La frecuencia de los actos de corrupción de funcionarios públicos en Bolivia, ya no sorprenden a nadie. Estos eran –y son– tolerados por el Gobierno y la administración de justicia, y practicados por funcionarios del Estado.

Desde la pasada semana es noticia principal el encarcelamiento en Estados Unidos del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, por orden de las autoridades estadounidenses. El cargo es haber recibido coima en la compra de agentes químicos y lavado de dinero.

La frecuencia de actos de corrupción en Bolivia esta vez captó la atención general, pese a que hubo actos mucho más graves durante los 14 años (2006-2019) del gobierno del Movimiento al Socialismo. Un ejemplo: el escandaloso fraude en el Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y la curiosa libertad que muchas veces se concedió a la culpable principal: la exministra Achacollo.

Por supuesto que ahora hay pedidos de mano dura en este caso; que se exija la extradición del señor Murillo y sus cómplices para que sean juzgados en Bolivia, como si ahora, actuando como corresponde, se fueran a lavar todos los escandalosos actos cometidos anteriormente.

Por otra parte, se advierte regocijo en círculos oficiales por este acto de corrupción. Se piensa, seguramente, que así se olvidará la larguísima lista de hechos delincuenciales que nunca fueron juzgados por decisión de los altos funcionarios del Gobierno de entonces. Hay que dejar constancia de que nadie, en ningún tiempo, debe ser perdonado por actos criminosos. Este podría ser, al final, uno de estos.

Hay una consideración adicional: el oficialismo quiere que se piense que el Gobierno transitorio fue corrupto. Eso ya es una demasía. Sí, hubo actos de corrupción, pero nunca fueron cohonestados como en un período anterior.

Sin embargo, hay casos en que el sujeto a ser juzgado cometió delitos en el país al que se requiere su entrega. Esto sucede con el exministro Murillo. Fue detenido en Estados Unidos por delitos cometidos en ese país: soborno y lavado de dinero. Esto no ha sido tomado en consideración por la Fiscalía boliviana que se apresta a pedir la extradición del inculpado. Los tratados internacionales entre los países de América no incluyen reglas claras para estos casos. Sin embargo, no sería difícil de entender que un país, quiera punir al delincuente por lo cometido en su territorio antes de que este sea extraditado.

Lo más grave de esto es que no está circunscrito a un solo caso de corrupción, sino a una práctica generalizada. Se trata también de casos de inmoralidad personal. Pero cuando se vuelve una regla en la función pública, el daño que se hace a la sociedad es inmenso: se comienza a creer que el funcionario honrado fue un tonto al no haber aprovechado su función para enriquecerse.

Sobre los daños a la sociedad que ocasiona la corrupción, el mexicano Manuel Sánchez Medrano, afirma: “La corrupción representa un serio obstáculo para alcanzar mayores niveles de bienestar. La identificación correcta de sus causas debería orientar la estrategia para su combate”. (Los daños de la corrupción, El Financiero, 12.07.2017)

En Bolivia, esa identificación es urgente