Medio: El Deber
Fecha de la publicación: jueves 21 de junio de 2018
Categoría: Legislación electoral
Subcategoría: Leyes nacionales y decretos reglamentarios
Dirección Web: Visitar Sitio Web
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La Cámara de Diputados aprobó hoy en grande y detalle el proyecto de Ley de Ciudadanía Digital, que tiene el objetivo de facilitar la vida a la ciudadanía, efectivizando los trámites, reduciendo la burocracia en la interacción con todas las entidades públicas y privadas que presten servicios delegados por el Estado.
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Además, los asambleístas fueron los primeros en implementar el Gobierno Electrónico en su trabajo, poniendo en marcha el Sistema de Gestión Legislativa, mediante el cual aprobaron el primer proyecto y remitiéndolo por internet al Senado.
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Con la implementación de la norma no será necesaria la presencia de las personas ni de la presentación física de documentación para respaldar el trámite o solicitud planteada ante determinada entidad pública.
El director de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC), Nicolás Laguna, explicó que a corto plazo la población podrá realizar trámites 100 por ciento por internet y los ciudadanos podrán acceder a los servicios que presta el Estado por medios digitales y también obtendrán información pública por la misma vía. Asimismo, las y los bolivianos podrán participar de escenarios de control social.
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"Con el objetivo de evitar la burocratización de los trámites. Este sistema de tramitación se aplicará en la obtención de certificados de nacimiento, de matrimonio, cédulas de identidad y permisos de viajes a menores de edad, entre otros", dijo el diputado Víctor Borda, presidente de la Comisión de Planificación.
El ciudadano tendrá una contraseña con los mismos mecanismos de seguridad de las tarjetas bancarias y respecto a la protección de los datos personales y la seguridad informativa, el proyecto señala que los funcionarios públicos de las instituciones previstas en la presente ley, utilizarán los datos personales y la información únicamente para los fines establecidos en la norma vigente, y que el incumplirlos será sujeto a responsabilidad por la función pública.
