Emmanuel Joseph Sieyes teorizó que el pueblo era sujeto principal de todo Estado. En la Asamblea Constituyente de 2006 a 2007, el pueblo que fue el poder constituyente otorgó a las y los Constituyentes el poder para elaborar el Texto Constitucional. Luego en 2009 el pueblo aprobó la Constitución Política del Estado, que establece en el Art. 168: “El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”. Y en las Disposiciones Transitorias Primera II expresa que “Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”.
Por tanto, las elecciones de 2014 fueron ilegales e inconstitucionales, con argucias del gobierno del MAS, al manifestar que “nacía el Estado Plurinacional”, cuando Bolivia con la liberación ante la dominación española, por Simón Bolívar, nació en 1825. Y por esa emancipación, en honor al Libertador nuestro país se llama Bolivia.
El cocalero Morales con su mente absolutista y despótica –recordemos que Montesquieu señala “que el despotismo era un hecho inevitable cuando el poder político era ejercido por una sola persona, por lo cual era necesario dividir el ejercicio de poder en diferentes órganos”–, incumplió el Art.172, que establece que “El presidente debe cumplir y hacer cumplir la Constitución” y se burló del Referéndum del 21 de febrero de 2016, consulta en la que el Soberano dijo NO a su repostulación. Pero ante la angurria de poder del cocalero Morales, su entorno palaciego le hizo creer que es onmipotente y se convirtió en dictador al no aceptar el rechazo a su reelección indefinida en la mencionada consulta popular. Por otra parte, el Tribunal Constitucional, sometido al poder público, aprueba la Resolución Inconstitucional 0084/2017, en la que dispone que “es un derecho humano la reelección”, basado en el Art. 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, argumento usado para sustentar la repostulación de Morales en 2019.
Ante el abuso de poder del gobierno de Morales, en marzo de 2019 el soberano inició una campaña de recolección de firmas de la población, plasmada en Libros de Actas con la Carta que fue remitida a la República de Colombia y a la República Federativa de Brasil, solicitándoles que pidan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la “Opinión Consultiva respecto al Art. 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y si está habilitada la Reelección Indefinida”, en marzo de 2019.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos debería deliberar sobre la reelección indefinida, es decir, tomar en cuenta la solicitud de Opinión Consultiva relacionada con la figura de la reelección presidencial indefinida, en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tal pedido fue activado por el gobierno colombiano a la CIDH para dilucidar “si el derecho de un Presidente a ser reelegido en forma indefinida constituye un derecho humano protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos y cuáles son las consecuencias de dicha situación”. El presidente Iván Duque expresó su intención de elevar esta consulta, porque consideró que esa interpretación de que la reelección indefinida es un derecho lleva a las “dictocracias”.
La CIDH debe declarar que la reelección NO es un Derecho Humano, y corresponde anular la Resolución Inconstitucional 0084/2017 emitida por el Tribunal Constitucional, restablecer el Art. 168 de la Constitución que anularon sin tener competencia e iniciar el juicio de responsabilidades a los magistrados que violaron la Constitución y a Evo Morales por incumplimiento de deberes, porque se presentó a las elecciones de 2019 ocasionando daño económico al Estado, por el referéndum del 21F que costó Bs.166 millones, elecciones primarias Bs.27 millones y del 20 de octubre Bs.217 millones, en total Bs.410 millones, para procesos electorales que no tuvieron efecto político. Por el contrario, se realizó el megafraude espectacular, por el gobierno despótico del cocalero, por lo que los veedores electorales internacionales pidieron la anularon de las elecciones del año 2019.