La Iglesia católica en Bolivia reafirmó este martes su rol de mediación en la crisis política y social que afrontó el país en 2019 que derivó en la constitución de un Gobierno transitorio y rechazó cualquier intento de relacionarla con un «golpe de Estado».

«La Iglesia católica rechaza toda acusación relativa a conspiración, propiciación, encubrimiento u otra forma de actuación que se relacione con un supuesto golpe de Estado», se expresa en un documento hecho público por el Episcopado.

El informe de unas 25 hojas, que se titula «Memoria de los hechos de pacificación en Bolivia octubre 2019 – enero 2020», fue entregado al papa Francisco, a distintas instancias de la Iglesia y a la Fiscalía.

La memoria describe situaciones como el momento en que debió decidirse sobre la sucesión constitucional tras la renuncia del entonces presidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019.

El texto menciona dos opciones que en ese momento se plantearon: «que asumiera la presidencia la senadora Adriana Salvatierra o la diputada Susana Rivero (ambas del oficialismo). Pero ellas se negaron alegando que sus vidas corrían peligro» o la sucesión de Jeanine Áñez «para asumir la Presidencia».

«Recalcamos y damos fe en nuestro carácter de facilitadores de todo este proceso de diálogo, que en ningún momento este grupo tuvo carácter de decisión», asegura el Episcopado en la parte conclusiva del documento.

A finales de mayo de este año, la Fiscalía envió un requerimiento a la Iglesia católica para que manifieste cuál fue su rol en los procesos de diálogo que buscaban hallar soluciones a las tensiones que se activaron tras las elecciones frustradas de 2019 señaladas como fraudulentas.

«Lo que se hizo fue facilitar un complejo proceso de diálogo, buscando el bien común y la paz de todos», asevera la Iglesia católica en su informe.

Actualmente se desarrolla una investigación denominada como el caso «golpe de Estado» a raíz de una denuncia de la exdiputada del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) por supuestos hechos de terrorismo, sedición y conspiración.

A raíz de esto guardan detención preventiva la expresidenta interina Jeanine Áñez, dos de sus exministros y algunos exaltos jefes militares, además, también hay procesos contra otros excolaboradores de la exmandataria y exjefes de la Policía.

En el proceso también se incluye al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y su padre José Luis Camacho Parada, sobre los que todavía no se han iniciado acciones judiciales.

El Gobierno del presidente Luis Arce sostiene que los sucesos de 2019 fueron parte de un «golpe de Estado» y no de un fraude electoral y que esto provocó una interrupción del orden constitucional.

Inclusive, funcionarios como el vocero presidencial, Jorge Richter, manifestaron públicamente que la Fiscalía debía indagar el rol de los mediadores en aquella crisis.