El mes pasado, en una conferencia de prensa en la ciudad de Sucre, un funcionario de Gobierno refirió que el sistema judicial acaba siendo “oficialista”, que existe una especie de “servidumbre” de jueces a políticos para tener privilegios, que el sistema judicial   termina siempre siendo “oficialista” en cada gobierno.

De lo que se trata en realidad es de una constante histórica que se traduce en la falta de independencia judicial. El juez carece de plenas garantías de derecho que le garanticen la libertad en el ejercicio de su función. 

Al menos en la coyuntura actual, un alto número de jueces y fiscales son transitorios. En estas circunstancias, el juez o fiscal fallará salvaguardando su estadía en la función. Así, la justicia estará conformada por jueces funcionalistas (que actúen en función o razón de gobierno) y no garantistas o legalistas.

La judicialización de la política ha determinado una mayor inclinación de la justicia a versiones oficialistas, pero existen excepciones notables de actores en la justicia que más bien, en actitud proba y afrontando riesgos, han fallado con apego a la norma y no a capricho político. A continuación, se citan algunos casos notables:

 En 1968, durante el gobierno de Barrientos, el juez primero de instrucción en lo penal, después de recibir la declaración indagatoria del asambleísta José Ortiz Mercado, dispuso su detención preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz, pero éste  recuperó posteriormente su libertad con una  solicitud de beneficio de libertad provisional, pese a la presión del Ministerio Público, que en ese entonces dependía del Ministerio de Gobierno. Con relación al diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz, sobre quien también se requirió su apresamiento, pese a contar con el fuero parlamentario, el doctor Daniel Cuba Alelí, juez quinto de Instrucción en lo Penal, dispuso su libertad. 

El de junio de 1994, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, producto de un juicio de responsabilidades llevado a cabo en contra del presidente y del subdecano de la Corte Suprema de Justicia, doctores Edgar  Oblitas Fernández y Ernesto Poppe Subiera, respectivamente, se dictó la sentencia de condena en contra de estas dos altas autoridades dentro de un proceso amañado y político, sin pruebas y sin argumentos solventes. 

El año 2001, el Congreso Nacional decidió desagraviar a los exministros, rehabilitando a los mismos al establecer que el proceso fue político e ilegal y los cargos carecían de fundamento. 

La razón política: el doctor Edgar Oblitas Fernández, desde el Poder Judicial, se opuso de manera frontal a la capitalización de las empresas, exigió una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución Política del Estado con el objetivo de consultarle al pueblo sobre la aprobación de las famosas leyes de capitalización. Defender su tesis de que enajenar el patrimonio de las empresas estratégicas era violar la Constitución le valió su posterior condena y destitución. El extinto doctor Edgar Oblitas fue un héroe de los recursos naturales de los bolivianos, no actuó por servidumbre o por ganar favor con el oficialismo. Se opuso al gobierno, a ese partido político de Víctor Paz Estenssoro, por quien un día declaró sentir afinidad; pero cuando ese mismo partido político enajenó las empresas del Estado, él se opuso. Eso es actuar por convicción, por valores y por ideales, no por política partidaria. 

Durante el periodo 2019-2020, en casi un año del gobierno transitorio se batió todo un récord de ataque a la justicia. El gobierno persiguió a sus enemigos políticos y pretendió forzar detenciones y ampliaciones de detenciones. Toda autoridad judicial que no fue funcional a los intereses de gobierno fue vapuleada por el mismo en su imagen y sometida a procesos penales.

Históricamente, en Bolivia, y en el mundo, ha existido jueces que tomaron decisiones que no gustaron  a los “mandamás” de su tiempo, por ello han sido perseguidos y sufrido represalias por fallar en derecho y en apego al ideal. La independencia judicial es una tarea pendiente e involucra a todos los bolivianos.

Alan Zarate Hinojosa, exjuez anticorrupción de transición y de carrera, y juez de sentencia en lo penal de carrera.