Tal como anunció, de que no iba a dar explicaciones sobre lo sucedido en la crisis de 2019, el jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, se acogió a su derecho al silencio en su declaración, en calidad de testigo, en el caso denominado Golpe de Estado.

Seguidores lo acompañaron y corearon su nombre cuando ingresó a las oficinas de la Fiscalía las 08.15. Había adelantado que no daría declaraciones a la prensa y convocó a una conferencia a las 09.30 en el Hotel Presidente, la que se dio una hora después.

Según la declaración a la que accedió La Razón, el exmandatario se acogió 51 veces a su derecho al silencio ante las preguntas del fiscal; asimismo, indicó en una de sus respuestas que “no voy a contestar la preguntas porque me puedo incriminar”.

El caso Golpe de Estado fue abierto por la exdiputada Lidia Patty, del Movimiento Al Socialismo (MAS). La Fiscalía investiga el derrocamiento del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019, tras lo cual Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta del Estado.

Morales dimitió acorralado por protestas cívicas, un motín policial, la presión de las Fuerzas Armadas y un polémico informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que alimentó el discurso del “fraude” en los comicios que Morales ganó ese año.

Con carácter previo, este jueves, Mesa hizo notar a la Fiscalía que su silencio está garantizado por la Constitución. “La razón fundamental por la que no voy a declarar tiene que ver con el hecho de que no reconozco la legitimidad o legalidad de este proceso”.

Añadió que este caso “se basa en hechos falsos y en la manipulación de pruebas, el elemento principal que demuestra lo que estoy diciendo, es la vigencia plena de dos leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional”, remarcó el expresidente.

“La Ley 1166 de anulación de elecciones de 2019 y la Ley 1270, ley excepcional de prórroga del mandato constitucional y autoridades electas, de 20 de enero del 2020”, continuó, “ambas leyes reconocen la inconstitucionalidad (sic) del gobierno transitorio, y la constitucionalidad de la propia Asamblea Legislativa Plurinacional”, dice el documento.

El político opositor subrayó que “no hay elemento, hecho o acción que esté por encima de una ley cuya constitucionalidad se presume de hecho. Solamente si el Tribunal Constitucional Plurinacional declarase inconstitucional ambas leyes, recién es ese contexto y en ese caso podría iniciarse un proceso por golpe de Estado”.

Además, Mesa dijo que otro argumento por el cual rechaza este caso es que se trata de “un proceso de carácter político impulsado por el propio expresidente Evo Morales y el actual presidente (Luis Arce). Es un hecho incuestionable que el Ministerio Público y el Órgano Judicial responden a las órdenes del Poder Ejecutivo, por lo tanto, la credibilidad de los procesos como este se ha perdido completamente. Por todo ello, no reconozco la legitimidad de este juicio que es un montaje político”.

Desde su detención preventiva en la cárcel de Miraflores, la expresidenta transitoria Áñez provocó un remezón por su declaración al Ministerio Público, ya que afirmó que Mesa bloqueó la sucesión de Adriana Salvatierra (MAS) en la crisis de noviembre de 2019.

Más aún, se apunta a Mesa por haber declarado el 10 de noviembre de ese año, en la plaza Murillo y ante los medios (día que renunció el expresidente Evo Morales), que ningún político del Movimiento Al Socialismo (MAS) podía tomar las riendas del país.

Ante la pregunta sobre si conoce a Áñez, Mesa respondió lo siguiente ante la Fiscalía: “Conozco a la señora Jeanine Áñez, no recuerdo las circunstancias, me invitó cuando ya era presidenta, quizá un mes o dos meses después, fue en un almuerzo”.

En cuanto a si conoce al excívico cruceño Luis Fernando Camacho y su padre, José Luis Camacho, el líder de CC sostuvo que “al señor Camacho lo conozco personalmente, no recuerdo, en una reunión del comité cívico de Santa Cruz, mucho antes, y al otro señor no lo conozco, no recuerdo la fecha” (sic), según el documento del Ministerio Público.

Camacho es el principal acusado en este caso, al haber liderado la movilización cívica que derivó en la dimisión de Morales. Incluso, el actual gobernador cruceño reveló que su progenitor pactó en noviembre de 2019 con las Fuerzas Armadas y la Policía.

En su última respuesta ante el fiscal, Mesa remarcó que “la insistencia de los señores fiscales en no aceptar mi derecho constitucional hizo que yo respondiera presionado por esa situación cuatro preguntas, porque es un principio general de carácter moral de mi parte el establecer una posición clara de repudio a la manipulación y al uso instrumental del Ministerio Público, que la va a convertir (a la investigación) en una persecución política a los miembros de la oposición”.

“Ratifico mi postura de desconocer lo que se está haciendo y lamentar lo que se está utilizando al Ministerio Público. Asimismo adjunto en fojas 3 una declaración previa que leí al comenzar el acto, que explica las razones por las que no declaré”, concluyó.

Posteriormente, ya en su conferencia en el Hotel Presidente, Mesa confirmó que se acogió a su derecho constitucional, y subrayó que esa determinación no puede ser considerada un indicio de culpabilidad.