Todos los humanos añoran y desean tener una justicia accesible, igualitaria, garante de los derechos y sobre todo independiente del poder político, preceptos constitucionales que se encuentran en el ordenamiento jurídico de todo gobierno altamente democrático, con la vigencia plena del estado de derecho donde se ejerce, respeta y cultiva la división y autonomía de poderes.

En Estados autoritarios la justicia está muy apegada a los gobiernos de turno que la utiliza para beneficio propio, para perseguir a opositores al régimen propiciando juicios insulsos abusando del poder que le otorgó el soberano, socavando e instrumentalizando mecanismos de impunidad de actos ilegales y delictivos de autoridades y personas del mismo color político.

Para efectuar una reforma a la justicia es importante entender el principio de la división de poderes, que significa “la distribución de determinadas funciones estatales a diferentes órganos del Estado, las que deben ejecutarse con independencia partidaria y autonomía de gestión y ejecución, respetando las funciones y competencias de cada uno de ellos”.

El Poder Judicial está llamado a cumplir un rol fundamental en el sistema democrático como garante último del estado de derecho, y en su función de procesar la conflictividad al interior de la comunidad y atender las necesidades jurídicas de la población. Sin embargo, actualmente padece de deficiencias crónicas en cuestiones fundamentales para el buen funcionamiento, como la independencia judicial, niveles de transparencia, y mecanismos de selección de personal desde los operadores, hasta autoridades de justicia con el propósito de conseguir una adecuada y correcta administración de justicia, conceptualizada como “el servicio público esencial capaz de resolver conflictos judiciales oportunamente, velando por el cumplimiento de la ley con el fin de preservar la paz social, garantizar la vigencia de los derechos fundamentales la dignidad y la libertad de las personas. Controlar y limitar el poder de los gobernantes para evitar la tiranía; y conseguir una seguridad jurídica para una nación”

En el país constituye una acción apremiante la reforma a la justicia en los siguientes puntos:

1.- Mediante referéndum modificar la Constitución Política del Estado Arts 178. II (Incrementar independencia política y autonomía de gestión jurídica) y 182. I (Selección y elección por méritos) II (Conformar un Consejo Superior de Selección integrada por la Universidad, Academias de investigación jurídica, asociación de la prensa, etc. sin injerencia e intromisión político partidaria). Los magistrados electos y el Consejo superior de Selección elegirán y nominarán a nuevas autoridades del Ministerio Público, Consejo de la Judicatura, vocales y jueces para todo el territorio nacional por el tiempo de cuatro años en base a méritos idoneidad y formación profesional, los que podrán ser ratificados por una sola vez de acuerdo a evaluaciones periódicas.

2.- Creación de la academia superior de la judicatura donde se formarán los jueces cuya función será de diez años con evaluaciones continuas y sin ratificación.

3.- Reestructuración del pensum y contenidos de las materias en las carreras de derecho de todo el sistema universitario.

4.- Reformulación de los reglamentos internos del Tribunal de Justicia sancionando con destitución a los que cometan actos de corrupción, retardación de justicia y sometimiento a partidos políticos en función de gobierno

5.- Incrementar el presupuesto del Tesoro General del Estado, destinado al fortalecimiento de la gestión administrativa financiera del Órgano Judicial.