Medio: El Diario
Fecha de la publicación: jueves 10 de junio de 2021
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
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El alcalde Iván Arias recusó a la jueza Claudia Castro,
quien lleva adelante el proceso por presunto nombramiento ilegal cuando era
ministro de Obras Públicas. Ese recurso legal impidió que se instale la
audiencia de medidas cautelares prevista para las 14:00 horas de este
miércoles, informó el fiscal del caso Johan Muñoz.
La audiencia del recurso legal planteado por el abogado que
patrocina al munícipe está programada para las 10:30 horas del jueves. Una vez
que el Órgano Judicial resuelva la solicitud, se deberá fijar una nueva fecha y
hora de audiencia.
El Ministerio Público imputó a Iván Arias porque cuando fue
ministro de Obras Públicas, presuntamente designó a una persona sin título
profesional en un cargo para el cual era necesario ese requisito. No obstante,
la autoridad municipal aseguró que este y otros casos responden a una
persecución política, ya que todos los
nombramientos los hizo de manera legal y la designación por la que lo
denunciaron era de libre nombramiento.
“Los nombramientos de personal, que realizó en su calidad de
ministro, los efectuó enmarcado en las normas vigentes y considera que no
existe argumento legal para convocarlo a declaraciones ante autoridades
judiciales”, se lee en una nota de prensa del municipio paceño.
La Fiscalía solicitó a la jueza que dicte arraigo, pago de
30 mil bolivianos de fianza, firma ante las autoridades cada 15 días y otras
medidas contra Arias.
En diciembre de 2020, La alianza Creemos cuestionó la labor
de la jueza Claudia Castro, quien en menos de un mes dictó fallos que
favorecieron al expresidente Evo Morales, al exvicepresidente Álvaro García, a
los exministros Juan Ramón Quintana, Héctor Arce, Carlos Romero y Nemesia
Achacollo, además del exjefe de la DGAC Celier Arispe y al dirigente afín al
Movimiento al Socialismo (MAS), Faustino Yucra.
Las resoluciones de Castro fueron emitidas después del
triunfo del MAS en las elecciones generales del 18 de octubre. En al menos en
tres de sus fallos, el favorecimiento a los procesados se dio por errores
procedimentales en las causas, no por descartarse la comisión de los delitos.



