Desde el oficialismo surgieron en los últimos días varias declaraciones dirigidas al sistema judicial sobre a que personas citar, implicar o procesar en casos ligados a los conflictos del 2019, el escándalo de la compra de gases lacrimógenos y el proceso por supuesto golpe de Estado.

El presidente de Diputados, Freddy Mamani, señaló que en los casos de los casos Sacaba y Senkata la justicia no debe centrarse solo en exministros, sino en personalidades que tuvieron participación. “Debemos saber qué pasó exactamente y qué rol jugó Fernando Camacho y su padre, al igual que Marco Pumari”, afirmó Mamani, en conferencia de prensa.

Otros casos. El también diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sandro Ramírez, indicó que se deberían activar alertas migratorias contra los expresidentes, Carlos Mesa y Tuto Quiroga, además de Samuel Doria Medina por el caso de supuesto golpe de Estado, iniciado tras la denuncia de la exdiputada Lidia Patty, en diciembre de 2020. En el proceso no ninguno figura como investigado o acusado.

Daniel Rojas también del MAS pidió activar alertas migratorias contra todos los altos cargos del gobierno transitorio de Jeanine Añez, por el caso gases lacrimógenos, donde figura como principal acusado el exministro de gobierno Arturo Murillo, a quien se lo sindica de recibir sobornos por un contrato de 5,6 millones de dólares.

Por su parte, Juan José Jáuregui, diputado oficialista, solicitó verbalmente que la Fiscalía active el sello azul ante Interpol contra la excanciller Karen Longaric por no presentarse a declarar en el caso gases lacrimógenos. Incluso considera que debería emitirse la orden de aprehensión, pese a que fue convocada como testigo en el caso gases, que manifestó su predisposición de declarar de manera virtual y que en ningún momento ocultó su paradero actual en Chile, por motivo laboral.