Luego de haber conseguido que el Ministerio Público incluya a la expresidenta Jeanine Añez y a todo su gabinete en las pesquisas por la compra irregular de gases lacrimógenos y armamento no letal, el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) busca  que también sean incluidos en las investigaciones organizaciones y líderes que se movilizaron en 2019 contra el fraude electoral y la exigencia de nuevas elecciones.

Representantes de la oposición y protagonistas de esas protestas sociales consideran que el objetivo es utilizar este caso en una suerte de revancha, con el objetivo de alimentar la narrativa de que hubo un golpe de Estado y no un fraude.

Los oficialistas consideran que la investigación debe extenderse al Comité Pro Santa Cruz, al Concejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), a líderes como el excívico y ahora gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, y el jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina.

El senador del MAS Leonardo Loza dijo este martes que la investigación debe ser extendida a Doria Medina y a Camacho porque el primero supuestamente fue quien llevó a Arturo Murillo al Ministerio de Gobierno y el segundo por haber liderado el “golpe de Estado” que llevó a que luego se cometan los hechos de corrupción.

“No solo han orquestado el golpe de Estado, sé que se han distribuido, se han repartido los cargos. Y ahora, que cuando aparecen grandes hechos de corrupción digan que ellos no han sido, creo que eso es absurdo. El pueblo es testigo”, afirmó.

Murillo es el principal investigado por un sobreprecio de   2,3 millones de dólares que pagó el Estado por la compra de los gases lacrimógenos y armamento no letal en 2019, avalado por tres decretos firmados por Añez y su gabinete.

Antes, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, dijo que las pesquisas deben también extenderse al Conade y al Comité Pro Santa Cruz.  “Son organizaciones sociales que ustedes conocen, por ejemplo la organización del señor Waldo Albarracín, el Conade, que defendía (a Arturo Murillo) a raja tabla, también puedo sindicar claramente al Comité Cívico de Santa Cruz; entonces esta gente protagonizó un paro para robar al Estado boliviano”, afirmó. Planteó que la Fiscalía emita citaciones.

Rómulo Calvo, presidente de los cívicos cruceños, dijo que la pretensión de involucrar a esta institución con hechos de corrupción es parte de una estrategia política para insistir con la narrativa del golpe. “Nosotros en ningún momento socapamos de ninguna forma los delitos cometidos, somos los que siempre hemos estado demandando que el Ministerio Público actúe contra ellos”, aseveró y considero que Murillo fue “michi” (chico) en sus actos de corrupción, en comparación con lo que hicieron el expresidente Evo Morales o la exministra Nemesia Achacollo.

De igual forma, la excanciller Karen Longaric, quien ya fue citada a declarar como testigo en este caso, opinó que el verdadero objetivo del Gobierno es buscar desacreditar a la gestión pasada para justificar  su retórica de golpe, utilizando para ello a la justicia.

Alejandra Serrate, activista y cofundadora de la plataforma Resistencia Femenina, recordó que las movilizaciones de 2019 fueron para reconstruir el Estado de derecho y no para llevar a Jeanine Añez al poder y menos para avalar los actos irregulares que pudo cometer ese gobierno.

“Son cosas totalmente distintas, hechos históricos totalmente distintos, independientes el uno del otro (…) Las protestas de los 21 días no fueron  organizadas ni por Añez ni por Murillo y por eso celebro que vaya a la cárcel quien tenga que ir cuando rompe la ley”.

Longaric no declaró, está en Chile; citan a los otros exministros

Debido a que se encuentra en Chile trabajando en un programa académico, la excanciller Karen Longaric no se presentó este martes a declarar como testigo en el caso de los decretos aprobados para la compra de gases lacrimógenos y material antidisturbios en 2019. Mientras, la Fiscalía comenzó a emitir las citaciones para que presten declaraciones otros 15 exministros y la expresidenta Jeanine Añez.

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Alberto Aguilar, confirmó que se encuentra en el vecino país, al que habría llegado el 30 de marzo, justamente por asuntos laborales. “Está en Chile y ha solicitado prestar unas declaraciones vía Zoom, en todo caso ella tiene que presentarse ante el Ministerio Público mediante un memorial solicitando aquello”, informó.

La propia Longaric se contactó con los periodistas en La Paz para informar que se encuentra trabajando en un programa de investigación y que retornará al país una vez concluya ese compromiso.

Respecto a los otros 15 exministros que deberían declarar como testigos en este caso, Aguilar dijo  que “la Felcc ya está recibiendo las notificaciones que están siendo emanadas por el Ministerio Público para que se dé cumplimiento con las notificaciones, principalmente a los exministros de la expresidenta  Añez”. 

La solicitud para que las exautoridades sean citadas a declarar fue presentada a la Fiscalía  el lunes por el Ministerio de Justicia.

El Estado asumiría acciones en  WTC

El Estado asumirá las acciones que tenía el empresario Philip Lichtenfeld (implicado en el caso de soborno y lavado de dinero por la compra de gases lacrimógenos) en el proyecto de construcción del World Trade Center (WTC) en Santa Cruz, informó ayer el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

“Entiendo que a la justicia boliviana no le interesa intervenir el World Trade Center  para desincentivar los proyectos inmobiliarios en el departamento de Santa Cruz  o  del país. Tengo entendido que la justicia boliviana va a pedir que las acciones pertenecientes al señor Lichtenfeld puedan ser devueltas al Estado boliviano, se están generando los mecanismos de cooperación para que esto pueda suceder en los próximos días”, anunció en declaraciones a la red ATB.

De acuerdo con las investigaciones realizadas en este caso, el empresario, quien ahora es procesado en Estados Unidos por soborno y lavado de dinero, habría destinado a ese proyecto inmobiliario la suma de  920 mil dólares provenientes del negociado por la compra de los agentes químicos.

Del Castillo anunció además que se organizarán nuevos allanamientos en este caso, en el que  ya se realizaron una decena.

“Se han realizado más de una decena de allanamientos a nivel nacional, especialmente en departamentos del eje central del país, sin embargo, manifestamos que van a continuar una serie de allanamientos pendientes para ver si encontramos más elementos de convicción de personas que hayan participado en este clan mafioso de la corrupción”, anunció Del Castillo.