El empeño del Gobierno y del MAS de procesar –en el marco del artificioso caso “golpe de Estado”– a la encarcelada expresidenta Jeanine Áñez, exautoridades del Gobierno transitorio y cuanto opositor puedan, se revela cada día más fuera de lugar y alejado de las urgencias que enfrentan miles de bolivianos por la pandemia y muchísimos más debido a las dificultades económicas.

El afán que los mueve evidencia –ya sin disimulo– el manejo abusivo que hacen del Órgano Judicial para perseguir a los opositores, al punto que el Ministro de Justicia ofrece garantías de que el Gobierno “no tiene ninguna intención de pedir la detención” de Carlos Mesa cuando se presente a declarar como testigo en el mencionado caso.

Pero si de testigos se trata, hay varios que tuvieron que haber sido ya citados por la Fiscalía, y que tendrían mucho que decir acerca de lo ocurrido en esos días de noviembre de 2019 cuando “el vacío de poder vulneró la paz, la vida y los derechos de todos los bolivianos, que enfrentaron una gravísima incertidumbre, en medio de amenazas y agresiones diversas como las que se registraron en (...) La Paz, El Alto y otras ciudades del país”, refiere el documento Memoria de los hechos del proceso de pacificación en Bolivia, octubre 2019-enero 2020 hecho público ayer por la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB).

Ese vacío de poder, cuyo origen describe el documento, ya había sido mencionado a fines de abril por exasambleístas del MAS que ejercían sus mandatos en la legislatura anterior, como Omar Barrientos, quien contó lo ocurrido en la reunión de la bancada del MAS, el 12 de noviembre de 2019: “Nos pedían la renuncia de todos los legisladores, nosotros dijimos por qué vamos a renunciar, si la Asamblea tiene que decidir el próximo presidente. La posición dura de Adriana Salvatierra y de Susana Rivero era: la lucha tiene que continuar pase lo que pase”.

Esas mismas asambleístas, el mismo día, representaban al MAS en la reunión propiciada por la CEB para facilitar una salida a la crisis que vivía el país. “La reunión comenzó con la afirmación, por parte de las representantes del MAS, de que no iban a aceptar en la Asamblea Legislativa la renuncia del expresidente Evo Morales (asilado ya en México) ni iban a apoyar a la senadora Jeanine Áñez para que asumiera la presidencia”, señala el documento de la CEB. Y añade que Salvatierra y Rivero propusieron alternativas que “fueron cuestionadas por ser inconstitucionales. No había ningún marco legal que (las) respaldara”.

La verdad de los hechos terminará por desbaratar el fantasioso caso “golpe de Estado” armado por el MAS. La Fiscalía podría recuperar su ajada credibilidad citando también como testigos a los masistas que protagonizaron la crisis de octubre-noviembre de 2019.