Medio: El Deber
Fecha de la publicación: miércoles 09 de junio de 2021
Categoría: Organizaciones Políticas
Subcategoría: Democracia interna y divergencias
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Contenido
El proceso de contratación para la prestación de servicios
legales a la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) adjudicada al bufete jurídico
Alliance Abogados por Bs 2,5 millones, está vinculado a la presunta comisión de
uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, contratos lesivos
al Estado, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.
Asimismo, los indicios de uso indebido de información
privilegiada al que accedieron los socios de Alliance Abogados Héctor Arce
-expresidente de la Cámara de Diputados, exprocurador general del Estado,
exministro de Justicia y actual embajador ante la OEA- y Pablo Menacho
–exprocurador general del Estado-, son parte del conjunto de irregularidades
legales, procedimentales y éticas, que ejemplifican una hegemonía al gobernar y
la razón de Estado, por encima de los controles estatales y la integridad,
reafirmando el aciago problema del ilimitado poder del MAS.
Tampoco fue un impedimento para la contratación, que el
mencionado bufete jurídico no cuente con el Registro Público de Abogados (RPA),
exigido por la Ley 387 del Ejercicio de la Abogacía y, por otra parte, figure
en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) como una asociación sin
fines de lucro, cuya finalidad le impediría realizar este tipo de
contrataciones. Al margen de otros detalles, esto corrobora que desde el Órgano
Ejecutivo nacional, se sigue consolidando el mal uso del poder, con el fin de
dar ventajas ilegales e ilegítimas a su cúpula selecta.
A favor de esa ilegalidad actúan la preocupante debilidad
moral de algunos operadores oficialistas, que facilitan el descrédito del
sistema y generan fundadamente una sensación ciudadana de impunidad: la
realización de investigaciones y procesos judiciales pocas veces tienen
alcances en una asignación de responsabilidad para los implicados, cuando son
de las altas esferas gubernamentales.
Si bien históricamente en nuestro país nunca se estructuró
una verdadera burocracia estatal, el MAS profundizó una identidad de la función
pública como su brazo operativo y homenaje partidario, extinguiendo la
posibilidad de constituirla en delegataria temporal del poder enmarcada en un
mandato específico.
En contrapartida, acrecentando la discordia popular y la
desafección ciudadana por la democracia, aún no se considera que desde las
instituciones públicas, no sólo se definen la implementación y ejercicio de
derechos ciudadanos, sino también las condiciones y limitaciones de interacción
y participación ciudadana. Estas condiciones y limitaciones son informales como
las costumbres, las tradiciones y los códigos de conducta; o, formales como la
Constitución, las leyes o los reglamentos.
¿Cómo se selecciona a nuestros servidores públicos?, ¿debe
seguir siendo algo ajeno al interés del ciudadano? Indudablemente, parte de la
problemática de nuestra función pública, es su poca eficiencia y la
permeabilidad a los intereses partidarios que están en funciones de gobierno.
Hace años, lo asociado a lo público, no es de confianza
ciudadana. La función pública es sinónimo de poca responsabilidad y alejada de
lo meritocrático, siendo cuestionada tanto por quienes prefieren un Estado
reducido y regulador, así como por aquellos que afirman que el aparataje
estatal es un instrumento de dominio capitalista.
Desde donde nos corresponde, reafirmamos la imperiosa
necesidad de que el MAS active su voluntad política para iniciar y reconducir
inmediatamente cambios de fondo en la función pública y dejar de concebirla
como “su patrimonio”, es decir, terminar con los interinatos lesivos en las
instituciones estatales y dotarla de una vez, de eficiencia y transparencia,
por ejemplo.
En todo caso, de poco valen nuestros planteamientos de
reformas institucionales, si los máximos responsables de las instituciones
estatales están alejados de cualquier exigencia de ética y respeto a las
normas.



