El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC),Carlos Mesa, acudió a la convocatoria de la Fiscalía, la mañana de este jueves, pero se abstuvo de declarar por el ‘caso Golpe de Estado’.

En conferencia de prensa, tras su salida de la Fiscalía, explicó los motivos por los que decidió no declarar ante la Fiscalía.

Entre sus argumentos, están que el caso no tiene “ninguna base de legalidad, se fundamenta en hechos falsos y en la manipulación de pruebas aparentes”.

Para el líder de CC, el caso sobre el presunto golpe de Estado no tiene legalidad por dos leyes: las 1266 (Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales) y la 1270 (Ley Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional de Autoridades Electas) que, dijo, reconocen la legitimidad del Gobierno transitorio de Jeanine Añez y de la anterior Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Asimismo, Mesa señaló que el caso por el presunto golpe solo busca tapar el supuesto fraude electoral en las elecciones del 2019 y aseguró que cualquier declaración ante la Fiscalía solo serviría para que el proceso siga siendo usado como una excusa para que el Gobierno cometa “persecución”.

“Con un viso de falsa “legalidad”, para lo único que servirán todas las declaraciones testimoniales, es para que este proceso se convierta en el martillo fiscal y judicial contra muchos ciudadanos y nuestras familias, que hemos defendido con orgullo la democracia, la paz, la Constitución y la libertad. Situación que ya se produjo con el procesamiento y detención inconstitucionales e ilegales de la expresidenta Áñez, dos de sus exministros y otras exautoridades”, aseveró Mesa.

“No me cabe la menor duda de que utilizarán cualquier declaración testifical, incluida la mía, para manipular e inventar “autoincriminaciones”. Dichas declaraciones, en un sistema fiscal y judicial que respeta el estado de Derecho y el debido proceso, serían, por el contrario, la constatación del ejercicio de derechos fundamentales para la preservación de la Constitución, la democracia y la soberanía popular, como fue el caso de la defensa del respeto a los resultados del Referendo del 21 de febrero de 2016 y del voto popular en las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019”, agregó el expresidente.

En esa misma línea, Mesa aseveró que no se convertirá en “propiciador de un cadalso jurídico” para quienes serán convocados a declarar “y eventualmente serán acusados de un delito inexistente”.

Finalmente, mesa reiteró que el objetivo de todo el caso “respaldar la obsesión de Evo Morales por volver a la presidencia y tender una cortina de humo ante la crisis de salud y desempleo que el actual gobierno no gestiona adecuadamente”.