Mediante una resolución, la Fiscalía Departamental de Oruro solicitó el archivo de la denuncia sobre “fraude electoral” en las elecciones del 20 de octubre de 2019 y pidió el sobreseimiento de todos los exvocales y exfuncionarios electorales imputados, al no haber podido demostrarse responsabilidades. Con ello, las nueve fiscalías ya levantaron la acusación por este caso y solo cursa la investigación de los exvocales nacionales.  

“CASO FRAUDE, el Fiscal Departamental de Oruro confirmó el sobreseimiento al no existir pruebas. De esta forma queda establecido que no existió el fraude monumental denunciado por Carlos Mesa y sí existió una mentira monumental que dañó a inocentes y enfrentó a los bolivianos”, escribió el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, en su cuenta de redes sociales, con una copia del documento de la Fiscalía.

Tras la renuncia del expresidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, la Fiscalía activó una investigación de oficio y la detención de los entonces vocales, ante la denuncia de un “fraude” en los comicios de ese año que dieron como ganador a Morales sin necesidad de que se lleve a cabo una segunda vuelta con su principal contrincante en las urnas, el jefe de Comunidad Ciudadana (CC), el expresidente Carlos Mesa.

Entonces, Mesa denunció irregularidades y convocó a movilizaciones, y habló de un “fraude escandaloso”, de un “fraude monumental”, a lo que se refirió Lima. Luego, las protestas cívicas, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas, aparte de un polémico informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que alimentó el discurso del “fraude”, provocaron la decisión de Morales de abandonar su cargo.

Para Morales y su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), todo fue parte de un “golpe de Estado”. Dos días después de la dimisión, asumió la presidenta transitoria Jeanine Áñez, cuyo mandato presionó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los nueve tribunales departamentales para que activen o se sumen a los procesos contra los exvocales nacionales y regionales, tomando como elemento de prueba al documento de la OEA.

La resolución de la Fiscalía Departamental de Oruro señala que el informe preliminar y el final del organismo hemisférico, “pese a que se constituye en una auditoría, no establece responsabilidades, vinculado a quienes fueron las autoridades o funcionarios que cometieron actos fuera de la normativa vigente, vinculado a los ilícitos de delitos electorales” por los cuales se abrió la indagación contra los exvocales del TED de Oruro.

Ellos fueron imputados por los delitos electorales de falsificación de documentos o uso de instrumento falsificado, alteración y ocultación de resultados, alteración o modificación del padrón electoral, beneficios en función del cargo; además de uso indebido de influencias, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes; la Fiscalía pidió el levantamiento de estos cargos y también de las medidas cautelares.

La decisión indica que la auditoría de la OEA no pudo establecer la participación de los imputados Ruddy Huayllas (expresidente del TED de Oruro), William Montaño, Ana María Gonzales, María Eugenia Arce, Judith Ramos, Gheovanni Flores, Agustín Mamani, Víctor Zola y Olga Chino, en las irregularidades planteadas. Es decir, “no hay elementos probatorios objetivos que demuestren la responsabilidad penal de los imputados”, se indica.

Con esta determinación, las nueve fiscalías departamentales archivaron los casos por la denuncia de fraude en 2019, solo queda pendiente la investigación a los exvocales del TSE, a la espera de una pericia informática sobre la denuncia de “manipulación dolosa” y la suspensión del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que provocó la denuncia de opositores a Morales, sobre todo de su contrincante Mesa.