Bolivia busca actualizar su legislación sobre el funcionamiento de las organizaciones políticas al haber quedado "desfasada" frente al marco constitucional que rige en el país desde 2009 y que reconoce distintas formas de democracia.

Actualmente están en vigencia la Ley de Partidos Políticos, que data de 1999, y la de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, de 2004, que "en su momento fueron muy valiosas e importantes", pero que "hoy están totalmente desfasadas" respecto a los procesos democráticos, dijo a Efe el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), José Luis Exeni.

En el afán de "poner al día" estas normativas, el TSE elaboró el proyecto de Ley de Organizaciones Políticas que, entre otras novedades, plantea que los partidos designen a sus binomios presidenciales mediante elecciones primarias, además de sanciones para el transfugio político.

El documento, presentado públicamente hace unos días, es el resultado de un "muy amplio proyecto de construcción participativa" que comenzó en mayo de 2017 y que incluyó encuentros y talleres con diversos sectores en las nueve regiones bolivianas.

Para la elaboración de la norma también se tuvo en cuenta otras propuestas similares que no llegaron a prosperar.

Además, se hizo un análisis "técnico y jurídico" de las normas vigentes y se rescataron experiencias de países como Argentina, Brasil, Chile, Uruguay o México para algunos asuntos puntuales, como la franja electoral o el transfugio.

El resultado, indicó Exeni, es el proyecto de ley entregado la semana pasada al Legislativo y que consta de 105 artículos divididos en cinco títulos, tres disposiciones transitorias y una abrogatoria.

La norma reconoce tres tipos de entidades políticas: los partidos, de alcance nacional; las agrupaciones ciudadanas, en el ámbito departamental y municipal, y las organizaciones de los pueblos indígenas y campesinos, sujetas a normas y procedimientos propios de esos sectores.

La propuesta tiene varios "ejes centrales innovadores", uno de ellos busca garantizar que las organizaciones políticas "sean ellas mismas democráticas internamente" al ser "vehículos fundamentales en democracia", explicó Exeni.

Así, el documento plantea que la definición de cualquier candidatura, jefatura o delegación sea resultado de "procesos de democracia interna" que estén expresados en sus estatutos y que garanticen "plenamente" la paridad entre hombres y mujeres.

En esta estructura resaltan las elecciones primarias, algo que "nunca antes se había considerado en el país", según Exeni.

Indicó que las primarias se aplicarán sólo para elegir a los binomios presidenciales y se efectuarán de forma obligatoria y en un mismo día para todos los partidos.

Además, no serán abiertas a cualquier ciudadano sino sólo a los militantes, serán administradas por el órgano electoral con recursos públicos y tendrán carácter vinculante, añadió.

"Esta es una innovación importante para garantizar democratización en esa decisión que es central (...) y su implementación será progresiva en función a condiciones técnicas y presupuestarias", sostuvo el vocal.

Otra novedad es que por primera vez se establecen parámetros claros para identificar y sancionar el transfugio político, que en el documento figura entre las infracciones muy graves.

La normativa vigente indica que hay transfugio "cuando se demuestre que ha habido prebenda, beneficio económico o político", lo cual, según Exeni, resulta "muy complicado".

En la propuesta del TSE, se considera transfugio cuando una persona elegida por un partido renuncia al mismo para irse a otro, cuando se declara "independiente", o cuando "vota sistemáticamente en contra de los principios" de su organización, explicó Exeni.

Quienes incurran en esto perderán su escaño, o su estatus de dirigente o militante, según el caso.

Otro aspecto relevante es una propuesta para financiar a las organizaciones políticas mediante fuentes privadas y estatales, garantizando el derecho de los electores a la información y una mayor equidad en el acceso de esas entidades a los medios.

En el país estuvo vigente entre 1997 y 2008 una subvención estatal a los partidos que fue eliminada por el Gobierno de Evo Morales argumentando un mal manejo de esos recursos.

La nueva propuesta "no implica dar dinero a los partidos y que rindan cuentas", como ocurría antes, sino que el TSE administre estos recursos públicos "para contratar franjas" en los medios y ponerlas a disposición gratuita de los partidos".

El TSE espera que el Parlamento trate el proyecto durante esta legislatura pues, según Exeni, sería "inviable" hacerlo en 2019, cuando se celebrarán las próximas elecciones generales.