Han pasado los primeros seis meses del gobierno de Luis Arce y no existe una señal concreta de alguna reforma judicial. Al ministro de justicia, Ivan Lima, no solo lo frenaron de realizar cualquier cambio judicial, sino que le impusieron el trabajo perverso de saltarse la Constitución y detener a Jeanine Áñez Chávez, generar la narrativa del “golpe” y preparar la “guillotina” para los opositores. 

La imprescindible reforma judicial, que tanto pregonaba Lima, se limitó a conformar un grupo de notables y en la primera reunión terminaron echados por la puerta de atrás y ahora parece concentrarse en el plan persecución e instrumentación de la justicia. Lima se ha encargado de restituir el sistema inquisitivo: primero se detiene y condena públicamente y después buscan investigar al gobierno de transición (cuya gestión y resultados facilitó el retorno del MAS). 

La oposición política parece compartir el objetivo de reformar la Constitución para resolver (o buscar resolver) la crisis judicial. La reforma constitucional debe cambiar el sistema de la designación de las principales autoridades judiciales, permitiendo que la Asamblea Legislativa designe a los candidatos, por dos tercios de votos de los parlamentarios presentes, previa calificación de méritos y un sistema de audiencias públicas que permita conocer y acreditar los méritos de los candidatos. La designación, previa invitación, a una suerte de “notables”, como en algún momento se hizo con la ex Corte Nacional Electoral, constituye una buena fórmula para restituir la institucionalidad perdida. 

Sin embargo, la solución no pasa sólo por cambiar a las principales autoridades judiciales. El verdadero problema es mucho más serio y complejo de lo que aparenta. En realidad hay que cambiar no sólo el sistema de designación de las principales autoridades judiciales, e imponer en todos los niveles la meritocracia, sino fundamentalmente hay que fortalecer al Órgano Judicial en su conjunto. Y este fortalecimiento pasa por reconocer los cargos vitalicios, imponer exámenes de competencia y oposición, el funcionamiento real la “Escuela de Jueces del Estado” y la evaluación periódica de forma que se cualifique la formación y capacitación permanente de los jueces. Se necesita institucionalizar la carrera judicial, para terminar con los jueces a carrera.

Lo más urgente es, sin embargo, restituirles su independencia e imparcialidad a los jueces, porque un sistema judicial sin estas garantías básicas, no sólo degrada la institucionalidad democrática y genera corrupción, pobreza, y permite que se imponga la ley de la selva, sino también pone en duda la viabilidad y sostenibilidad del Estado. De hecho, la seguridad jurídica y ciudadana, dependen del fortalecimiento institucional.

El Órgano Judicial necesita, igualmente, una asignación presupuestaria fija, que no debe estar por debajo del 3% del total del presupuesto general. Nadie en su sano juicio puede entender el sistemático decrecimiento de los recursos económicos judiciales de los últimos 15 años, que bordea apenas el 0.50% del presupuesto general del Estado. 

El Estado tiene que revertir la retardación de justicia, introducir tecnología de punta, y ampliar la cobertura judicial, implementar los jueces de paz, dependientes de los gobiernos municipales así como los jueces itinerantes a lo largo y ancho del territorio nacional. De la misma forma, se necesitan reformas legales que permitan, por un lado, la oralidad en todos los procesos judiciales y, por otro, promover los métodos alternativos de resolución de controversias, que permitan descomprimir el sistema judicial en todo sentido.   

La autonomía económica, corrupción generalizada, retardación de justicia, pérdida de confianza y credibilidad, falta de oralidad en todos los procesos, capacitación permanente y selección de los mejores profesionales, son algunos de los grandes desafíos que debe resolver el Estado para comenzar un verdadero proceso de reformas y tener a mediano plazo un sistema judicial independiente, fortalecido, confiable e imparcial.

El cambio tiene que ser sistémico e integral, que comprenda aspectos políticos, económicos, e institucionales y, en esta cruzada, tiene que comprometerse a los órganos del poder público y a la sociedad en su conjunto.