La opinión pública tiene una valoración negativa de las instituciones y las autoridades administradoras de justicia (jueces, fiscales y policías). De manera coincidente, el Parlamento Europeo y tres organismos internacionales “recomendaron” a Bolivia realizar una reforma judicial.

La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) “recomendó” reformar la justicia, indicando que se desarrolle una reforma estructural al sistema de justicia, en particular, para asegurar su independencia y el respeto al debido proceso. Esta reforma debe incluir un diagnóstico profundo del sistema de justicia penal; revisar el proceso de selección de jueces, fiscales y fiscal general y adoptar una ley sobre la carrera judicial.

Por su parte, Human Rights Watch (HRW) publicó el informe la justicia como arma: “Persecución Política en Bolivia”. “recomendando” reformar la justicia para garantizar su independencia, comenzando por abrir un proceso público participativo que promueva e incluya las perspectivas de todos los partidos políticos, de miembros de la sociedad civil y de organizaciones que trabajen en la reforma del sistema de justicia, así como de expertos internacionales en la materia.

Prueba de que la justicia está políticamente controlada, está la Sentencia 0012/2021 de 11 de marzo que declaró la inconstitucionalidad de los juicios en rebeldía, fue negada por el presidente del TCP Paul Franco el 8 de mayo. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Olvis Egüez, justificó que dicho fallo del TCP “en lo formal es inexistente” debido a que no se ha notificado con el mismo y tampoco está publicado en la página digital oficial del Tribunal.

La exdiputada Norma Piérola, accionante que obtuvo la señalada Sentencia, dijo que se apersonó al TCP y ante su reclamo le indicaron que no estaban autorizados para notificarle y que vuelva. Empero, pudo obtener una copia del fallo, que conlleva número de sentencia y las firmas de los magistrados.

Al respecto, el Ministro de Justicia, Iván Lima, públicamente señaló que no es la mejor noticia para el Gobierno, porque no se podrá procesar a acusados de corrupción, como el exministro Arturo Murillo. Paralelamente, la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, aprobó un informe de juicio de responsabilidades contra el expresidente Sánchez de Lozada, proceso que data de hace 17 años. Así como, otros dos juicios y hay una veintena en agenda.

El latente grado de sumisión de los máximos tribunales de justicia causa lastima, toda vez que estos olvidan que con la sentencia que están indebidamente negando o sin ella, no tiene razón de vetarla ya que por imperio de los arts. 310.IV; 256 y 410 de la Constitución Política del Estado (primacía de los pactos sobre derechos fundamentales sobre la Constitución) donde el “art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica “prohíbe cualquier juicio en ausencia del imputado”.

De los descritos antecedentes, constatamos una concomitancia entre las necesidades políticas de procesar exautoridades y la denegada Sentencia por parte del TCP, denota una notoria “coincidencia” que nos lleva a concordar con las “sugerencias” expresadas al gobierno boliviano por parte de los descritos organismos internacionales que piden cambiar la justicia boliviana.

De esta manera y siendo que el art. 182 de la Constitución Política del Estado previene que los magistrados de Bolivia deber ser electos por sufragio universal, donde la Asamblea Legislativa Plurinacional mediante dos tercios de sus miembros presentes elije los aspirantes y remite al Tribunal Supremo Electoral – TSE para que efectúe el proceso de elección.

Consiguientemente y toda vez que las funciones de los actuales juristas fenecerán en el año 2023, ante la politización y por ende, el descredito general de las instituciones públicas (universidad y Colegio de Abogados), atendiendo el clamoroso pedido social y las descritas sugerencias de organismos internacionales, visando un cambio real en la administración de justicia y que dicha mudanza no sea escamoteada por la clase política que desde hace 39 años utilizan diversas figuras jurídicas distractivas como el voto universal de magistrados; la creación del Tribunal Constitucional Plurinacional; el Defensor del pueblo; el Consejo de la Judicatura y otros, dejando para si las prerrogativas de escogerlos para obtener obediencia ciega.

Sugerimos que en la próxima escogida de candidatos a magistrados y previo a ser remitidos a la Asamblea Plurinacional para su oficialización ante el TSE sea con el tamiz de la iglesia y con la finalidad de que sea esta la garante del nombramiento de probos juristas; históricamente convocada a resolver las mayores crisis políticas vividas por la República.

Concluyentemente y después de la votación popular y legal nombramiento, de ahí en adelante, los magistrados elegidos sean los que elijan a los vocales y estos a los jueces ordinarios y demás funcionarios judiciales. Solo así apartaremos las manos de los políticos de la justicia. Resaltando que también es imperioso que el erario nacional suba del miserable 0,50% del Presupuesto General de la Nación a un mínimo del 2%, que solo pueden ser administrados por el Consejo de la Judicatura.