Esta semana, la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) ha dado a conocer un “Informe-memoria de los hechos del proceso de pacificación en Bolivia octubre 2019-enero 2020”, en el que deja constancia que en aquellas reuniones, de las que participaron representantes de las diversas fuerzas políticas, entre ellas el MAS, además de organismos internacionales, lejos de tramar un golpe de Estado como el MAS quiere hacer creer ahora, se buscó un cauce constitucional y democrático en medio del vacío de poder que el MAS, de manera irresponsable, había dejado tras la renuncia de toda la cadena sucesoria.

Además de la sucesión de hechos ya conocida, el informe de la Iglesia presenta algunas revelaciones que vale la pena hacer constar. Por un lado, asegura que la expresidenta de la Cámara de Senadores  Adriana Salvatierra  y la exvicepresidenta de la Cámara de Diputados  Susana Rivero  se negaron a asumir el mando por sucesión constitucional “alegando que sus vidas corrían peligro”.

Por otro lado, el documento señala que las representantes del MAS que asistieron a las reuniones de pacificación en la Universidad Católica plantearon que otro senador del MAS, que no estaba en la línea sucesoria, asuma el mando del país, o en su caso, que el elegido sea el senador opositor Víctor Hugo Zamora, que tampoco estaba en la cadena de sucesión. Los opositores habrían dejado claramente establecido que no aceptarían que el mando sea entregado al margen de la Constitución y por eso acordaron que sea Jeanine Añez, en su calidad de vicepresidenta del Senado, quien asuma la Presidencia.

El documento revela que las representantes del MAS, en el encuentro del 12 de noviembre, en primera instancia rechazaron la sucesión en favor de Añez, pero que, tras una reunión sostenida entre Adriana Salvatierra, monseñor Eugenio Scarpellini y el entonces senador Óscar Ortiz, terminaron aceptando la propuesta e incluso invitaron a los presentes a la toma de mando de Añez esa misma tarde.

Aquella tarde, sin embargo, los legisladores del MAS no asistieron a la sesión. Cuenta la CEB que incluso se le envió a Salvatierra un coche diplomático para trasladarla con seguridad hasta la Asamblea, pero que ella no llegó.

Una vez más, queda aclarado que el vacío de poder fue responsabilidad de quienes renunciaron a sus cargos y de quienes no asistieron a la sesión del 12 de noviembre. Si el MAS no estaba de acuerdo con Añez, bien pudo haber asistido y con sus dos tercios de votos hubiera elegido para la presidencia a quien quisiera. Pero no, prefirió la salida por el desastre.

Otro aspecto importante del documento y hasta ahora desconocido es que fue el propio gobierno del MAS el que pidió la mediación de la Iglesia Católica para lograr la pacificación del país. Relatan los obispos en su informe que el entonces ministro de Comunicación  Manuel Canelas  fue quien pidió la facilitación con miras a la segunda vuelta electoral en una comunicación efectuada el 7 de noviembre. Pero, no solo eso, sino que la CEB relata que el 8 de noviembre se reunió con el todavía presidente Evo Morales, quien solicitó que se convoque a la paz.

Es por lo menos descabellado que ahora, los mismos actores que entonces pidieron la intervención de la Iglesia, quieran acusar a los obispos y a los actores de esas negociaciones de haber urdido un golpe de Estado.

Los obispos relatan que se celebraron cuatro reuniones entre el 10 y el 12 de noviembre. Producto de esos encuentros, se pudo garantizar la seguridad de Evo Morales durante su salida del país y se logró un acuerdo para la sucesión constitucional. Los actores políticos y la sociedad en su conjunto deberían estar agradecidos con la Iglesia, con la Unión Europea y con España por haber promovido el encuentro, caso contrario, el país pudo haber caído en una espiral de violencia insospechada. Quién sabe, tal vez hoy estaríamos lamentando un enfrentamiento fratricida o los saldos de una “guerra civil”, como arengaban los seguidores de Morales en las calles aquellos días.