El Gobierno admitió que en el proceso de selección de jueces y vocales que realizó el Consejo de la Magistratura, y en el que participó una comisión del Ministerio de Justicia, se presentaron  irregularidades. Mientras en la Asamblea Legislativa aumentaron los pedidos de informes sobre la reciente designación de  nuevos jueces.

“Como antecedente de casos que deberían motivar a una elección más transparente de autoridades judiciales, recordamos que una candidata a jueza fue sorprendida con las respuestas del examen de postulación anotadas en la palma de la mano. Anteriormente, se constató la circulación entre aspirantes (a vocales) de la batería de soluciones a una prueba; hecho que derivó en la suspensión del examen de admisión”, señala un comunicado del Ministerio de Justicia.

La polémica que desató la designación como juez 13 de Sentencia del exfiscal departamental, Edwin Blanco, acusado de culpar sin pruebas al médico Jhiery Fernández en el caso del bebé Alexander, también reveló la designación como nuevos jueces de otros abogados cuestionados y generó críticas de diputados y senadores del MAS y de la oposición. La mayoría de los legisladores apuntan a una petición de informe o a interpelaciones a los magistrados Omar Michel, Dolka Gómez y Gonzalo Alcón.

Entre los cuestionados, por otros jueces, vocales y abogados que participaron en la convocatoria de la Magistratura, aparecen los nombres de un exdetenido, afines al oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) y exfiscales denunciados por montar casos.

“De manera personal no estoy de acuerdo en la designación del juez Franz Zavaleta, fue denunciado varias veces en la ciudad de El Alto y en Chulumani. No entendemos por qué la Magistratura ha designado a estas personas denunciadas (…) No queremos entrar en un tema de injerencia, pero las comisiones de justicia plural de las cámara de Senadores y de Diputados van a solicitar informes y los magistrados deben dar explicaciones”, afirmó, por ejemplo,  la senadora del MAS y exministra de Justicia Virginia Velasco.

Recordó que  en su momento  las “víctimas” del ahora juez de La Paz, la contactaron y denunciaron que mientras era juez en El Alto tenía más de 20 denuncias en la Magistratura y al menos otras 10 en la Fiscalía, sobre las    que pidieron alguna explicación oficial de su estado.

Zavaleta estuvo detenido preventivamente por un caso de supuesto consumo de bebidas alcohólicas con un litigante en su juzgado. En una carta a este medio, en pasadas semanas, quien ahora ocupa el cargo de juez segundo Anticorrupción de La Paz, afirmó que dicho caso fue desestimado por la Magistratura y la Fiscalía porque nunca se logró probar el origen del video en el que supuestamente aparece en estado inconveniente.

“Puede ser que hayan rechazado o exista sobreseimiento en uno o dos casos, pero en tantos no creo que se repita lo mismo, la Fiscalía debe informar al pueblo boliviano (…) Se debería tener más cuidado en la selección de profesionales, hombres y mujeres probos para estos cargos”, insistió  Velasco.

En otro caso, el nuevo juez primero cautelar de El Alto, Marco Antonio Amaru, imputado por peculado a denuncia de la Magistratura (que no apeló el cierre del proceso), aparece en fotografías entregando material de campaña al entonces candidato a la presidencia por el MAS, Luis Arce, y junto al actual procurador general  del Estado y exabogado de Evo Morales  Wilfredo Chávez, cuando el ejercicio ético  cuestiona la militancia partidaria.

Por otro lado, el exfiscal anticorrupción, Javier Flores Mamani, ahora designado como juez tercero de Sentencia y el exfiscal Blanco, fue denunciado, junto a otras cuatro personas, por montar un caso contra el exjefe del Departamento Especial de Lucha Contra la Corrupción (Delcc), Freddy Valda, a quien sindicaron de realizar un operativo de forma ilegal. El caso contra los fiscales fue rechazado en la gestión de Blanco, pero  el policía aún permanece procesado en etapa de juicio.

Blanco y los exfiscales anticorrupción  también son cuestionados por direccionar casos que implicaban a exautoridades del gobierno de Evo Morales, debido a que estuvieron a cargo del proceso que se siguió contra su expareja  Gabriela Zapata, en el que nunca se investigó el supuesto tráfico de influencias por el que se concedieron millonarios contratos en favor de la empresa china CAMC, en la que ella trabajaba.

El exfiscal del caso Alexander (Blanco), junto a su colega Susana Boyán y el exfiscal general  Ramiro Guerrero  son señalados por el médico Jhiery Fernández por encubrir los errores de la forense Ángela Yarmila Mora y encarcelarlo, pese a que conocían que él era inocente. Por ello el Ministerio Público  activó una investigación.

Abogados que postularon a jueces y lograron mejores calificaciones que los elegidos, pero fueron desestimados por la Magistratura, piden que se investiguen las denuncias de favores políticos y el pago de sumas de dinero a autoridades afines a  Morales que, según dicen, sellan  acuerdos en fiestas.