El expresidente Carlos Mesa dice que si se abre un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Añez y su Gobierno “por violaciones a Derechos Humanos (DDHH) o por corrupción, y que esté fundamentado y adecuadamente documentado, nosotros (junto con Comunidad Ciudadana) lo vamos a viabilizar porque no tiene nada que ver con la falsa teoría del golpe de Estado”.

Esta afirmación la hizo en entrevista con Los Tiempos y volvió a dejar en claro que no apoyará en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ningún juicio de responsabilidades en contra de Añez por la presunta comisión de delito de golpe de Estado.

En el marco de las investigaciones por el caso Golpe de Estado, la exmandataria, quien está recluida preventivamente en la cárcel de Miraflores, es investigada por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración y terrorismo. A fines de mayo, el Ministerio Público determinó ampliar las pesquisas por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.

ALGUNOS CASOS DE CORRUPCIÓN

Respecto a los casos de corrupción, la Fiscalía paceña investiga un presunto sobreprecio de $us 6 millones en la adquisición, vía intermediarios, de 324 respiradores chinos en 2020.

Durante la administración de Añez fueron comprados cada uno de los equipos en al menos $us 30.000, cuando su precio real era $us 8.000.

En otro hecho similar, el Ministerio Público también investiga la adquisición irregular de 170 ventiladores españoles, causando un daño al Estado de más de $us 3 millones.

Cada ventilador fue adquirido a $us 27.683 la unidad; sin embargo, la empresa GPA Innova informó que cada equipo costaba $us 6.561, en su versión básica, y entre $us 9.000 y $us 10.000, en su versión avanzada.

Uno de los casos más graves del gobierno de facto es la compra de gases lacrimógenos con un sobreprecio de $us 2,3 millones.

A finales de 2019 se canalizó la compra de gases lacrimógenos de la empresa brasileña Cóndor, mediante la intermediación de Bravo Tactical Solutions.

Esta empresa, de propiedad del amigo de infancia del entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, pagó $us 3,3 millones a Cóndor, y dos días después vendió el mismo material al Estado boliviano en $us 5,6 millones.

Entre otros hechos de corrupción que se cometieron durante los 11 meses del gobierno de facto, se contabiliza coacción, injerencia y tráfico de influencias en el Viceministerio de Políticas Comunicacionales, la designación de Jacqueline Murillo (hermana de Arturo Murillo) como cónsul en Miami, el pago irregular de finiquitos (Bs 867.000) a 13 exejecutivos de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) que no cumplieron 90 días de trabajo, cobros irregulares en el Ministerio de Culturas, cobros de coimas a medios de comunicación, irregularidades en Boliviana de Aviación (BoA), entre otros.

VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS

Luego de que Jeanine Añez se autoproclamó presidenta, ocurrieron las masacres de Senkata (El Alto), Sacaba, Huayllani (Cochabamba), Pedregal (La Paz), Montero (Santa Cruz), Potosí, entre otras, donde fueron victimadas al menos 37 personas y más de cien resultaron heridas.

Añez había autorizado a las Fuerzas Armadas, mediante un decreto supremo, el uso de armas de fuego para contener a las personas que se movilizaban en rechazo al golpe de Estado.

Más de 1.300 bolivianos que vivían en Chile, y que pretendían volver a Bolivia luego de ser retirados de sus fuentes laborales en el país vecino a consecuencia del coronavirus fueron impedidos de hacerlo confinándolos en un campamento instalado en la frontera.

A inicios de agosto de 2020, ante la incapacidad de gestionar contenidos educativos alternativos para niños y adolescentes que sufrían por la pandemia, el gobierno de Añez dispuso la clausura del año escolar.

Casi 3 millones de niños, niñas y adolescentes se quedaron sin educación en dicha gestión.