El líder del Movimiento Demócrata Social (Demócratas) y gobernador Rubén Costas anunció una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del gobierno de Evo Morales, por violación de los derechos políticos del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, quien se encuentra con arresto domiciliario y suspendido de su cargo.

Mediante su cuenta de Twitter: @RubenCostasA escribió: “@JoseMariaLeyes debe volver a su cargo. Presentaremos una denuncia a la @CIDH por la violación de sus derechos políticos, el MAS comete abuso al armar y publicitar un caso que está desvirtuado con documentos de la propia Aduana. Usaron este proceso para sacarlo sin probar nada”.

Al respecto, Vladimir Peña, ejecutivo de los Demócratas en conversación con ANF señaló que la denuncia se basa en el hecho de que la Convención Americana sobre Derechos Humanos que rige el accionar de la CIDH establece que las autoridades electas solo pueden ser suspendidas de sus cargos con sentencia ejecutoriada y no una simple denuncia o imputación.

El también abogado señaló que se desvirtuó el argumento central de la denuncia en contra del Alcalde de Cochabamba, que pretendía hacer ver que había un sobreprecio en la adquisición de mochilas y materiales escolares.

“El Ministro de Justicia dijo que hubo sobreprecios en la adquisición de las mochilas, que se había hecho un contrato por 12 millones y que había un sobreprecio de 10 millones de bolivianos, pero los descargos de los adjudicatarios y hasta de la Aduana demuestran que se facturó por encima de los Bs 10 millones, este dato es fundamental, porque hubo una furibunda presión mediática desde el Gobierno”, señaló.

De acuerdo a un detalle preliminar se establece que el gasto desde el origen hasta la entrega del material escolar a la Alcaldía de Cochabamba, además del pago de impuestos en los que incurrió la Sociedad Accidental 26 de Febrero alcanzó a 10,5 millones de bolivianos, con un margen del 15,5% de utilidades equivalente a Bs 1,9 millones.

Peña también denunció un deliberado retardo judicial, luego que se suspendieran cinco audiencias judiciales y se mantuviera en situación de arresto domiciliario a Leyes, así como el procesamiento de una jueza que rechazó un segundo proceso penal en contra del Alcalde por considerar que se trataba del mismo caso.

“Esto demuestra el abuso por parte de las autoridades del Gobierno que buscaban sacar a Leyes de su cargo y la indefensión en la que se encuentra el Alcalde de Cochabamba, luego que haberse desvirtuado el argumento central del proceso, la violación sistemática de sus derechos”, sostuvo.

Dijo que en el país hay antecedentes al respecto, como cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el artículo de la Ley de Autonomías que planteaba la suspensión de autoridades con solo la presentación de una imputación formal.

“Y a nivel internacional ya hay muchos antecedentes de la persecución política que se está dando no sólo en el país, sino también en otros países de la región. No nos olvidemos las medidas cautelares que sacó la CIDH a favor del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro quien había sido suspendido de su cargo por decisión de la Procuraduría sin una sentencia ejecutoriada”, indicó.

Leyes fue aprehendido el 20 de abril y en los días siguientes suspendido de sus funciones. En criterio de Peña, hay una persecución política evidente en contra de las autoridades subnacionales de oposición por parte del partido de Gobierno que también pretende llevar a la cárcel a la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón.