Activistas del país se declararon en emergencia porque consideran que el Gobierno inició una “persecución política”. El representante de la plataforma 21-F, Guillermo Paz, manifestó a EL DIARIO que el próximo 1 de junio, cuatro activistas deberán declarar en la Fiscalía por pedir la renuncia de la Defensora del Pueblo.

“El Gobierno está empezando a presionar, esta es la parte dos de la persecución política, la primera fue con los políticos y ahora está yendo contra los activistas. El Gobierno no debería mezclar lo que es un tema legal con uno que es netamente cívico, porque hemos salido a la calle pacíficamente pidiendo justicia y democracia y el Gobierno ahora usa cualquier cosa para tratar de involucrar a los activistas”, dijo.

En criterio de Paz, lo que el Gobierno busca es sembrar miedo en la población para que no vuelva a salir a las calles.

“Nosotros estamos atentos como activistas al proceder del Gobierno y que no se confunda, que no trate de amedrentar a la población que hemos salido pacíficamente. Todos los ciudadanos tenemos el derecho de pedir la renuncia de las autoridades, en este caso de la Defensora del Pueblo, que todos sabemos que representa al Movimiento al Socialismo (MAS) y no al pueblo como tendría que ser”, puntualizó.

En entrevistas anteriores, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Beto Astorga, manifestó que el Gobierno inició una tercera etapa de “persecución política”, en contra de activistas y pidió a las plataformas ciudadanas que se declaren en estado de emergencia.

“Una primera etapa de persecución política fue contra la expresidenta Jeanine Añez y exministros, una segunda etapa donde se pretende culpar a militares y policías. Ahora se produce una tercera etapa donde están los activistas”, señaló Astorga.

A través de las redes sociales, el jueves se conoció una orden de citación firmada por el fiscal Marcos Villa, contra la representante de las esposas de policías, Guadalupe Cárdenas, la abogada Paola Barriga y la comunicadora Melisa Ibarra, las tres conocidas además por sus actividades en defensa de las mujeres, niños y derechos humanos, sindicadas de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, atentados contra la libertad de trabajo y amenazas.

En contacto con EL DIARIO, Cárdenas aclaró que la citación responde a una denuncia de la defensora del pueblo, Nadia Cruz, y no al Ministerio de Defensa, como se lee en la citación.

Cárdenas que, además, es embajadora de los derechos humanos a nivel mundial, aseguró que no participó de ninguna “toma” de los predios de la Defensoría del Pueblo, como la denuncian, porque estaba al cuidado de su nieta.

“Yo pasé por ahí y al verlas me acerqué a felicitarlas, no participe porque estaba con mi nieta, de haber podido, quizá me hubiera unido a ellas”, dijo.

A través de sus redes sociales, Ibarra calificó la citación como una persecución política.

“Tercera denuncia contra mi persona, (como no es sostenible el cuentito del auto, se inventan otra cosa). Estoy junto a Guadalupe Cárdenas y Paola Barriga. ¿Qué le enojó más a los tiranos?. 1) Que esté en la lucha. 2) Que denuncie sus mentiras. 3) Que denuncie los sacrificios de niños vivos en Bolivia?. Tendrá sentido defenderse contra el MAS? Para qué?” (sic), escribió en sus redes sociales.

EL HECHO

En noviembre de 2019, un grupo de activistas realizó una vigilia en puertas de la Defensoría del Pueblo exigiendo la renuncia de su titular Nadia Cruz, luego de su participación en el cabildo cocalero en Sacaba, Cochabamba.

En la oportunidad, Cruz dijo que acudió a ese encuentro a solicitud del Ministerio de la Presidencia, justamente para explicar los alcances del diálogo y acuerdo con el Gobierno con la finalidad de que levanten sus medidas de presión en pos de la pacificación tras la violencia desatada por la dimisión de Evo Morales.