El acto interpelatorio al ministro de Justicia, Iván Lima Magne, en la Asamblea Legislativa fue cualquier cosa menos eso, un grotesco espectáculo más propio del peor rostro de la política, ese que exhibe cinismo, manipulación y mentiras, que de un respetable poder del Estado, sin utilidad para el ejercicio democrático ni el esclarecimiento de los temas planteados en las preguntas de los interpeladores.

En el pliego, siete legisladores de la oposición preguntaron sobre la participación del Ministerio de Justicia en las denuncias de Lidia Paty que derivaron en la aprehensión de la expresidenta Jeanine Áñez y las acciones de ese despacho en el proceso, los argumentos jurídicos por los que se juzga a Áñez como senadora y no como expresidenta, las circunstancias de su aprehensión, y las razones del argumento del Ministerio para solicitar 30 años de cárcel en este caso.

Para comenzar, el acto interpelatorio se realizó 74 días después de la solicitud presentada por los diputados de la oposición. En él, el ministro Iván Lima no respondió directamente a las interrogantes y se limitó a repetir la retórica del supuesto golpe de Estado, ese mismo que disciplinadamente repiten desde el jefe del partido, Evo Morales, hasta el último dirigente o autoridad del Gobierno, y se dedicó a acusar, sentenciar y condenar a la expresidenta Jeanine Áñez, lo cual no es o por lo menos no debiera ser su atribución.

Lima trató de desvirtuar el fraude electoral de las elecciones de octubre de 2019, que derivó en la renuncia de Evo Morales y la sucesión presidencial que llevó a Áñez a la Presidencia en condición de mandataria transitoria, y afirmó que no existe una sola prueba que sostenga el fraude. Es más, pidió a los legisladores de oposición que le presenten una prueba del fraude.

El ministro incluso llegó a intentar desvirtuar el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), ese que determinó el fraude, y dijo que su reporte no es vinculante y no tiene valor jurídico. Lima se pasó por alto el hecho de que la OEA puso como condición para venir a hacer la auditoría que su trabajo sería vinculante, y el entonces presidente Evo Morales, quien pidió la presencia de la OEA, aceptó esa condición.

El ministro Lima, que antes de asumir funciones gozaba de un respetado prestigio profesional, jugó un triste papel en la Asamblea: lo negó todo, llegó al extremo de defender que la justicia es independiente y, por el contrario, acusó de “no democráticos” a quienes dicen que los tribunales y los jueces están controlados por el Poder Ejecutivo. Su argumento fue que la democracia se compone de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y, por tanto, el que acusa a la justicia es antidemocrático, así de caricaturesco.

También dijo que el Gobierno no tiene nada que ver con el encarcelamiento de Jeanine Áñez, que se preservó su derecho a la defensa, que se atendió su salud, que no se la mantuvo incomunicada ni se le privó de visitas. Con esas expresiones, Lima intentó en la Asamblea la antigua y vieja falacia de tapar el sol con un dedo; es decir, según él, poco menos que Bolivia tiene instituciones de justicia y separación de poderes más sólidas que Dinamarca, Noruega o Finlandia.

Triste la actuación del ministro Iván Lima Magne en la interpelación. Él es la constatación de que la política puede destruir a alguien que daba la sensación de ser un gran profesional, y no necesariamente por convicción sino por seguir obedientemente las instrucciones del jefe máximo. El diputado de oposición Edgar Bazán lo llamó abogado del fraude, defensor de Evo Morales y sepulturero de la justicia.