Acorralado. Así quedó el alcalde de La Paz, Iván Arias. Ayer fue notificado para que se presente el viernes a declarar como parte de dos procesos penales: uno, por un supuesto nombramiento ilegal y, otro, por el caso gases lacrimógenos. Asimismo, un juez ordenó la retención de las cuentas a la municipalidad por un juicio laboral antiguo.

 “No me voy a escapar, voy  a dar la cara. Pero, por supuesto, aprovechando que es feriado, que es viernes y luego viene sábado y domingo, aparecen estas citaciones”, afirmó el burgomaestre anoche ante la prensa.

El Juzgado Tercero Anticorrupción convocó ayer al alcalde Arias a una audiencia de medidas cautelares por el presunto  nombramiento irregular de un funcionario sin título profesional, para  mañana  4 de junio a las 10:00.

La audiencia de medidas cautelares, que debía realizarse el lunes 31 de mayo, fue suspendida ante la ausencia del juez por baja médica, y este miércoles fue notificado el munícipe para su asistencia vía virtual.

Arias es investigado por el presunto nombramiento irregular de un funcionario que no tenía título profesional, cuando era ministro de Obras Públicas en 2020. El Alcalde afirmó que la normativa interna del propio ministerio establece que ese cargo era de libre nombramiento y, por lo tanto, el funcionario no requería tener un título.

Para el mismo viernes, el burgomaestre también fue citado a las 12:00 como testigo en el caso de la compra de gases lacrimógenos por el fiscal de materia, Alexis Vilela. En el caso se incluyó a los 17 exministros de la gestión transitoria de la expresidenta Jeanine Añez. En ese caso, fue aprehendido en EEUU el exministro de Gobierno Arturo Murillo y es buscado el exministro de Defensa Luis Fernando López.

Al respecto, la concejala del Movimiento Al Socialismo (MAS) Eliana Capobianco dijo que el Alcalde debe responder: “Evidentemente, toda persona que ha sido citada por la justicia  debe ir y dar su declaración, debe asumir su defensa”.

Cuentas congeladas

Por otra parte, al final de la tarde de ayer Arias confirmó que le llegó un comunicado del Ministerio de Economía  y Finanzas en el que le informaba “de la retención de todos los fondos por un juicio que viene desde antes de 2014, un juicio laboral, es decir, estamos sin plata”.

El caso viene a raíz de un juicio laboral que ocho exfuncionarios ediles siguieron a la Alcaldía en 1998. En ese entonces denunciaron que el cálculo de sus beneficios sociales no era el correcto.

Después que la denuncia llegó  al Ministerio de Trabajo, el caso pasó al Tribunal Supremo de Justicia que en 2017 falló a favor de los exfuncionarios ediles. El juez séptimo de Trabajo y Seguridad Social, del Tribunal Departamental de Justicia, activó el caso y Economía congeló ayer las cuentas corrientes fiscales de la Alcaldía de La Paz.

 “Quería expresarle a La Paz que pase lo que pase, seguiremos luchando y trabajando para que nuestros ciudadanos no mueran por la Covid-19, que no les falte seguridad ciudadana, no les falte salud, no me voy a rendir, no me voy a escapar”, dijo el alcalde.