En ese contexto, los representantes del clero observaron también que la sociedad en general desconoce aún los méritos de los 96 postulantes que aspiran a uno de los 26 cargos del Órgano Judicial.

“Pese a estas limitaciones, exhortamos a todos emitir su voto personal, secreto y libre, guardando fidelidad a su conciencia, en cumplimiento de derechos y deberes democráticos sin dejarse llevar por cualquier tipo de consigna, control, coacción o temor”, puntualizó monseñor Aurelio Pesoa, Secretario General de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB).

Recordó que el artículo 161 de la Ley de Régimen Electoral establece las formas de voto que puede optar la población, al momento de sufragar, los mismos que son: voto válido, blanco y nulo.

Pesoa convocó también a las autoridades del Gobierno a respetar estas formas licitas de elección y que se interprete la voluntad de la población.

DESCONOCIMIENTO

El pronunciamiento de la Iglesia Católica señaló también que ha percibido un “gran desconcierto y desconocimiento” de los aspirantes a las cuatro instancias del sistema judicial: Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

“Nos damos cuenta que el actual sistema de selección de postulantes a jueces no hace posible el conocimiento adecuados de los candidatos, por lo que percibimos en los ciudadanos un gran desconcierto y desconocimiento, con respecto a los méritos de cada uno de ellos”, afirmó Pesoa.

A criterio de la Iglesia Católica, la nueva forma de elegir a las autoridades del Órgano Judicial no mejoró la administración de justicia, puesto que no garantiza que sean escogidas sobre la base de sus méritos.

“El procedimiento no ha logrado cambiar la situación de la justicia, lo que fue reconocido por el propio gobierno nacional, en diferentes declaraciones. Hay que hacer notar que los más perjudicados por la desdichada situación en que viven son los más pobres”, detalla el comunicado de la Iglesia.

SISTEMA

La Asamblea Legislativa, en coordinación con el Sistema Universitario, llevó a cabo el proceso de preselección de los candidatos, el cual introdujo un sistema de calificación de 100 puntos, divididos en tres fases: calificación de méritos, examen escrito y la entrevista.

Este proceso fue rechazado por los asambleístas de oposición y el ente colegiado de los profesionales en derecho, puesto que se planteó que los postulantes al Órgano Judicial sean elegidos por una comisión ajena al legislativo, lo que fue rechazado.

Además, en el transcurso de preselección se presentaron varias observaciones, entre ellas, la ampliación del registro de los postulantes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), porque no cumplían con el criterio de paridad y plurinacionalidad.

Otra de las observaciones es que el Sistema Universitario no calificó a los postulantes en la fase de entrevistas, sólo cumplió un rol de veedor.