La Contraloría General del Estado (CGE) deja en manos del Concejo Municipal de Cochabamba la decisión de que el concejal Manfred Freyes Villa Avilés continúe ejerciendo su cargo, considerando las observaciones de que su padre, Manfred Reyes Villa Bacigalupi, sea el alcalde de la ciudad.

Ambas autoridades, parte de la alianza Fuerza Republicana Democrática Nacional (Súmate), fueron electas en los comicios del 7 de marzo.

Sin embargo, el 20 de mayo pasado, el diputado del movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) Héctor Arce solicitó a la Contraloría un pronunciamiento para el cese de vulneraciones ante la incompatibilidad sobre las elecciones de las autoridades Reyes Villa padre e hijo.

Este lunes, el diputado Arce informó que la denuncia fue procesada por la Contraloría, instancia que emitió un informe que le llegó el 25 de mayo. El mismo documento fue enviado también al Órgano Deliberante.

“El Concejo Municipal ya tiene este informe que evacúa la Contraloría, por tanto, está en manos del Concejo tomar una decisión, si Manfred Reyes Villa padre continúa como alcalde o Manfred Reyes Villa hijo continúa como concejal”.

La conclusión y recomendación de la Contraloría en torno al tema fue trasladar el caso a conocimiento del Concejo, tanto la denuncia como el informe, “para su respectivo tratamiento, tanto para considerar una regulación específica sobre la imposibilidad material de fiscalización por un cónyuge y o pariente a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la ciudad, así como pronunciarse sobre la viabilidad o no de la suspensión de la autoridad electa, que debe cumplir labores de fiscalización en tanto dure la causal de impedimento material de fiscalización”.

Arce detalló que el informe de la CGE se sustenta en la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley Marco de Autonomías, la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, la Ley del Estatuto del Funcionario Público, el Decreto Edil 031/2021, Código de Procedimiento Penal y en jurisprudencias constitucionales, “que hacen referencia a que no hay posibilidad que un familiar cercano, o esposo – esposa, hijo – hija, entre hermanos exista ese rol de fiscalización”, enfatizó el diputado.

Detalló que la Constitución establece en su artículo 232 que la Administración pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficacia, calidad, calidez, honestidad y resultados.

Añadió que la Ley del Estatuto del Funcionario Público también hace referencia a los valores y principios de fiscalización, con imparcialidad, probidad, transparencia, responsabilidad, eficiencia.

“La pregunta es: ¿será que un hijo va a fiscalizar a su padre? ¿Qué significa fiscalizar? Fiscalizar significa criticar, enjuiciar, significa inspeccionar, revisar o vigilar cómo trabaja el padre. ¿Será que el hijo lo va a hacer? No. Eso dice la Contraloría en este informe”, aseguró.

De acuerdo con la percepción del diputado masista, al ser el informe de conocimiento del Concejo, ese ente de fiscalización ya tendría que haber tratado el tema.

“Lo que queremos es que haya respeto en el ejercicio de funciones. El Concejo Municipal debe tomar la decisión de si continúa o no Manfred Reyes Villa hijo en el cargo de concejal. Según la normativa legal vigente, según Contraloría, ya debería pedir licencia uno de ellos, no es posible fiscalizar cuando existe este grado de parentesco”, insistió Arce en su denuncia.

Por su lado, el concejal Secretario y parte de la bancada de Súmate, Diego Murillo, manifestó que el informe de la Contraloría ingresó al Concejo y se encuentra en la Unidad Jurídica. Explicó que de esa instancia emanará un pronunciamiento que será considerado por el pleno.

Sin embargo, adelantó que no podrían asumir una determinación de alejar del cargo a Reyes Villa.

“El pueblo ha elegido, el pueblo lo ha elegido al Capitán y el pueblo también lo ha elegido al concejal. El único que quitaría la autoridad sería el pueblo”, sostuvo.

PROPUESTA DE LEY NACIONAL

Además, el diputado Arce planteó la aprobación de una ley nacional, y presentó el proyecto, para que se prohíba el ejercicio de cargos entre parientes.

El diputado propuso la modificación del artículo 109 bis de la Ley 026 del Régimen Electoral del 30 de junio de 2010 al siguiente texto: “Las candidaturas a cargos electos nacionales, departamentales, regionales y municipales que resulten electas, podrán ser inhabilitados de oficio o a denuncia, cuando se establezca un vínculo de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad entre algún miembro del Órgano Ejecutivo y algún miembro del Órganos Legislativo electo en su mismo acto electoral”.

Sobre el tema, la Contraloría General del Estado informó que trasladará a conocimiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) también la denuncia y el informe para su respectivo tratamiento, “y consiguiente valoración de emisión de una ley que regule la participación como elegibles en ambos cónyuges o parientes sean elegidos”.

Murillo, sin embargo, adelantó que “si una ley pretende restringir estos derechos, va en contra de la Constitución Política del Estado”.

Acotó que, en todo caso, lo que se defina en la ALP sería para lo venidero y no podría aplicarse en la actualidad.