La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, a nombre de esta institución objetó hoy la “Memoria de los hechos del proceso de pacificación en Bolivia octubre 2019-enero 2020” emitido por la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), porque asegura que “minimiza las masacres de Sacaba y Senkata, que fueron producto de la represión desatada por el gobierno de Jeanine Áñez”.

“Esta institución defensorial ve con preocupación que la Iglesia Católica pretenda generar la idea de que las muertes del conflicto poselectoral fueron fruto de ‘enfrentamientos’ entre ciudadanos o de la violencia de un grupo de personas, cuando esta institución defensorial ha verificado que esos fallecimientos pertenecen a la población civil y que fueron producto de la acción combinada de fuerzas estatales y paraestatales”, dijo.

La defensora se remitió a su informe titulado “Crisis de Estado, Violación de los Derechos Humanos en Bolivia”, en el que se demuestra que “los actos violentos cometidos por los gobernantes de turno, grupos paraestatales, Policía Boliviana y Fuerzas Armadas en el periodo poselectoral de 2019 desembocaron en la muerte de 20 ciudadanos en las denominadas masacres de Sacaba y Senkata”.

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Según Cruz, las memorias de la CEB replican el argumento del Gobierno transitorio de que en Sacaba “hubo enfrentamientos”, en los cuales los grupos que se encontraban en una manifestación “se habrían matado entre sí”.

“Esta posición pretende deslindar responsabilidad a las fuerzas conjuntas que operaron el 14 de noviembre de 2019 y niegan la represión ejercida contra una población civil estigmatizada. Existe una falta de respeto a la memoria de las víctimas fallecidas, a los heridos y a sus familiares”, aseguró Cruz.

Otra de las críticas de Cruz es que la conferencia episcopal “falta a la memoria” de quienes perdieron la vida en la masacre de Senkata, al afirmar que en el lugar “se desató la violencia, pues con esto pretende mostrar que la población civil fue parte activa de estos hechos y no así víctima de la represión de las fuerzas militares”.

Además mostró su preocupación de que “las personas procesadas por estas masacres hagan o pretendan hacer uso de este informe, que contiene afirmaciones sin sustento documental, cuando actualmente existen investigaciones para individualizar a los responsables. Esta irresponsabilidad de la CEB pretende poner en riesgo los procesos judiciales, que buscan obtener la verdad de estas masacres”.  

Finalmente, la Defensora anunció que, mediante una nota, hará conocer al Papa Francisco estas observaciones defensoriales sobre el documento de la Conferencia Episcopal de Bolivia.