El ministro de Justicia, Iván Lima, y el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, se han constituido en la punta de lanza del Gobierno para imponer la teoría del presunto “golpe de Estado” en 2019, pese a no existir determinación de autoridad competente que asegure ese extremo. Estas dos autoridades ya emitieron una anticipada sentencia sobre lo sucedido y desconocen informes sobre irregularidades en los comicios del 20 de octubre de ese año.

Lima, a días de asumir el despacho de Justicia, el 20 de noviembre de 2020, afirmó que “decir que ha habido un golpe de Estado en Bolivia no es la labor del ministro de Justicia, ni siquiera tal vez del fiscal general, y definitivamente la evaluación de lo que ha ocurrido en la transición tiene que ser el resultado de una decisión judicial que, a mi criterio, debe ser definida y perseguida por los niveles políticos y por el fiscal general”.

Sin embargo, un par de meses después, el discurso de Lima cambió radicalmente, se constituyó en “fiscal y juez” en este caso al aseverar que en noviembre de 2019, se produjo un presunto “golpe de Estado”.

A horas de la detención de la expresidenta Jeanine Áñez (13 de marzo de 2021), Lima señalaba: “Ha culminado la primera etapa. Debe rendirle cuentas al pueblo boliviano. Fue un golpe de Estado, la banda presencial se la entregó un militar”.

En diferentes oportunidades, el Ministro de Justicia ya enviaba mensajes al Órgano Judicial sobre el camino a seguir.

Incluso ya demandaba a la justicia dictar una pena de 30 años de cárcel para la expresidenta Áñez.

Lima declaró que todas las denuncias de fraude fueron sobreseídas por faltas de pruebas, insinuó la construcción de un caso contra la expresidenta ante la justicia ordinaria porque en el Legislativo el MAS no contaba con los dos tercios requeridos para llevar un juicio de responsabilidades.

“Se apela al denominativo de golpe de Estado porque Evo Morales y todos los que lo acompañaron a tomar la decisión de renunciar en cadena no se dieron cuenta, quisieron generar un vacío de poder. Pero es algo que debe investigarse y es la justicia la que va a resolver”, señaló en su momento Carlos Borth Irahola, doctor en Derecho Constitucional.

El abogado constitucionalista Paul Antonio Coca refiere que, “como discurso político”, el MAS va a decir que hubo golpe de Estado y que nunca hubo fraude electoral.

“Si hablamos desde un punto absolutamente jurídico, esta teoría no entra, porque resulta que han emitido leyes, que han primado las funciones de los órganos Ejecutivo y Legislativo, ha habido elecciones. Entonces, ¿de qué golpe se habla?”, cuestionó.

Procurador

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez Serrano, es otra autoridad que da énfasis al argumento del partido azul, al sostener en mayo pasado que “los sucesos luctuosos de 2019 y la imposición de Jeanine Áñez como presidenta de Bolivia obedecieron a un golpe de Estado porque con antelación se preparó una narrativa destinada a desconocer los resultados de las elecciones de 2019, y que no existió sucesión constitucional ni la vacancia en el ejercicio del poder y que las renuncias de las autoridades legislativas fueron forzadas”.

Pero va más allá al sostener que en el caso de Morales “formalmente jamás se ha dado la aceptación de su renuncia y que en consecuencia no se habilitaba la sucesión constitucional”.

Asimismo, la Procuraduría envió un informe a las Naciones Unidas en respuesta a los requerimientos de este organismo multilateral.

En la información entregada, se obvian una serie de situaciones, y Chávez dando su veredicto ante los medios manifestó que “todo conduce a que en el país el 10 de noviembre se ha consumado un golpe de Estado con la renuncia de Evo Morales a su mandato”.

Lima niega que cómputo informático sea prueba

El ministro de Justicia, Iván Lima, resta toda validez al cómputo informático como prueba, menos después de dos años de los comicios del 20 de octubre de 2019.

En entrevista concedida a Animal Político, de La Razón, Lima explica que “el informe de la OEA contiene dos grandes componentes: los sistemas informáticos, el TREP y lo de los servidores, entre otros, y, lo segundo, todo lo que tiene que ver con el uso de determinada información en el cómputo de votos, me refiero a las actas, a que las haya llenado la misma persona, o que se hayan quemado y se haya tenido que recurrir a medios subsidiarios para el cómputo electoral”.

“Manifiesta su preocupación, encuentra indicios en la parte informática, pero como no hace una revisión manual, esos indicios, toda esa información de naturaleza informática, pierden total relevancia por el tiempo transcurrido desde las elecciones de 2019; dos años después se ha podido computar manualmente cada una de las actas”, indica.

Agregó: “El cómputo en Bolivia es manual, lo tenemos en actas, en papel, en firmas; por tanto, nada del cómputo informático puede ser entendido como una prueba. Toda crítica a los sistemas informáticos, en este momento, no es válida y no puede constituir una prueba de fraude”, asegura.

Respecto al sobreseimiento de los casos de fraude en los nueve departamentos, señaló que esto significa que no hubo tal fraude en el TSE.

“Que no exista fraude en los nueve departamentos haría prácticamente imposible la existencia de un fraude a nivel del TSE. Esto va a ser resuelto en los próximos días, esperemos, porque ya está por cumplirse el plazo para el fiscal que lleva el caso contra los exvocales del TSE”,indicó.

Frases de Iván Lima

“Hablar de un Ministerio de Justicia y de independencia judicial es incompatible (…). El Ministerio debe tener un rol de construcción de políticas en DDHH ”.

En La Barricada, de María Galindo, Lima dijo que no comenzaron con el juicio de responsabilidades “porque no teníamos los dos tercios de la Asamblea y hay que armar un caso”.

Dijo que “un expresidente debe tener juicio de responsabilidades aprobado el Legislativo (…) En este momento, estamos ante un juicio a una exsenadora”.