Bolivia, junto a Venezuela y Suriman, es uno de los pocos países de América Latina que no cuenta con una ley de acceso a la información pública. A pesar de que se han debatido al menos cinco proyectos de ley en esta materia y que el actual ministro Iván Lima ofreció al inicio de su gestión que el país contaría con una normativa, ninguna de las propuestas ha avanzado y seguramente no avanzará. La razón es clara, al gobierno actual, como a los anteriores, no les interesa allanar el acceso a la información  que, pese a ser –como su nombre lo indica- para el   público, es decir, para la ciudadanía, es una de las mejores herramientas para la opacidad y la falta de transparencia que tanto aprecian los gobernantes.

En un sistema democrático, todas las personas tienen derecho a pedir y recibir información que les permita participar en los asuntos públicos y controlar las acciones del Estado, con el fin de que la gestión sea transparente.

El derecho de acceso a la información se reconoce a partir del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En el seno de las Naciones Unidas se afirma que es un derecho humano fundamental y piedra angular de todas las libertades y abarca el derecho a juntar, transmitir y publicar información.

Si bien la Constitución boliviana aprobada en 2009 reconoce el acceso a la información pública como un derecho fundamental, lamentablemente este precepto no ha tenido un desarrollo normativo que permita contribuir a su ejercicio.

Por el contrario, los funcionarios públicos de todo rango han hecho de la restricción a esta información un atributo y una constante. Son los periodistas quienes más pueden evidenciar aquello, pues en cumplimiento de su función de informar  buscan información de instituciones o autoridades sin éxito alguno. 

Sin embargo, no son solamente los periodistas quienes tropiezan con este problema, sino cualquier ciudadano que busca datos en, por ejemplo, los sitios web de las entidades del Estado.  

Una investigación de la periodista María Silvia Trigo, de Bolivia Verifica, demuestra que ningún ministerio en Bolivia incluye en su página web todos los estándares de transparencia previstos en una guía elaborada por el gobierno hace casi diez años. 

Según ese reporte, realizado en las páginas web de los ministerios, ninguno de ellos cumple con brindar información relevante sobre la gestión pública. 

Entre los parámetros investigados por la periodista, “hay cuestiones financieras y de planificación, como el Programa Operativo Anual o el presupuesto ministerial, pero solo la mitad de las instituciones tiene la información actualizada. Cuatro ministerios tienen disponible su nómina de personal, tres difunden las convocatorias en su página y la mitad del gabinete transparenta la escala salarial. Los vacíos informativos llegan incluso al perfil de las autoridades: solo nueve de 17 instituciones tienen información sobre el ministro en funciones. Con excepción de un ministerio, ninguno tiene publicadas investigaciones y solo cuatro tienen información estadística disponible, aunque no toda es de acceso abierto. Por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene estudios estadísticos que únicamente se pueden descargar en formatos como jpg o pdf, es decir que no pueden ser procesados, a diferencia por ejemplo del Ministerio de Desarrollo Productivo que ofrece algunos datos abiertos”.

También reporta que algunos ministerios no actualizan sus datos desde 2017.

Mientras el mundo avanza hacia una sociedad de datos abiertos, en Bolivia estamos en retroceso. El MAS evitó aprobar una ley de acceso a la información e instruyó en sustitución la creación de unidades de transparencia en los ministerios, sin embargo, estas nunca han sido efectivas en mejorar el procesamiento y acceso a datos sobre la gestión pública. 

Esta es una deuda imposible de soslayar.  El ministro Lima sostuvo en febrero que “en pocas semanas” el país  dejaría de estar rezagado en este tema, pero como varias de las buenas intenciones de Lima no se ha cumplido. Esperemos que se retome esta iniciativa.