La crisis generalizada del sistema judicial y la proximidad del cumplimiento del periodo de las autoridades judiciales de los máximos tribunales de Justicia, como el Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Tribunal Agroambiental y de otras instancias relacionadas con el ámbito judicial, como el Consejo de la Magistratura, abre una oportunidad para sugerir algunas fórmulas que permitan paliar –aunque sea en parte– aquella situación.

Antes de la reforma constitucional del 2009, el nombramiento de las altas autoridades del Órgano Judicial correspondía exclusivamente al Legislativo; ello provocaba –según opinión generalizada– que exista una dependencia directa de aquellos respecto del poder político. En la reforma del 2009 se incorporó la elección popular, argumentando que con ello se rompería ese vínculo pernicioso;  sin embargo, en esa misma reforma se mantuvo la selección de los candidatos a magistrados como atribución de la Asamblea Legislativa. Entonces, no sólo la elección popular opera sobre “candidatos elegidos por los (el) partido político dominante en la Asamblea”, sino que además, la propia Constitución prohíbe a los candidatos a jueces efectuar campañas, bajo sanción de inhabilitación, incluso en el caso de que la campaña la efectúe otra persona. En suma, podría concluirse que es una elección en la que los elementos esenciales de un proceso electoral (registro libre de candidatos, campañas y discusión abierta) están vedados.

Efectivamente, es imposible una reforma constitucional antes de la próxima elección de magistrados, por lo que es necesario intentar alguna fórmula que, respetando las reglas vigentes, contribuya a aliviar esa grave crisis. Es imperioso que la Asamblea Legislativa se abra a que el proceso de selección de los magistrados pueda ser realizado por la sociedad civil organizada a través de los colegios de abogados, colegios de profesionales e instituciones de derechos humanos y académicas.

Esta fórmula encuentra amparo no sólo en la participación civil que reconoce la Constitución, sino también en lo establecido en el artículo 199.II de la misma norma, que permite a la sociedad civil proponer candidatos, y será, obviamente, la Asamblea la que decida cuáles serán los que podrán ir a elecciones, pero el hecho de que los candidatos surjan de otras instancias civiles compromete a toda la sociedad y rompe la línea de dependencia entre el (los) partidos políticos que tienen representación en la Asamblea.

No es posible obviar, sin embargo, que incluso concretándose medidas como las referidas, la elección de magistrados es insuficiente para garantizar, por sí misma, la independencia e imparcialidad, y menos para resolver otros aspectos relacionados al acceso y eficiencia que también aquejan al ámbito judicial. De allí que, en el mediano plazo, es imprescindible avanzar en una reforma constitucional que elimine el proceso de elección establecido en la actual Constitución, dado que es un modelo que obliga a los candidatos a buscar apoyo político, con todas las consecuencias perniciosas que ello conlleva.

Es necesario ampliar el período de dichas autoridades, de modo que en lugar de los seis años establecidos, dicho período se extienda a 10 o 12 años, dando no sólo estabilidad, sino también desvinculándolos del período del gobierno de turno, sobre todo si se considera que la prohibición de reelección –en éste, como en cualquier otro ámbito– constituye una medida acertada.

Asimismo, es necesario reformar el procedimiento para el juzgamiento de estas autoridades, las que actualmente son procesadas en “única instancia” por la Cámara de Senadores, siendo imprescindible que haya dos instancias y además en lo posible que el juzgamiento no corresponda a un órgano de naturaleza política.

Asimismo, en una consideración integral de los problemas que aquejan al sistema judicial, no puede dejar de mencionarse el régimen económico, dado que la partida presupuestaria que se asigna al mismo en nuestro país es una de las más bajas de la región y además en los últimos años ha venido disminuyendo.

En algunas constituciones se han establecido porcentajes determinados en favor de dicha instancia, buscando con ello mayor independencia frente a los órganos políticos como el Ejecutivo y el Legislativo. Naturalmente, también debe ajustarse la legislación, adecuándola a la realidad nacional.

Además de todo ello –y éste no es un tema menor– una democracia exige no sólo reformas normativas, sino también una ciudadanía activa y comprometida, que rechace de manera pública todas las prácticas contrarias a derecho.