La manera cómo una acción de fiscalización de la Asamblea Legislativa Plurinacional al Ministro de Gobierno derivó, el pasado martes, en un enfrentamiento físico entre cuatro parlamentarios sorprende debido a lo bochornoso del espectáculo, pero –considerado en la perspectiva de cómo entiende el oficialismo el ejercicio del poder político– el hecho parece más el desenlace deseado de una puesta en escena cuidadosamente preparada cuyo propósito es ajeno al marco institucional de la democracia que buena parte de los bolivianos nos empeñamos en construir desde su recuperación, hace 39 años.

En efecto, lo que tuvo que haber sido un acto interpelatorio cuyo procedimiento está establecido con meridiana claridad en el Reglamento de la Cámara de Diputados –que rige estos actos–, se convirtió desde su inicio en un acto en el que el interpelado se dedicó a increpar a los asambleístas de la oposición, y a repetir, con apoyo audiovisual, la fantasía oficialista del supuesto golpe de Estado con el que se pretende borrar el fraude electoral de octubre de 2019 y su desenlace constitucional.

La acción del Ministro de Gobierno estuvo, de manera manifiesta, enmarcada en la estrategia de propaganda oficialista y de agitación callejera, todo ello preparado de antemano, qué otro objetivo tendría sino la reunión que sostuvo –pocas horas antes de la interpelación– con los asambleístas del MAS en instalaciones de la Vicepresidencia.

La presencia, en la plaza Murillo, de supuestos familiares de las víctimas de los hechos fatales de noviembre de 2019 en Senkata, –¿interesados por el desenlace de una interpelación parlamentaria?– fue parte de la puesta en escena de una sesión programada para que el Ministro responda a las preguntas de los asambleístas, opositores, claro, con relación a la detención de la expresidenta Jeanine Áñez.

Ninguna explicación sobre el tema fijado ofreció el interpelado, pero sí acusaciones a los interpeladores y otras expresiones ajenas al propósito de la sesión.

Todo ello, sin que las autoridades parlamentarias impongan el orden y el ambiente de debate propios a una Asamblea Legislativa. Y ahí se evidencia también la concepción que tiene el MAS de lo que es una democracia representativa que, para sus líderes, se limita en la forma al acto eleccionario, y en el ejercicio, a la imposición de sus políticas por la fuerza, la propaganda o la instrumentalización del Órgano Judicial.

¿Con qué propósito en este caso? Uno de los posibles desenlaces de una interpelación parlamentaria es la censura del ministro interpelado, cosa imposible hoy pues se necesita dos tercios de los asambleístas para ello. Quizás para evadir preguntas cuyas respuestas son comprometedoras, o solo para demostrar el desprecio oficialista a la institucionalidad democrática.