El proceso de contratación para la prestación de servicios legales a la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) adjudicada al bufete jurídico Alliance Abogados por Bs 2,5 millones, está vinculado a la presunta comisión de uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, contratos lesivos al Estado, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.

Asimismo, los indicios de uso indebido de información privilegiada al que accedieron los socios de Alliance Abogados Héctor Arce -expresidente de la Cámara de Diputados, exprocurador general del Estado, exministro de Justicia y actual embajador ante la OEA- y Pablo Menacho –exprocurador general del Estado-, son parte del conjunto de irregularidades legales, procedimentales y éticas, que ejemplifican una hegemonía al gobernar y la razón de Estado, por encima de los controles estatales y la integridad, reafirmando el aciago problema del ilimitado poder del MAS.

Tampoco fue un impedimento para la contratación, que el mencionado bufete jurídico no cuente con el Registro Público de Abogados (RPA), exigido por la Ley 387 del Ejercicio de la Abogacía y, por otra parte, figure en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) como una asociación sin fines de lucro, cuya finalidad le impediría realizar este tipo de contrataciones. Al margen de otros detalles, esto corrobora que desde el Órgano Ejecutivo nacional, se sigue consolidando el mal uso del poder, con el fin de dar ventajas ilegales e ilegítimas a su cúpula selecta.

A favor de esa ilegalidad actúan la preocupante debilidad moral de algunos operadores oficialistas, que facilitan el descrédito del sistema y generan fundadamente una sensación ciudadana de impunidad: la realización de investigaciones y procesos judiciales pocas veces tienen alcances en una asignación de responsabilidad para los implicados, cuando son de las altas esferas gubernamentales.

Si bien históricamente en nuestro país nunca se estructuró una verdadera burocracia estatal, el MAS profundizó una identidad de la función pública como su brazo operativo y homenaje partidario, extinguiendo la posibilidad de constituirla en delegataria temporal del poder enmarcada en un mandato específico.

En contrapartida, acrecentando la discordia popular y la desafección ciudadana por la democracia, aún no se considera que desde las instituciones públicas, no sólo se definen la implementación y ejercicio de derechos ciudadanos, sino también las condiciones y limitaciones de interacción y participación ciudadana. Estas condiciones y limitaciones son informales como las costumbres, las tradiciones y los códigos de conducta; o, formales como la Constitución, las leyes o los reglamentos.

¿Cómo se selecciona a nuestros servidores públicos?, ¿debe seguir siendo algo ajeno al interés del ciudadano? Indudablemente, parte de la problemática de nuestra función pública, es su poca eficiencia y la permeabilidad a los intereses partidarios que están en funciones de gobierno.

Hace años, lo asociado a lo público, no es de confianza ciudadana. La función pública es sinónimo de poca responsabilidad y alejada de lo meritocrático, siendo cuestionada tanto por quienes prefieren un Estado reducido y regulador, así como por aquellos que afirman que el aparataje estatal es un instrumento de dominio capitalista.

Desde donde nos corresponde, reafirmamos la imperiosa necesidad de que el MAS active su voluntad política para iniciar y reconducir inmediatamente cambios de fondo en la función pública y dejar de concebirla como “su patrimonio”, es decir, terminar con los interinatos lesivos en las instituciones estatales y dotarla de una vez, de eficiencia y transparencia, por ejemplo.

En todo caso, de poco valen nuestros planteamientos de reformas institucionales, si los máximos responsables de las instituciones estatales están alejados de cualquier exigencia de ética y respeto a las normas.