Medio: Los Tiempos
Fecha de la publicación: jueves 10 de junio de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Asamblea Legislativa Plurinacional
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La manera cómo una acción de fiscalización de la Asamblea
Legislativa Plurinacional al Ministro de Gobierno derivó, el pasado martes, en
un enfrentamiento físico entre cuatro parlamentarios sorprende debido a lo
bochornoso del espectáculo, pero –considerado en la perspectiva de cómo
entiende el oficialismo el ejercicio del poder político– el hecho parece más el
desenlace deseado de una puesta en escena cuidadosamente preparada cuyo
propósito es ajeno al marco institucional de la democracia que buena parte de
los bolivianos nos empeñamos en construir desde su recuperación, hace 39 años.
En efecto, lo que tuvo que haber sido un acto interpelatorio
cuyo procedimiento está establecido con meridiana claridad en el Reglamento de
la Cámara de Diputados –que rige estos actos–, se convirtió desde su inicio en
un acto en el que el interpelado se dedicó a increpar a los asambleístas de la
oposición, y a repetir, con apoyo audiovisual, la fantasía oficialista del
supuesto golpe de Estado con el que se pretende borrar el fraude electoral de
octubre de 2019 y su desenlace constitucional.
La acción del Ministro de Gobierno estuvo, de manera
manifiesta, enmarcada en la estrategia de propaganda oficialista y de agitación
callejera, todo ello preparado de antemano, qué otro objetivo tendría sino la
reunión que sostuvo –pocas horas antes de la interpelación– con los
asambleístas del MAS en instalaciones de la Vicepresidencia.
La presencia, en la plaza Murillo, de supuestos familiares
de las víctimas de los hechos fatales de noviembre de 2019 en Senkata,
–¿interesados por el desenlace de una interpelación parlamentaria?– fue parte
de la puesta en escena de una sesión programada para que el Ministro responda a
las preguntas de los asambleístas, opositores, claro, con relación a la
detención de la expresidenta Jeanine Áñez.
Ninguna explicación sobre el tema fijado ofreció el
interpelado, pero sí acusaciones a los interpeladores y otras expresiones
ajenas al propósito de la sesión.
Todo ello, sin que las autoridades parlamentarias impongan
el orden y el ambiente de debate propios a una Asamblea Legislativa. Y ahí se
evidencia también la concepción que tiene el MAS de lo que es una democracia
representativa que, para sus líderes, se limita en la forma al acto
eleccionario, y en el ejercicio, a la imposición de sus políticas por la
fuerza, la propaganda o la instrumentalización del Órgano Judicial.
¿Con qué propósito en este caso? Uno de los posibles
desenlaces de una interpelación parlamentaria es la censura del ministro
interpelado, cosa imposible hoy pues se necesita dos tercios de los
asambleístas para ello. Quizás para evadir preguntas cuyas respuestas son
comprometedoras, o solo para demostrar el desprecio oficialista a la
institucionalidad democrática.



