Un nuevo caso de corrupción indigna a la opinión publica boliviana. Qué es lo que falla para que casi todos los gobiernos tengan estos escándalos con personajes del más alto nivel del estado que se involucran en estos hechos, afectando al conjunto del sistema político. En mi opinión, uno de los mayores problemas es un Estado que no solo genera un entorno que favorece la corrupción, sino que garantiza su impunidad. Es vergonzoso que los pocos casos que se han procesado y sentenciado en los últimos años corresponden a investigaciones en el exterior.

En nuestro país, una reciente investigación publicada por la Fundación Milenio, titulada El capital corrosivo en Bolivia y los retos de la buena gobernanza, nos ofrece varias respuestas para enfrentar este problema estructural que afecta a nuestra sociedad y a nuestro futuro, pues corroe nuestra democracia y destruye las posibilidades de progreso y desarrollo que nos permitieran superar la pobreza que afecta a gran parte de la población. Sus autores son Henry Oporto, Napoleón Pacheco, José Luis Evia y Antonio Pérez Velasco.

Los autores definen al capital corrosivo como la presencia de capitales pertenecientes o vinculados a estados no democráticos que aprovechan la debilidad del sistema institucional y de la seguridad jurídica en otro país para hacer negocios mientras apoyan a los gobiernos autoritarios y populistas manteniendo esa debilidad y contribuyendo a prorrogar su poder.

Estos capitales pueden ser canalizados como inversiones directas, contrataciones o créditos. En el caso boliviano, prácticamente no hubo inversiones y la mayoría de los ingresos de capital corrosivo se dieron mediante la otorgación de créditos condicionados a la contratación de empresas del país que presta el dinero, a las que en muchos casos se contrató directamente sin licitaciones. Peor aún, la mayor parte de estos contratos se financiaron con recursos públicos bolivianos mediante préstamos del Banco Central de Bolivia.

La cuantificación de estas contrataciones alcanza a miles de millones de dólares, gastados en proyectos por los cuales el país se ha endeudado sin que estén rindiendo ingresos significativos y quizás nunca tengan utilidades, pues gran parte de ellos se decidieron sin estudios previos de factibilidad.

La citada investigación describe detalladamente como se aprobaron una serie de normas que distorsionaron el sistema de compras estatales favoreciendo la adjudicación directa de contratos y la habilitación de empresas cuya principal especialidad era ganar contratos sin mayor experiencia técnica.

La agenda de reformas que presenta el estudio de la Fundación Milenio marca una hoja de ruta para luchar contra la corrupción: institucionalizar el sistema de contratación de bienes y servicios mediante una ley de contrataciones estatales, aprobar una ley de transparencia y acceso a la información pública, profesionalizar la función pública, crear reguladores independientes y especializados, reordenar las empresas públicas, modificar el Código de Comercio para evitar sociedades multipropósitos que se crean y se cierran con las gestiones de gobiernos, redefinir la política exterior para atraer inversión extranjera competitiva y portadora de buenas prácticas empresariales.

También se le podría aumentar a esta agenda la digitalización de los trámites ante las oficinas públicas y de los procedimientos de contratación para minimizar el riesgo de manipulación burocrática de los procesos.

Tomé la idea del capital corrosivo para plantear que tenemos un Estado Corrosivo que debe ser reformado urgentemente sino queremos seguir lamentando estos escándalos de corrupción que afectan a todos los niveles de la administración pública. De lo contrario, pareciera que la única solución será pedir ayuda internacional para que se investiguen los casos de corrupción y no queden en la impunidad, como ya le sucedió a Guatemala que tuvo que pedir a las Naciones Unidas que se encargue de la investigación y denuncia de los mismos.

*Ha sido presidente del Senado y ministro de Economía.