En las últimas dos semanas, autoridades subnacionales de oposición recibieron arremetidas del Gobierno y del oficialista MAS desde al menos tres frentes, el judicial, con procesos y citaciones; el económico, con la retención de cuentas; y el político con al menos dos acciones, el intento de toma de la Gobernación de Chuquisaca y el restar el apoyo de la Policía para el control de restricciones contra el coronavirus.

Una de las últimas acciones del oficialismo en contra de las autoridades subnacionales tiene que ver con el campo de la Justicia. Por ejemplo, para este viernes, el alcalde de La Paz, Iván Arias, recibió dos órdenes judiciales por diferentes procesos. El primero, para una audiencia, por el nombramiento presuntamente ilegal de una autoridad cuando desempeñaba el cargo de ministro de Obras Públicas.

La otra citación en contra de Arias fue para que declare en calidad de testigo en el caso abierto por la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos en la gestión del exministro de Gobierno Arturo Murillo, cuando él también era parte del gabinete ministerial de la expresidenta Jeanine Añez, una adquisición en la que él “no tuvo nada que ver”, debido a que era otra área, según aclaró el Alcalde de La Paz.

En esta misma línea, el viernes, la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa, que tiene mayoría de votos del MAS, aprobó un juicio de responsabilidades en contra del exprefecto Manfred Reyes Villa, quien actualmente es alcalde de la ciudad de Cochabamba.

En ese juicio de responsabilidades, que data de 2008, Reyes Villa y los exsenadores Freddy Omar Fernández Quiroga, Leonilda Zurita y Arturo Murillo son acusados por los delitos de incumplimiento de deberes, denegación de auxilio, sedición, incendio, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, instigación pública a delinquir, atentado contra la seguridad de los transportes, uso indebido de influencias y malversación.

En el campo económico, el Gobierno anunció el miércoles, a través de una carta que iba a retener las cuentas fiscales de la Alcaldía de La Paz por un juicio laboral que fue iniciado en 2014, aspecto que despertó la preocupación del alcalde Iván Arias y de las autoridades ediles, debido a que se actualmente se realizan una serie de tareas encaminadas a luchar contra la tercera ola del coronavirus (Covid-19).

No obstante, el Ejecutivo aclaró que las cuentas retenidas alcanzan a un monto de Bs 296.660.71 “a consecuencia de un juicio laboral que tramita el Juzgado Séptimo de Trabajo y Seguridad Social del Tribunal Departamental de La Paz y el saldo, 99.8% de las cuentas fiscales, están habilitadas”.

A esas acciones se suman otras promovidas por el Gobierno y el MAS. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con la orden que emitió el Ministerio de Gobierno el 23 de mayo, cuando instruyó a la Policía Boliviana no ejecutar multas ni detenciones dispuestas por gobiernos municipales o gobernaciones por el incumplimiento de restricciones por cuarentenas rígidas, por la reducción de los horarios de circulación, para evitar la propagación del coronavirus.

Estas disposiciones, casualmente, fueron emitidas por autoridades departamentales y locales de Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y El Alto, principalmente.

Uno de los cuestionamientos más contundentes a esa determinación del Ministerio de Gobierno fue emitido por la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, quien sugirió presentar el recurso de acción de cumplimiento para que la Policía Boliviana haga cumplir las sanciones dispuestas por autoridades locales, en regiones donde se dispuso cuarentenas, para reducir el número de contagios de coronavirus (Covid-19).

Ante esa situación, Copa sostuvo que “algunas de esas regiones que están siguiendo la cuarentena rígida van a tener que hacer una acción de cumplimiento porque la ley es clara, allí dice que quien hace cumplir la ley es la Policía boliviana”, en este caso las normas locales.

La otra acción política promovida por el MAS se refiere al nombramiento de un gobernador por parte de la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca, pese a que el titular, Damián Condori, había solicitado licencia por tres días por la muerte de su padre.

Los asambleístas departamentales del MAS designaron a su correligionaria Elvira Erquicia gobernadora suplente. Ante esa situación, Condori se reincorporó en sus funciones, luego de cumplir con el lavatorio por el entierro de su padre y antes de que se cumpla el plazo de la licencia que pidió.

“No puedo permitir que un partido que ha sido derrotado en las urnas trate de volver con un interinato… ya que no ganan en las urnas, tratan de aprovecharse de la situación que estaba pasando”, sostuvo la autoridad, quien afirmó que el MAS tiene “intenciones oscuras”.