Medio: El Deber
Fecha de la publicación: viernes 04 de junio de 2021
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
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Las cuentas de la Alcaldía de La Paz fueron congeladas en
plena pandemia. Iván Arias, burgomaestre paceño y exministro de Jeanine Áñez
fue convocado dos veces este viernes; una a un juzgado para una audiencia cautelar
en su contra y otra para declarar en la Fiscalía por el caso gases
lacrimógenos. Mientras tanto, en la Asamblea Legislativa han desempolvado
solicitudes de juicios de responsabilidades contra el actual alcalde de
Cochabamba, Manfred Reyes Villa por un caso que ocurrió hace 14 años, y contra
el exministro Arturo Murillo; además, piden activar alertas internacionales
contra la excanciller Karen Longaric.
Mientras en el país la tercera ola de la pandemia genera
muertes y escasez de pruebas, oxígeno y vacunas, en el ámbito político la
captura en EEUU del exministro Arturo Murillo ha disparado una nueva ofensiva
legal en contra de opositores y ex ministros de la gestión de Jeanine Áñez.
El miércoles por la noche, el alcalde Iván Arias informó que
la alcaldía estaba “sin plata”, porque el Ministerio de Economía ordenó el
congelamiento de sus cuentas.
En una carta de la cartera de Economía, le explicaron al
alcalde que el Gobierno cumple con la determinación del juez séptimo de Trabajo
y Seguridad Social, a raíz de un proceso laboral seguido por Fermín Mamani y
otros.
El hecho generó la protesta de los opositores. El
expresidente Carlos Mesa, comentó en su cuenta de Twitter: “Repudiamos la
decisión política del MAS que, usando al sistema judicial, congela las cuentas
del Gobierno Municipal de La Paz, y le impide al alcalde Iván Arias asumir
medidas urgentes y necesarias para enfrentar la grave crisis sanitaria y económica
que sufre la ciudadanía”.
El monto retenido, según el Ministerio de Economía en su comunicado,
es de Bs 296.660,71. Este documento asegura que: “al 3 de junio de 2021, solo
se encuentra retenido el monto instruido por el juez, en la Cuenta Corriente
Fiscal de Participación Popular del Gobierno Municipal de La Paz. El resto de
las cuentas, donde se encuentra el 99,8% de los recursos del municipio paceño,
se encuentran habilitadas”.
Luego, el viceministro de Tesoro y Crédito Público, Sergio
Cusicanqui, señaló que la denuncia de la Alcaldía paceña respecto al
congelamiento de sus cuentas no corresponde, porque solo representa el 0,02% de
lo que está en las arcas de la comuna, minimizando así la situación exhibida
por el alcalde Iván Arias, quien sostuvo en las últimas horas que se habían
retenido los recursos municipales.
Otros sectores de la oposición denunciaron que se busca
generar “un golpe municipal”, pero el diputado del MAS Juanito Angulo, replicó
que esta retención “es culpa del exalcalde Luis Revilla. “si hay un ‘golpe’ es
del antecesor de Arias”, subrayó.
Tras conocerse del arresto de Arturo Murillo en Estados
Unidos, el ministro de Justicia, Iván Lima, pidió a al Ministerio Público citar
a declarar a las exautoridades del gobierno transitorio que firmaron los
decretos para la compra de gases lacrimógenos.
Esto ha generado que Arias se vea obligado a comparecer dos
veces este viernes.
A las 10:00 de la mañana, el Juzgado Tercero Anticorrupción
lo citó para la audiencia cautelar por el nombramiento presuntamente irregular
de un funcionario sin título profesional, cuando era Ministro de Obras
Públicas. Esta audiencia debía realizarse el pasado lunes 31 de mayo, pero el
juez la suspendió por baja médica. La Fiscalía, por este caso, pide detención
domiciliaria para Arias.
Dos horas y media más tarde, a las 12:30, el alcalde deberá
dirigirse a la Fiscalía paceña, para declarar en calidad de “testigo” en el
caso gases lacrimógenos, por el que su excolega Murillo fue detenido en EEUU.
La pasada semana fue citada la excanciller Karen Longaric,
quien no asistió porque se encuentra fuera del país, en Chile, con una
actividad académica, según ella explicó.
El diputado del MAS, Juan José Jáuregui, pidió al Ministerio
Público que solicite a Interpol, que active la alerta azul en su contra, pese a
que Longaric explicó que estuvo conectada a la espera de una audiencia virtual
que nunca se realizó.
“Su inasistencia ameritará que se libere la orden de
aprehensión correspondiente. La Fiscalía debe tramitar mediante la Interpol,
una alerta internacional para conocer dónde se encuentra”, dijo.
Longaric, en una entrevista con EL DEBER Radio, dijo que
ahora está en Chile, pero luego viajará a España para participar de un nuevo
evento internacional. Complementó que denunciará en el exterior la persecución
que soporta y denunció que el ministro Iván Lima “se convirtió en un persecutor
y en un persecutor de mujeres”.
Por su parte, la ex ministra de salud, María Eidy Roca
permanece en su casa con medidas cautelares que le impiden asistir a un centro
médico y recibir la atención necesaria para paliar las secuelas del Covid-19.
Asegura que el gobierno no cuenta con pruebas inculpatorias contra ella, pero
que permanece procesada como parte de una disputa política que apunta a la expresidenta
Jeanine Áñez.
“No puede usarse la justicia en procesos políticos”, afirma
la exautoridad. Señala que su organismo es el que demuestra las secuelas del
Covid-19. Se expresa con lentitud y fatiga. Se suma el castigo impuesto por la
que considera una justicia politizada que le impide recibir el tratamiento
médico que necesita.
Juicio de responsabilidades
Por otra parte, la Comisión Mixta de Justicia Plural de la
Asamblea Legislativa aprobó un informe para juicios de responsabilidades que
implican como acusados al actual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa,
Arturo Murillo y Leonilda Zurita, entre otros.
El proceso es por los actos de violencia ocurridos en
Cochabamba en 2011, con centenares de heridos y la muerte de tres
cochabambinos, en el episodio conocido como “enero negro”. La comisión
desempolvó ese caso, para reactivar un juicio de responsabilidades en el que
están implicadas actuales autoridades.
Los cochabambinos provenientes del campo, con hondas y
piedras, embanderaron la exigencia de que renunciara el entonces prefecto
Manfred Reyes Villa, quien había mostrado abiertamente su apoyo a la autonomía
de Santa Cruz y alentado la posibilidad de que el valle siguiera el mismo
curso, reseñó el diario cochabambino Opinión cuando se recordaron los 14 años
del hecho.
Los citadinos, por su parte, munidos de bates y escudos, en
lo que fue un “enfrentamiento entre compatriotas”, de acuerdo con lo citado por
el abogado Cayo Salinas.
La Central Obrera Departamental (COD) desarrolló un cabildo
y una marcha, medidas que entraron en cuarto intermedio en el estreno de 2007.
Luego, la entonces Prefectura inició una campaña para consultar si la sociedad
aceptaría el referéndum autonómico.
Los ánimos se caldearon aún más con las declaraciones de
Reyes Villa. La vigilia se transformó en bloqueos y enfrentamientos ante los
que la Policía se vio superada en número.
Durante esos hechos de violencia, el 11 de enero de 2007,
fallecieron dos personas de un bando y una del otro.
El cocalero Juan Tica Colque tras recibir un disparo de arma
de fuego y Christian Urresti, de 17 años. Este joven fue ahorcado de manera
violenta por los que cuestionaban a Reyes Villa, su deceso causó conmoción.
Poco después pereció el ciudadano Luciano Colque, de 50 años.



