La Constitución Política del Estado promulgada en 1826 expresó: “Cada poder ejercerá las atribuciones que le señala esta Constitución, sin excederse de sus límites respectivos”. Una declaración semejante está expuesta en los textos constitucionales de 1831 y 1834.

La expresión “independencia” figura por primera vez en la versión de 1839. En la reforma de 1851 aparece más clara su principal característica, pues señala: “La separación e independencia de estos poderes es la primera y esencial condición de su gobierno”.

Es notable el hecho de que el primero en sostener que para los gobernantes el término “independencia” en relación al Poder Judicial es “palabra vana”, haya sido el célebre Casimiro Olañeta, siempre denigrado como político desleal. En ejercicio de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, al inaugurar el año judicial de 1859, expresó: “mueren las garantías y no queda más que el Poder Judicial semejante a buque desmantelado, combatido por oleadas furiosas en tempestad bravía. En ese momento de aflicción es cuando la patria exige a sus magistrados fortaleza en el alma”. Fue el primero, pero desde entonces muchos ministros de la Corte Suprema de Justicia defendieron la prerrogativa de ejercer su misión con independencia del poder político.

No solamente ellos, sino también vocales de las Cortes Departamentales de Justicia y jueces de los distintos Distritos Judiciales, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Hoy, durante el actual régimen iniciado el año 2006, algunos prefirieron renunciar a sus funciones para no actuar en contra de la ley y su consciencia.

Son principalmente los magistrados y jueces en materia penal, quienes caen en las redes de gobernantes que quieren engancharlos en sus huestes para amedrentar a los opositores. La mala fama de ese sector hiere a funcionarios de las otras áreas del Derecho que se sienten enlodados como si hubieran prevaricado.

Para logro de la independencia del sistema de administración de justicia, magistrados, jueces, abogados y fiscales deben participar como guías y conductores en el plan ya trazado para extraer de la órbita del Poder Legislativo, mediante consulta popular, la atribución de seleccionar a postulantes al Poder Judicial, para los fines del voto popular.

Es necesario alcanzar ese propósito antes del año 2023 en que se realizará el acto electoral para designación de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Judicatura,

El autor es abogado