Entendido el fraude electoral como el “Delito consistente en atentar contra la pureza del sufragio, especialmente en materia de elecciones de orden político. Sus formas son numerosas y pueden ir desde la abstención de votar (cuando la votación es obligatoria) hasta el falseamiento de los padrones, pasando por la compra de votos, por la coacción para votar a determinados candidatos y por la suplantación de los votantes, por lo común usando votación falsa”, conforme refiere el Diccionario de Derecho Penal… de Raúl Goldstein; resulta necesario analizar el “supuesto fraude electoral” en las elecciones generales de 20 de octubre de 2019 denunciado con malicia por la oposición. Lo cual obliga a considerar -buscando la verdad- la Ley 018 del Organo Electoral Plurinacional en su Art. 55 que al respecto dice: “El Jurado Electoral… se constituye en la máxima autoridad electoral de cada mesa de sufragio y es responsable de su organización y funcionamiento”, la Ley 026 del Régimen Electoral Art. 173 que dice: “El jurado electoral es la única autoridad electoral competente para realizar, se manera definitiva, el conteo de votos de la mesa de sufragio y ninguna autoridad revisará ni repetirá ese acto. Los resultados de las mesas de sufragio consignadas en las actas de escrutinio y cómputo son definitivos e irrevisables…”, y el Art. 108. 1 de la Constitución Política del Estado (CPE) que dice: “Son deberes de las y los bolivianos: 1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”; además se debe considerar las pruebas lícitas pertinentes con la objetividad del caso. Y así, surgen las preguntas siguientes:

1. ¿Qué jurados electorales cometieron fraude electoral? Los que denunciaron maliciosa y alegremente el supuesto fraude, no dijeron que jurados, hasta ahora. 2. ¿En qué mesas de sufragio se cometió fraude electoral? Los denunciantes no dijeron nada, pese a que dichas mesas tienen su número correspondiente.

3. ¿Cómo, mediante que actos, o de qué manera, se habría cometido el fraude electoral? Los denunciantes no probaron nada de ello, con ninguna prueba lícita.

4. ¿Cómo, en que mesas, habían votado los muertos? Ningún denunciante probó tales hechos, ni por quien o quienes votaron; solo dijeron: “Hasta los muertos habían votado”, por el solo hecho de seguir inscritos en el padrón electoral.

5. ¿De qué personas se invalidaron o cambiaron sus votos? Los denunciantes no probaron esos hechos, ni que jurado electoral o quien suplanto los votos.

6. ¿Qué documentos probarían el fraude electoral? Las actas de escrutinio, porque “Concluida la votación, el jurado electoral realiza el escrutinio y cómputo de los votos en el mismo lugar en que se instaló la Mesa de Sufragio, en acto público en presencia de las delegadas o delegados de las organizaciones políticas, electoras y electores, y miembros de las misiones de acompañamiento electoral que deseen asistir”, como dice el Art. 168 de la Ley 026. Pero los denunciantes no presentaron dichas actas hasta hoy día. ¿Por qué?

7. ¿Qué contiene el Acta Electoral? Contiene “a) Número total de electoras y electores habilitados para votar en la mesa, b) Número de quienes emitieron su voto. c) Número de votos válidos, votos blancos, y votos nulos. d) Número de votos válidos obtenidos por cada organización política, candidatura o postulación… e) Las apelaciones u observaciones realizadas”, como dice el Art. 169. V de la Ley 026, cuyo punto VI además dice: “La Presidenta o Presidente el Jurado leerá en voz alta los datos consignados en el Acta y la expondrá a la vista de todos los presentes para confirmar que coincide con los resultados del conteo público”. Consiguientemente, resulta ser una gran mentira el fraude denunciado.

8. ¿Por qué no se denunció, imputo y acuso a algún jurado electoral, siendo la máxima autoridad de cada mesa de sufragio y de su funcionamiento? La respuesta surge, porque no había pruebas, pues si hubiesen cometido fraude, ya estarían sentenciados. Pero como no hay pruebas, no hay sentenciados.

9. ¿Por qué los denunciantes no presentaron pruebas del fraude, firmadas y selladas por los jurados electorales? La respuesta es obvia, porque no hay; aunque razonando por lo absurdo podría decirse qué se olvidaron presentar.

10. Resumiendo, no fue probado con ninguna prueba lícita, el fraude denunciado maliciosamente. Al respecto, el poeta diría ¿Tanta maldad en tanta inteligencia?

En conclusión, el supuesto fraude denunciado amparado en el informe -sin jurisdicción ni competencia- de la OEA, que no dice hubo fraude sino algunas irregularidades, se puede ver que fue inventado maliciosamente por los opositores para justificar el golpe de estado -al menos no se ve otra finalidad-, porque un fraude electoral podría probarse fácilmente con pruebas licitas, no gritando, matando ni masacrando al pueblo. No estando probado el mentado fraude, los denunciantes podrían ser sancionados conforme al Art. 287. II de la Ley 1970 que dice: “Cuando se califique la denuncia como falsa o temeraria se le impondrá al denunciante el pago de las costas, sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente”; ni que decir si el gobierno de Yeanine Añes fue de facto, sin embargo firmó Decretos Supremos como si fuera Presidente Constitucional. Otro razonamiento no resiste el menor debate y sería ridículo.