La sociología trata los fenómenos sociales como son, no como deberían ser. Preguntarse desde el lado del oficialismo, por ejemplo, ¿qué hubiera ocurrido si no se convocaba al referendo del 21 de febrero de 2016?, ¿por qué el MAS no hizo una renovación de liderazgos oportunamente?, ¿por qué el MAS plantea un balotaje habiendo ganado en primera vuelta en octubre de 2019? o ¿por qué no se enjuició a los golpistas al inicio de la gestión de Luis Arce?; o desde el lado de la oposición, ¿por qué en noviembre de 2019 se impuso el gobierno de facto como salida a la crisis?, ¿por qué la clase media política de oposición no pudo establecer una alternativa de centro o centro derecha? o ¿por qué la oposición, al final, tuvo que ser representada por alcaldes y gobernadores no deseados ni por ellos mismos? Las respuestas a estas interrogantes pueden servir para el diagnóstico, la autocrítica y reflexiones de ética y moral, pero no para cambiar los hechos, éstos se dieron de una manera y no de otra, y son de esos hechos de los que se ocupa la sociología.

Por de pronto, vivimos las secuelas de la victoria contundente del MAS en las elecciones del 18 de octubre de 2020 y la victoria relativa de la oposición del 7 de marzo de 2021, relativa porque gana en seis gobernaciones y los municipios capitales del eje (La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz), pero sin mayoría de asambleístas y concejales, exceptuando El Alto; por lo demás, pierde en tres gobernaciones y nada menos que en 70% de los municipios del país gana el MAS.

A más de seis meses de haber recuperado el proceso de cambio, la correlación de fuerzas entre el Gobierno y la oposición aún no establece una resultante; sin embargo, el año de interrupción del proceso descartó la vía neoliberal por mucho tiempo y la intervención del Estado en la política se hace imprescindible en los ámbitos económico- financiero y social-cultural, particularmente sobre la pandemia, en la que el Estado es rector, gestor y articulador de los esfuerzos subnacionales y privados contra el cambiante y recurrente COVID 19.

Hablando de hechos sociales, con Sergio Almaraz Paz quedó establecido que cada país tiene su Revolución, (Francia, México, Rusia, China, Cuba, etc.) y la nuestra fue la Revolución Nacional de 1952, que ésta no era un escaparate del cual uno podía escoger lo bueno y desechar lo malo, y que, como todo fenómeno social y político, tuvo sus luces y sombras, pero que a partir de un punto (1964) todo se perdió. Del mismo modo, René Zavaleta Mercado demostró que en un país de capitalismo atrasado como el nuestro solo el Estado puede cumplir las tareas asignadas a la burguesía y que las clases subalternas se representan dominantemente en organizaciones sociales y no así en partidos políticos.

En base a estas evidencias, se entiende que en varias oportunidades el pueblo boliviano trató de restablecer el ciclo de liberación nacional: primero, durante los cortos gobiernos de Alfredo Ovando y Juan José Torres (1969-1971); segundo, el también breve gobierno de Henán Siles (1982-1985); para finalmente rematar en el ‘proceso de cambio’, de largo aliento (2006-actual), interrumpido un año (2019-2020) por el gobierno de Jeanine Áñez.

En el momento actual el discurso neoliberal no tiene asidero; es decir, la narrativa del libre mercado, la mano invisible, exportar o morir, reducción del gasto público, achicar el Estado y la inversión extranjera como la única posibilidad de desarrollo, ya no puede ser sostenida por la oposición, ni siquiera por el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Ellos recurren más bien a instrumentalizar y dirigir las legítimas demandas de defensa del medioambiente, la equidad de género, el cambio de la matriz productiva, la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y el centralismo, atribuyendo la mayoría de estas contradicciones (producto del capitalismo salvaje), paradójicamente, al gobierno nacional popular, despectivamente catalogado de populista.

La oposición, tan diversa y extrema, abarca desde la clase media profesional, disminuida en su poder de influencia política durante 14 años (direcciones de partidos de centro derecha, organizaciones no gubernamentales y universidades privadas, secundadas por las jerarquías de la Iglesia, comités cívicos, colegios de profesionales y otros), hasta el verdadero poder económico hegemonizado por la burguesía agraria, financiera y comercial (agroindustria, banca y grandes importadores-exportadores) en un extremo, y en el otro, están los grupos irregulares de la “Resistencia Cochala” y “Unión Juvenil Cruceñista”; todo este conjunto, unido solo por el antievismo, perdió en la elección nacional; sin embargo, ganó fuerza en las elecciones subnacionales, con una política antimasista, es decir, específicamente antiproceso estatal nacional.

La oposición, al no poder plantear abiertamente un programa neoliberal, hipoteca todos sus recursos a la división del MAS, magnificando las diferencias entre David Choquehuanca y Luis Arce primero, luego agrandando el liderazgo disidente de Eva Copa, para finalmente sobredimensionar la brecha generacional de antiguos y nuevos militantes del MAS y de sus aliados.

El oficialismo, tiene a su favor la prosecución de un modelo de estabilidad económica, redistribución de los ingresos de base ancha, industrialización, sustitución de importaciones y soberanía alimentaria, establecido en la Agenda 2020-2025, naturalmente afectado por la recesión económica mundial y la pandemia. Si bien el MAS tiene la militancia política más grande del país, el apoyo de las organizaciones sociales sigue siendo la garantía de la continuidad del proceso. Este colectivo es abigarrado como el país: en el partido hay tendencias tradicionales y modernas y en las organizaciones sociales subyacen intereses particulares de gremio muy diversos. De cualquier forma, el reto es el de restablecer la unidad del bloque de poder de las clases sociales subalternas de defensa y profundización del proceso nacional popular frente al modelo neoliberal, que apuesta su sobrevivencia exclusivamente a la fragmentación del MAS y de sus aliados.