Tres alcaldes del eje del país y de oposición al Gobierno enfrentan procesos que ponen en riesgo su permanencia en el cargo. A ello se suma que el Viceministerio de Transparencia ha pedido la detención preventiva de dos: Soledad Chapetón, de El Alto, y José María Leyes, de Cochabamba. En tanto, Eduardo Mérida, de Quillacollo, ya fue apartado de sus funciones el 8 de junio.

El Alto

La alcaldesa Soledad Chapetón alertó el sábado que el Gobierno intenta usar la justicia para sacarla del cargo. La denuncia fue hecha tras que el Gobierno se sumará al proceso por presunto incumplimiento de deberes por la transferencia de un terreno, considerado área verde para que funcione un surtidor, hace más de 20 años, cuando la munícipe era una niña.

La Alcaldesa respondió al pedido de detención del Viceministerio a través de Twitter.

“El MAS quiere utilizar a la ‘justicia’ para quitar a los alteños lo que no pudo ganar en elecciones”, aseguró.

Quillacollo

El alcalde de Quillacollo, Eduardo Mérida, fue suspendido del cargo el 8 de junio, después que el juez Elvis López instruyó al Concejo Municipal designar a un nuevo munícipe y admitir el pedido de cumplimiento de sentencia contra Eduardo Mérida por la presunta falsificación de su libreta militar.

El Alcalde ha desconocido el fallo y calificó de ilegal la posesión de Zacarías Jayta.

DATOS

Primero suspendieron a Alcalde de Cochabamba. El primer alcalde en ser apartado del cargo fue José María Leyes por el caso Mochilas, el 21 de abril.

Mérida fue apartado a principios de junio. El segundo en ser suspendido fue Eduardo Mérida de Quillacollo, el 8 de junio, por el proceso de su libreta militar.

Soledad Chapetón tiene audiencia el 28 de junio. La audiencia de medidas cautelares para la Alcaldesa de El Alto está fijada para el 28 de junio por el caso de la transferencia de un terreno.

COSTAS DENUNCIARÁ ANTE CIDH EL CASO DE LEYES

El líder del Movimiento Demócrata Social (Demócratas) y gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, anunció una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Gobierno de Evo Morales, por violación de los derechos políticos del alcalde de Cochabamba, José María Leyes, quien se encuentra con arresto domiciliario y suspendido del cargo sin tener sentencia ejecutoriada.

Al respecto, Vladimir Peña, ejecutivo de los Demócratas, señaló que la denuncia se basa en la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que rige el accionar de la CIDH y establece que las autoridades electas solo pueden ser suspendidas con sentencia ejecutoriada y no con una simple denuncia. Señaló que además se desvirtuó el argumento central de la denuncia que pretendía hacer ver que había un sobreprecio en la adquisición de mochilas y materiales escolares.

“El Ministro de Justicia dijo que hubo sobreprecios en la adquisición de las mochilas, que se había hecho un contrato por 12 millones y que había un sobreprecio de 10 millones de bolivianos, pero los descargos de los adjudicatarios y hasta de la Aduana demuestran que se facturó por encima de los Bs 10 millones, este dato es fundamental, porque hubo una furibunda presión mediática desde el Gobierno”, señaló.

De acuerdo a un detalle se establece el gasto desde el origen hasta la entrega a la Alcaldía además del pago de impuestos llega a 10,5 millones de bolivianos.