El racismo en Bolivia se mantiene como cuestión pendiente pese a los esfuerzos estatales por dotar al país con un marco normativo para combatirlo e inclusive declarar un día especifico para reprochar consignas contrarias a una discriminación de larga data. 

"No es un día de celebración" sino "para reivindicar nuestro origen y no permitir nunca más que las personas sean agredidas, humilladas y sometidas por su origen", manifestó este lunes la ministra de Trabajo, Verónica Navia, durante un acto en Sucre, la capital de Bolivia, donde se conmemoró el Día Contra la Discriminación y el Racismo. 

Antecedentes de la jornada

La declaración de un día destinado a la lucha contra el racismo y la discriminación se remonta a las tensiones sociales que emergieron durante la Asamblea Constituyente en 2008 que se desarrollaba en Sucre. 

Justamente un 24 de mayo se produjo un suceso en el que un grupo de campesinos, señalados de ser del Movimiento al Socialismo (MAS), fue obligado a marchar casi desnudos, arrodillarse y hacer juramentos contrarios a su voluntad y besar la bandera de Chuquisaca. 

Ese suceso derivó en procesos penales e investigaciones contra los acusados, entre ellos varios de los líderes del movimiento cívico del departamento de Chuquisaca. 

Un año después, el Gobierno del entonces presidente Evo Morales dictó un decreto que declaró el 24 de mayo como el Día contra la Discriminación y el Racismo, que luego se convirtió en ley y en 2010 una norma con la que se tipifica y se sancionan esas prácticas. 

Orígenes y rasgos

Para el investigador Rafael Loayza los antecedentes de las diferencias entre blancos y mestizos e indígenas está en "la herencia de la distribución diferenciada del trabajo" de la Bolivia "poscolonial". 

Esto generó una visión que asume que existe más posibilidad de que alguien sea pobre "porque tiene un ascendiente étnico" que de un otro que no lo tenga, algo que ha generado una "tensión racial en la interacción pública rutinaria", señaló el experto a Efe. 

Para Loayza "no se ha eliminado esa diferencia" a pesar de todas las reformas en la historia de Bolivia que incluyen también aquellas que nacieron a la luz del Estado Plurinacional desde la promulgación de una nueva Constitución en 2009. 

"El racismo persiste, pero ha pasado de la interacción rutinaria hacia la política y se ha ideologizado", remarcó. 

Loayza sostiene que es cuando el racismo pasa a ser una "estrategia o en una herramienta política para aumentar la división y es (en el fondo) una estrategia electoral" y que se ha hecho más evidente en el último tiempo a pesar de tener un Gobierno indigenista. 

Tensiones tras la crisis de 2019

Esta confrontación social ha recrudecido con la crisis social y política que el país afrontó en 2019 con las elecciones fallidas de ese año y la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, tras denunciar un supuesto golpe de Estado en su contra. 

La efervescencia social contrapuso a dos bandos marcados por una posición sociocultural: una clase media movilizada que acusaba al expresidente de haber perpetrado un fraude para mantenerse en el poder y otro sector étnico-popular que se manifestó cuando la expresidenta interina Jeanine Áñez asumió la Presidencia. 

Esas tensiones que se mantuvieron en el ámbito político incluso han revitalizado a sectores conservadores antagónicos al gobernante MAS como los del ex líder cívico y Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, o del exdiputado Horacio Poppe en Chuquisaca que plantea el retorno a la "república", precisó Loayza. 

A su juicio, aquello que está a modo de "fermento" del racismo es "la diferencia basada en el ingreso" o la condición de pobreza de algunos grupos y no las diferencias culturales en cuanto tales. 

Según un reporte de la Defensoría del Pueblo, en los primeros cuatro meses del año ha dado cuenta de 194 denuncias por algún tipo de discriminación, la mayor parte hechas por grupos en condición de vulnerabilidad como mujeres, adultos mayores y niños y adolescentes. 

El 25 % de esas denuncias están relacionadas a cuestiones de identidad, el 17 % por el acceso a justicia, 14 % por reclamos de derechos laborales, 11 por protección en la familia.