Todos los políticos que se juntaron con la Iglesia en aquella reunión en la Universidad Católica Boliviana (UCB) deben ser investigados por la justicia para establecer su grado de participación en el golpe de Estado de 2019, afirmó Teresa Miranda, secretaria general de la Federación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia ‘Bartolina Sisa’, de Tarija.

La dirigente denunció también que los actuales parlamentarios de la oposición se niegan a iniciar un juicio de responsabilidades porque muchos emergieron de las denominadas plataformas ciudadanas y grupos de choque que apoyaron al gobierno golpista de Añez y ello les perjudicaría de sobremanera.

Anunció que desde las organizaciones sociales no permitirán que los hechos registrados en 2019 y 2020 queden impunes, por lo que serán fieles seguidores para exigir justicia por quienes fueron perseguidos, detenidos, heridos y torturados durante el régimen golpista de Añez.

—¿Cuál es su criterio por la corrupción en la compra de gases durante el régimen de facto?

—Ahí está la respuesta, en 11 meses de gobierno se dieron muchos casos de corrupción que están saliendo a la luz pública y eso no debemos permitir que quede impune. En su momento fuimos amenazados, decían que todo lo que hacía el gobierno de facto de Jeanine Añez era legal y que los corruptos éramos los del Movimiento Al Socialismo (MAS), las organizaciones eran amenazadas, los dirigentes perseguidos y torturados por las fuerzas del orden que respondían a ese gobierno, no podíamos salir a decir nada a los medios de comunicación, ahora estamos viendo la otra cara de la medalla, la justicia tarda pero llega.

En su momento se vio cómo mucha gente falleció por falta de oxígeno y las irregularidades que se cometieron en la compra de insumos, medicamentos y otros en plena pandemia. Yo fui senadora y me indignaba cuando decían que la Asamblea Legislativa apoyaba ese régimen golpista, cuando en realidad no era así. Ahora quiero decirle al pueblo boliviano que estemos atentos para que se haga justicia.

—¿Usted cree que Añez sabía de los sobornos de Murillo y López?

—Claro que sabía, porque sus ministros fueron designados por ella, principalmente de Gobierno y de Defensa; trabajaban de la mano. Yo creo que una presidenta sabe lo que hacen sus colaboradores, entonces su discurso es injustificado al decir que desconocía.

Lo único que pretende es deslindar responsabilidades de su participación en todos los hechos de corrupción (…) Nosotros vimos cómo asambleístas estaban unidos, por eso me parece hasta burlesco que ahora cambien su discurso y pretendan lavarse las manos.

—Ahora que se destapó el escándalo de la corrupción, aliados de la oposición le dan la espalda a Murillo, otros dicen que ni no lo conocían ¿Qué opinión tiene al respecto?

—Es totalmente falso que salgan ahora a decir que no conocían al señor Murillo, todo el mundo lo conocía, nosotros como organizaciones sociales lo conocíamos a través de los medios de comunicación, no fue un personaje ‘equis’, sino todo lo contrario. Ellos deberían ahora decir que sí hubo hechos de corrupción, que la justicia actúe, y no sólo cuidar sus espaldas.

Ellos montaron todo un aparato comunicacional para amenazar al pueblo y reprimirlo, estoy convencida de que fueron cómplices porque siempre se defendieron entre ellos y hasta ahora siguen con ese discurso. Me apenan las declaraciones de apoyo que hacen los comités cívicos de Santa Cruz, Tarija y algunos alcaldes en ejercicio que intentan tapar el sol con un dedo, haciendo comparaciones fuera de lugar con el gobierno de Evo Morales.

—¿Usted considera que los procesos deben ampliarse a Camacho, Doria Medina, Mesa y Tuto Quiroga?

—Nosotros como organizaciones sociales estamos claros en esto, todas esas personas que participaron en las negociaciones oscuras para gestar el golpe de Estado deben ser investigadas, ampliando los procesos, porque al final de cuentas “el que nada hace nada teme”. No porque sean autoridades se salvarán de haber desestabilizado al país hasta llevarlo a la debacle, sino, al contrario, tiene que hacerse justicia y se tiene que medir a todos por igual.

Considero que no es justo si actuamos con sólo unos cuantos y a los otros los dejamos libres de todo proceso, ya que muchas personas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019 perdieron a sus familiares y hasta el momento no encuentran una verdadera justicia. Todos sabemos que el excívico cruceño Luis Fernando Camacho se pudo mover en la ciudad de La Paz gracias a un teniente de la policía que le prestó su uniforme, eso es un delito, y creo que en las investigaciones se tiene que incorporar también a los policías.

—¿Usted está de acuerdo con la iniciativa de convocar a todo el gabinete de Añez a la Fiscalía para saber cuál es su participación en la firma de los cuatro decretos que autorizaron la transferencia de recursos para la compra de los gases lacrimógenos?

Estoy de acuerdo, muy de acuerdo y creo que todo el pueblo boliviano responderá de la misma manera, porque es importante que Bolivia conozca cuál es su grado de participación en las masacres registradas en Senkata y Sacaba, además de otros puntos del país donde murieron muchos hermanos. Por eso creo que deben ser investigados y pagar por sus delitos.

No es posible que ahora se nieguen cuando fueron partícipes de masacrar al pueblo. Si un ministro no estaba de acuerdo con la actuación de otro e incluso con las decisiones que asumía en ese momento la señora Añez, debería renunciar; pero pasó todo lo contrario, fueron cómplices de matar a gente inocente.

Su reto fue la equidad de género

A partir de sus 25 años comenzó su vida sindical, la cual estuvo centrada en luchar contra la discriminación hacia las mujeres. Fue elegida secretaria general de su comunidad de Padcaya, Tarija. Su trabajo y los talleres que organizó le permitieron fortalecer en su zona la equidad de género.

En 2002 ingresa a las filas de la Federación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia ‘Bartolina Sisa’, de Tarija, y desde esa organización social trabajó para los derechos de la gente más humilde.

En 2008 fue elegida por la Central de Campesinos para ser candidata a concejal, pero sólo salió una persona, en 2014 asume el cargo de senadora en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y al concluir su  gestión es elegida como secretaria general de la Federación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia ‘Bartolina Sisa’, de Tarija.