Los cancilleres de Chile y Bolivia, Andrés Allamand y Rogelio Mayta, respectivamente, se reunieron ayer en Ecuador, en el marco de la toma de posesión del presidente Guillermo Lasso, para avanzar en la "normalización" de las relaciones bilaterales, rotas desde 1978.

Tras la reunión, ambos ministros destacaron en sus cuentas de Twitter que el diálogo es la piedra angular de la hoja de ruta que anunciaron el pasado 7 de mayo para recomponer su compleja relación.

"A través del diálogo podremos construir confianzas y un futuro en beneficio de Chile y Bolivia", indicó Allamand.

"Ambos coincidimos en que el diálogo constructivo es el instrumento idóneo para el fortalecimiento de los vínculos bilaterales acordados en la hoja de ruta 2021", agregó Mayta.

La relación bilateral entre Bolivia y Chile está suspendida a nivel de embajadores desde 1962, con un breve paréntesis entre 1975 y 1978, a causa de la histórica controversia por el reclamo marítimo boliviano.

Ambos países se enfrentaron en la llamada Guerra del Pacífico (1879-1884), en la que Bolivia perdió el desierto de Atacama, lo que le supuso la pérdida de al menos 400 kilómetros de costa y se ratificó con el denominado Tratado de Paz y Amistad (1904).

Durante el primer Gobierno de la socialista chilena Michelle Bachelet (2006-2010), las relaciones mejoraron un poco, pero la disputa se intensificó en 2013, cuando el expresidente Evo Morales presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya una demanda que buscaba obligar a Chile a negociar un acceso soberano al Océano Pacífico.

El máximo tribunal, sin embargo, dictaminó en octubre de 2018 en un histórico fallo que Chile no tiene obligación legal de negociar, aunque instó al diálogo entre ambos.

La hoja de ruta acordada entre Bolivia y Chile hace dos semanas y a desarrollar este 2021 incluye instancias de trabajo para abordar temas de interés común como fronteras e integración, complementación económica, libre tránsito, medioambiente, turismo, cooperación, cooperación policial o contrabando, entre otros muchos.

El plan, sin embargo, deja de lado la cuestión marítima, aunque el Gobierno del presidente Luis Arce considera esa demanda "irrenunciable".