Volvió a la agenda la polémica del “fraude” en la elección de octubre de 2019; esta vez fue a raíz de la afirmación del ministro de Justicia, Iván Lima, en la Asamblea Legislativa, en sentido de que “no existe una sola prueba, ni un elemento que sostenga un fraude electoral” en dicha elección. Para respaldar su afirmación, el ministro aludió al sobreseimiento fiscal con que se beneficiaron los vocales de los tribunales electorales departamentales, que junto a los del Tribunal Supremo Electoral (TSE) habían sido acusados del ilícito desde noviembre de 2019. El sobreseimiento se hizo efectivo entre enero y marzo de 2021.

En ocasión de la absolución de los exvocales del TED La Paz, el 19 de enero de 2021, la Fiscalía en su resolución señalaba que se decidió el sobreseimiento al “no contar con elementos suficientes que permitan sustentar una acusación y en aplicación del principio jurídico ‘indubio por reo’ siguiendo el principio de objetividad que persigue el Ministerio Público que no solamente es acusar sino también eximir de responsabilidad penal cuando NO exista suficientes elementos de convicción como en el presente caso de autos”.

Los delitos de los que se acusaba a los exvocales, y de los cuales se los liberó de culpa, eran “uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, falsificación de documentos o uso de documento falsificado, manipulación informática, alternación y ocultación de resultados, beneficios en función del cargo, todos vinculados con delitos electorales”.

Como ya se informó anteriormente, el proceso a los exvocales del TSE, sin embargo, sigue abierto. El 6 de octubre de 2020, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que para cerrar la investigación fiscal se decidió contratar a una empresa europea para que haga una pericia informática sobre “todo el manejo informático” en las elecciones de 2019.

En esa oportunidad, Lanchipa refirió que si bien la base de la acusación sigue siendo el informe final de auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA), éste solo establece indicios; cuando la Fiscalía para instaurar un juicio, o sea, tener la prueba suficiente para acusar a los posibles responsables, necesita “tener una posición técnica para contrastar y verificar si es evidente lo que manifiesta ese informe”.

El 4 de diciembre de 2019, la OEA emitió un comunicado de prensa en el que anuncia la presentación del “informe final de la auditoría” de las elecciones del 20 de octubre de 2019 en Bolivia. La conclusión, dice, “es que hubo una ‘manipulación dolosa’ e ‘irregularidades graves’ que hacen imposible validar los resultados emitidos originalmente por las autoridades electorales bolivianas”.

La “manipulación dolosa”, continúa la OEA en su comunicado, se dio en dos planos: “alteraciones de las actas y la falsificación de firmas de jurados de mesas”, y que en el procesamiento de los resultados “se redireccionó el flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por personal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo que posibilitaba la manipulación de datos y la suplantación de actas”.

En lo que sigue, se trata de mostrar los diferentes matices de lo que el informe de la OEA tiene como puntos críticos de la “manipulación dolosa”.

Como se conoce, el primer cuestionamiento que hace la OEA es el corte del TREP, que además de ser una “decisión arbitraria que atentó contra la integridad y transparencia del proceso electoral”, tuvo motivaciones “cuyo propósito incluyó la manipulación de la infraestructura informática a través del desvío del flujo del TREP hacia servidores externos” (p 14); o sea, el corte fue un acto intencionado para posibilitar el desvío de los datos hacia servidores ocultos, sospechosos de que podían cambiar los resultados, y esto, se señala, fue bajo la anuencia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) “que permitieron que se desviara el flujo de información hacia servidores externos, destruyendo toda confianza en el proceso electoral (p 10).

Los dos “servidores ocultos” son el BO1 y BO20; el primero habría funcionado hacia las 19.40 del mismo día de la elección, el 20 de octubre; y, el segundo, al reanudar el TREP, el lunes 21.

De la declaración del gerente de Ethical Hacking, Álvaro Andrade, en noviembre de 2019 al Canal Universitario y de su “Informe consolidado de Producto 1 y Producto 2 Línea de Tiempo de la Consultoría al OEP”, sin embargo, destacan los siguientes hechos: la existencia del “servidor oculto” fue alertada por Ethical a las 19.30 del día de la elección, por el alto que estaba generando para verificar actas; a eso, los vocales se hicieron presentes en el centro de cómputo y, una vez que llega Marcel Guzmán de Rojas, director de Neotec (la empresa encargada de gestionar el sistema de cómputo) le piden explicaciones sobre el servidor “oculto” BO1; Guzmán de Rojas “indica que fue su error no avisarnos pero que lo hizo (crear el servidor BO1 y de ahí solicitar verificación de actas) para cumplir con la solicitud que los vocales y la presidenta le habían pedido, que deseaban ver primero ellos los resultados previamente a la publicación de los mismos”.

El problema es, dice la auditora Ethical, que dicho servidor no estaba monitoreado, y por eso no podía dar fe de lo que allí se hizo y por esta “violación del protocolo de seguridad” se perdía credibilidad en el proceso de conteo. Y, cuenta Andrade: “Para estos momentos la presidenta del TSE y los vocales, con excepción del Ing. Costas, empezaron a acusar a Marcel Guzmán de Rojas de hacer fraude (…) todos empezaron a gritar y a acusarlo de fraude, se habló de llamar al Fiscal General, a la Policía y en eso tuvimos que intervenir para calmar los ánimos”. En ese momento, cuenta Andrade, decidieron “verificar lo que pasó en este servidor (BO1) y ver si se realizó un ataque o no al sistema TREP”. Fue en esta circunstancia en que los vocales instruyeron “cortar la comunicación del TREP (…) hasta que se verifique qué fue lo que pasó”.

Luego de que Andrade y Guzmán de Rojas se tomaron varios minutos para revisar dicho servidor, se llamó nuevamente a reunión, y allí Ethical además de reclamar el proceder de Guzmán de Rojas y, de nuevo, aclarar que no da fe de la integridad de los datos; sin embargo, se vio que dicho servidor “no contenía software malicioso, estaba libre de crons y scripts que pudieran alterar posteriormente alguna información, que no existían usuarios adicionales a los que deberían existir, que las comunicaciones se realizan solo por certificado, etc.”

Aquí no hay que dejar de decir que el principal reclamo de Ethical a Enotec efectivamente es que Guzmán de Rojas intervenía en el sistema del TREP y en el cómputo oficial sin pedirles permiso o sin avisarles, aunque luego les informaba.

Por su lado, Marcel Guzmán de Rojas, en su Informe Final Elecciones Generales 2019, dirigido a la presidenta del TSE, María Eugenia Choque el 28 de octubre de 2019, sobre la interrupción del TREP, expresa que no estuvo de acuerdo con dicho corte, aunque ratifica: “En ningún momento, incluyendo el periodo de suspensión del TREP, la base de datos del TREP estuvo comprometida, como tampoco se alteró”.

Específicamente sobre el hecho cuenta que como a las 20.15 del 20 de octubre recibió una llamada de los vocales del TSE, por la que se le “ordenó suspender el TREP” y se le convocó a una reunión en oficinas del TSE en San Jorge. En dicha reunión (a las 20.30) da cuenta de que los vocales “presentaron tres argumentos para la interrupción: 1. el uso de un servidor no monitoreado, BO1; 2. el aumento inesperado de tráfico para verificación de actas desde el servidor BO1; y 3. el cambio repentino de la tendencia entre el MAS y CC”. Pese a explicar la función del servidor BO1 y de lo normal de la evolución del conteo, concluye Guzmán de Rojas, “los vocales decidieron no continuar con el TREP, a excepción del vocal Antonio Costas”.

En cuanto al segundo servidor “oculto”, el BO20, que se detectó tras la reanudación del TREP, el lunes 21 de octubre, la OEA además de protestar porque tampoco estaba monitoreado, deplora que en el mismo también se registró y verificó actas del TREP. “Esto resulta extremadamente grave y afecta la transparencia del proceso”, reclamó. (p 29)

Al respecto, la versión de Guzmán de Rojas es como sigue: “La noche de la elección, en la reunión de las 20.00, el TSE decidió reemplazar el servidor BO1 por un nuevo servidor, BO20. Este servidor se creó y configuró en el espacio de servidores en Amazón AWS del TSE. Al igual que el servidor BO1, el nuevo es una simple pasarela, un reverse proxy mediante Nginx. Los servidores perimetrales actúan como pasarela entre el navegador del usuario y el servidor de aplicaciones, validando que la solicitud enviada por el navegador corresponda a un servicio expuesto en la pasarela así como la integridad de la solicitud http. Es una buena práctica de seguridad, usar servidores pasarela (perimetrales) en un servidor distinto al servidor de aplicaciones”, destaca en el Informe Complementario al Informe Final Elecciones Generales 2019, en el capítulo “Aclaración Servidores BO1 y BO20”, dirigido a la presidenta del TSE el 4 de noviembre de 2019, cuando ya estaba en curso la auditoría de integridad electoral de la OEA.

En lo relativo a las actas y las supuestas falsificaciones, en el comunicado de prensa de la OEA del 4 de diciembre de 2019, cuando el organismo presentó el Informe Final de auditoría, no deja de destacar el volumen del texto: “96 páginas de análisis y más de 500 páginas de anexos”. Dichos anexos contienen, asegura la OEA, “pericias caligráficas a más de 220 actas de escrutinio; documentos suscritos por funcionarios del órgano electoral; referencia a 37 listas de índice de ciudadanos habilitados para votar; registro de la recepción de más de 200 denuncias y comunicaciones con información recibida por parte de la ciudadanía; y, 11 solicitudes de requerimientos de información”. Se trata de un total de nueve anexos.

El anexo más ampuloso es del número 8, “Hallazgos de la pericia caligráfica”. Allí se muestra la fotografía de las 226 actas que habrían sido “completadas por una misma persona”; este “procedimiento altamente irregular” se habría dado, dice la OEA, en 86 centros de votación de 47 municipios del país, adelantando su evidente sospecha: “todas estas mesas corresponden a 38.001 votos válidos, de los cuales el partido político MAS obtiene el 91%”.

La OEA también incluye anexos actas en que detalla supuestas falsificaciones de firma de los jurados electorales.

Como señala la Fiscalía General del Estado, lo que hay en el Informe Final de auditoría de la OEA, en rigor, son indicios de acción dolosa e irregularidades, que por eso está en curso una pericia internacional acerca de si hubo o no manipulación informática de los resultados.