Un documento denominado ‘Memoria de los hechos del proceso de Pacificación en Bolivia Octubre 2019 – Enero 2020’ de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) confirma que la exsenadora Adriana Salvatierra no quiso asumir la Presidencia del país después de la renuncia de Evo Morales.

La recopilación cronológica realizada por la Iglesia Católica sobre su papel en medio del conflicto social que vivió Bolivia también rememora que el jefe del MAS estaba enterado de todo lo que sucedía manteniendo contacto con la expresidenta del Senado. Además, se indica que los exministros del líder cocalero negociaron la pacificación del país a cambio de salvoconductos.

La información, que fue derivada al Vaticano, otras instancias internacionales y la Fiscalía General del Estado, confirma que se optó para que Jeanine Áñez, hoy detenida preventivamente, asuma el poder como vía de sucesión constitucional, dejando en poder del ‘instrumento político’ las directivas de ambas cámaras en el Legislativo.

"Por lo manifestado, la Conferencia Episcopal Boliviana, a solicitud de los actores en conflicto, ha cumplido el rol de facilitadora del diálogo, junto con la Unión Europea y la Embajada de España al principio y las Naciones Unidas después, en el conflicto de 2019. En este proceso, los facilitadores, se limitaron a convocar a los actores a dialogar, constituyéndose en interlocutores que viabilizaron el acercamiento de las partes", precisa el documento al que accedió EL DEBER

La Iglesia también resalta que, en los espacios de diálogo, los actores plantearon propuestas para pacificar al país y las discutieron. "Recalcamos que en estos espacios no se tomaron decisiones, ni se levantaron actas, solo se llegó a acuerdos verbales, porque la finalidad era el acercamiento y la concertación, por el bien común", enfatiza el documento.

En sus páginas 12 y 13 el documento relata los hechos registrados el 12 de noviembre, cuando Morales ya estaba asilado en México y existía un vacío de poder. Ahí se explica que desde el MAS sugirieron que el nuevo mandatario sea elegido de entre los asambleístas o que el entonces senador Víctor Hugo Zamora asumiera esas funciones, aunque esos aspectos fueron considerados “inconstitucionales” y no lograron aceptación.

Luego surgieron dos nuevas alternativas, que Salvatierra o la diputada Susana Rivero asumieran la jefatura del Estado o que existiera una sesión de la Asamblea para que Áñez llegara al poder, dando lugar a la “sucesión constitucional ipsu facto” para evitar el vacío del poder.

Después, el escrito revela que hubo una reunión “a puerta cerrada” solicitada por Salvatierra, en la que también participaron la diputada del MAS, Óscar Ortiz (de Demócratas) y el fallecido monseñor Eugenio Scarpellini, como garante del diálogo. Lo que conversaron no se dio a conocer y tampoco se encuentra registrado en la memoria de la CEB.

“Tras dicha reunión, se reinició la reunión general y las representantes del MAS aseguraron la participación de la bancada del MAS en la sesión de la Asamblea Plurinacional, esa tarde, en la cual reconocerían a Jeanine Áñez, presidente de la Cámara de Senadores y en consecuencia Presidente del Estado”, explica el documento en su parte más relevante.

La memoria especifica que Salvatierra y Rivero no quisieron asumir la Presidencia alegando que “sus vidas corrían peligro” y que, posteriormente, en los “acuerdos que permitan la pacificación del país”, el MAS condicionó la desmovilización a “garantías y seguridad para exautoridades del gobierno del MAS, salvoconductos para salir del país y la posibilidad de regreso a Bolivia del expresidente Evo Morales”.

El documento, de 25 páginas, recopila todas las gestiones realizadas por la Iglesia Católica, desde los primeros acercamientos, el 7 de noviembre de 2019, con el entonces ministro de Comunicación, Manuel Canelas. Y en su parte conclusiva, rechaza “toda acusación relativa a conspiración, propiciación, encubrimiento u otra forma de actuación que se relacione con un supuesto golpe de Estado”.