, recordar sólo las enseñanzas que dejó, perdonar el daño recibido y trabajar para que no volvamos a vivir momentos de dolor.

A partir de ahora, el Gobierno debe hacer más gestión, trabajar por enfrentar los problemas actuales de la sociedad, como la lucha contra la pandemia del coronavirus, afrontar la crisis económica y procurar días mejores para todos los bolivianos, pero las autoridades deben ponerse manos a la obra inmediatamente.