Medio: ANF
Fecha de la publicación: jueves 21 de junio de 2018
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Democracia representativa
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En la época moderna el concepto de democracia plural basado en la división de poderes, la Constitución y la libertad ciudadana, que se sostiene en el texto de la Constitución y las normas internacionales de los DD.HH., en la medida en que se ve afectada por el abuso del poder político, no habrá jamás una división óptima de los poderes, autonomía funcional de jueces, respeto por la vida humana, racionalidad en la economía y apertura honesta en la solución de problemas reivindicatorios de derechos de los diversos segmentos de la sociedad.
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Opinión
21 de junio de 2018 16:20
De la gloria democrática: Rumbo a la meta del holocausto
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CompartirEn la época moderna el concepto de democracia plural basado en la división de poderes, la Constitución y la libertad ciudadana, que se sostiene en el texto de la Constitución y las normas internacionales de los DD.HH., en la medida en que se ve afectada por el abuso del poder político, no habrá jamás una división óptima de los poderes, autonomía funcional de jueces, respeto por la vida humana, racionalidad en la economía y apertura honesta en la solución de problemas reivindicatorios de derechos de los diversos segmentos de la sociedad.
Así como existen elementos de inestabilidad democrática e irrespeto por el Estado de Derecho, también se combinan en el espectro de los sistemas de gobierno factores inteligentes que a través de cifras tratan de mostrar los nuevos milagros de la economía nacional; en sí, - son travesías únicas de populistas que encarnan el falso mesianismo del bien-.
En Bolivia desde el sistema de gobierno de Evo Morales (MAS) 2006 a 2018, se gastó 152.211 millones de bolivianos (2.182 millones de dólares), de los cuales se destinaron a la construcción de 1.763 canchas 6.353 millones de bolivianos. Las canchas valen como recreación, pasión y salud deportiva, pero no son prioritarias, bastará con citar el stadium Mario Parada en Santa Cruz, un monumento al cemento sin utilidad y retorno de inversión.
Como la educación tiene menor importancia se invirtió el 50% menos que canchas deportivas, disponiendo 3.755 millones de bolivianos en 4.185 escuelas; en salud se construyeron hospitales de primer nivel que demandó la suma de 1.527 millones de bolivianos y en sedes sociales para sindicatos comunitarios originario indígenas campesinos y federaciones en número de 737 obras se gastó una cantidad de 533 millones de bolivianos, sin incluir las donaciones de vehículos para dirigentes y alguna Federación Universitaria.
El Presidente Evo Morales afirmó que para el 2018 invertirá en educación 1.472 millones de bolivianos y para canchas y coliseos 702 millones de bolivianos, pero paradójicamente el mes pasado acaba de anunciar que “El programa Evo Cumple se suspende”. La época dorada del gas y petróleo se fugó y se optó por la construcción de cemento, bonos prebendas y no en proyectos de inversión que genere riqueza y fuentes de trabajo. Sobre esta realidad deficitaria y llena de errores el Senador Oscar Ortíz denunció que “las reservas del país rondan los 4,48 trillones de pies cúbicos de gas (TCF)”, criterio que difiere con el Min. De Hidrocarburos Luís Alberto Sánchez que asume que las reservas alcanzan a 10,45 (TCF), afirmación poco coherente por la declinación productiva de los campos San Alberto y Sábalo.
Los países árabes, Rusia, Ucrania y otros, en busca de incrementar sus mercados para el gas y petróleo han aplicado políticas bilaterales hasta alcanzar negocios rentables, más allá de las diferencias ideológicas que pudieran existir con los países compradores. Este modelo inteligente y rígido de hacer negocios a caudales incuantificables y, además con la capacidad de controlar los precios en el mercado internacional protegiendo sus industrias, no ha sido acogido por Bolivia, que erróneamente tomó la línea de la nacionalización de los hidrocarburos con la frase acuñada por Evo Morales: “Los hidrocarburos son de los bolivianos y no queremos patrones, si las empresas transnacionales desean invertir tendrán que someterse a las reglas de revisión de contratos en 50% iguales”. Y ¿cuál fue el efecto bumerán de la medida política adoptada en mayo de 2008? El gobierno tuvo que enfrentar pagando los fallos de laudos arbitrales internacionales a varias empresas que demandaron indemnización por nacionalización y reversiones, erogando aproximadamente 822 millones de dólares, sin incluir las que están en proceso.
En este orden, la Procuraduría General del Estado devela no haber contado con una estrategia especializada en la defensa de los intereses del país, puesto que todas las conciliaciones y acuerdos se pactaron pos fallo de tribunales arbitrales; la prueba reciente es el acuerdo que sellaron Pablo Menacho Procurador General y el Ministro de Minas el jueves 7 de junio de 2018, pagándole 42,6 millones de dólares a Quiborax y Non Metallic, sin considerar compromisos precedentes que eran más favorables para el Estado. ¿Cuántos millones invirtió Quiborax antes de la reversión para recibir tan jugosa indemnización? Y lo sorprendente es que el acuerdo se pactó con el abogado Andrés Jana representante legal de la empresa y que a su vez es asesor de Chile en la demanda marítima de La Haya; todos estos detalles merecen ser aclarados por el Estado.
Resulta paradójico que la Procuraduría General demande al expresidente Carlos Mesa a pesar de que son respetados los requisitos legales del procedimiento que siguió con la decisión de rescisión de contrato con la Quiborax y Non Metallic, si la finalidad fue la de proteger los intereses del Estado. ¿Por qué existe tanta discrecionalidad en la apreciación del hecho exento de ilegalidad y arbitrariedad? Esto sucede porque a veces no se realiza un esfuerzo deductivo en las decisiones sea de contratación o de resolución de contratos y se suele confundir ilegalidad con arbitrariedad, la primera implica contradicción con la ley, pero por sí sola no integra la injusticia y la segunda porque se incumple conscientemente las reglas formales del procedimiento de contratación o resolución, verbigracia optar conscientemente por un procedimiento de contratación directa en lugar de hacerlo por el de concurso abierto (cuando éste es el que corresponde por la cantidad monetaria en juego), aquí se pone de manifiesto la suficiente enjundia para basar en ella la identidad penal.
En este concierto de responsabilidad política y el sobrevalorado ego que muestran los líderes del sistema de gobierno, es bueno reflexionar sobre lo que describe Palacios F.: “El que padece de megalomanía es un medroso y por temor a ser superado, reacciona ridiculizando a la persona con la que se siente amenazado, porque los considera que son amenaza para su ego. El crecer bajo una vida llena de resentimientos le conduce a una vida llena de vanidad y convicción de que todo lo que piensa, dice o hace es grandioso por su elevado complejo de superioridad”.
Por eso, frente al exceso de poder en el plano democrático, es visible la exclusión de la opinión y voluntad del pueblo en el Referéndum del 21F que dijo: NO A LA REELECCIÓN de Evo Morales Ayma; Referéndum que es irrevisable, inmutable e irreductible por sentencia constitucional (0084/2017). Ante este pedazo de interpretación errónea del Tribunal Constitucional, es más probable que el relator de la Comisión ADH Don Francisco Eguiguren Preali proponga activar la medida cautelar provisional de no aplicación de la SCP 0084/2017, poniendo a raya al Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Constitucional Plurinacional y, a Evo Morales, Alvaro García Linera y a todos los elegidos mediante el voto popular, introduciéndolos en la incubadora hasta las elecciones diciembre de 2024.
En Bolivia desde el sistema de gobierno de Evo Morales (MAS) 2006 a 2018, se gastó 152.211 millones de bolivianos (2.182 millones de dólares), de los cuales se destinaron a la construcción de 1.763 canchas 6.353 millones de bolivianos. Las canchas valen como recreación, pasión y salud deportiva, pero no son prioritarias, bastará con citar el stadium Mario Parada en Santa Cruz, un monumento al cemento sin utilidad y retorno de inversión.
Como la educación tiene menor importancia se invirtió el 50% menos que canchas deportivas, disponiendo 3.755 millones de bolivianos en 4.185 escuelas; en salud se construyeron hospitales de primer nivel que demandó la suma de 1.527 millones de bolivianos y en sedes sociales para sindicatos comunitarios originario indígenas campesinos y federaciones en número de 737 obras se gastó una cantidad de 533 millones de bolivianos, sin incluir las donaciones de vehículos para dirigentes y alguna Federación Universitaria.
El Presidente Evo Morales afirmó que para el 2018 invertirá en educación 1.472 millones de bolivianos y para canchas y coliseos 702 millones de bolivianos, pero paradójicamente el mes pasado acaba de anunciar que “El programa Evo Cumple se suspende”. La época dorada del gas y petróleo se fugó y se optó por la construcción de cemento, bonos prebendas y no en proyectos de inversión que genere riqueza y fuentes de trabajo. Sobre esta realidad deficitaria y llena de errores el Senador Oscar Ortíz denunció que “las reservas del país rondan los 4,48 trillones de pies cúbicos de gas (TCF)”, criterio que difiere con el Min. De Hidrocarburos Luís Alberto Sánchez que asume que las reservas alcanzan a 10,45 (TCF), afirmación poco coherente por la declinación productiva de los campos San Alberto y Sábalo.
Los países árabes, Rusia, Ucrania y otros, en busca de incrementar sus mercados para el gas y petróleo han aplicado políticas bilaterales hasta alcanzar negocios rentables, más allá de las diferencias ideológicas que pudieran existir con los países compradores. Este modelo inteligente y rígido de hacer negocios a caudales incuantificables y, además con la capacidad de controlar los precios en el mercado internacional protegiendo sus industrias, no ha sido acogido por Bolivia, que erróneamente tomó la línea de la nacionalización de los hidrocarburos con la frase acuñada por Evo Morales: “Los hidrocarburos son de los bolivianos y no queremos patrones, si las empresas transnacionales desean invertir tendrán que someterse a las reglas de revisión de contratos en 50% iguales”. Y ¿cuál fue el efecto bumerán de la medida política adoptada en mayo de 2008? El gobierno tuvo que enfrentar pagando los fallos de laudos arbitrales internacionales a varias empresas que demandaron indemnización por nacionalización y reversiones, erogando aproximadamente 822 millones de dólares, sin incluir las que están en proceso.
En este orden, la Procuraduría General del Estado devela no haber contado con una estrategia especializada en la defensa de los intereses del país, puesto que todas las conciliaciones y acuerdos se pactaron pos fallo de tribunales arbitrales; la prueba reciente es el acuerdo que sellaron Pablo Menacho Procurador General y el Ministro de Minas el jueves 7 de junio de 2018, pagándole 42,6 millones de dólares a Quiborax y Non Metallic, sin considerar compromisos precedentes que eran más favorables para el Estado. ¿Cuántos millones invirtió Quiborax antes de la reversión para recibir tan jugosa indemnización? Y lo sorprendente es que el acuerdo se pactó con el abogado Andrés Jana representante legal de la empresa y que a su vez es asesor de Chile en la demanda marítima de La Haya; todos estos detalles merecen ser aclarados por el Estado.
Resulta paradójico que la Procuraduría General demande al expresidente Carlos Mesa a pesar de que son respetados los requisitos legales del procedimiento que siguió con la decisión de rescisión de contrato con la Quiborax y Non Metallic, si la finalidad fue la de proteger los intereses del Estado. ¿Por qué existe tanta discrecionalidad en la apreciación del hecho exento de ilegalidad y arbitrariedad? Esto sucede porque a veces no se realiza un esfuerzo deductivo en las decisiones sea de contratación o de resolución de contratos y se suele confundir ilegalidad con arbitrariedad, la primera implica contradicción con la ley, pero por sí sola no integra la injusticia y la segunda porque se incumple conscientemente las reglas formales del procedimiento de contratación o resolución, verbigracia optar conscientemente por un procedimiento de contratación directa en lugar de hacerlo por el de concurso abierto (cuando éste es el que corresponde por la cantidad monetaria en juego), aquí se pone de manifiesto la suficiente enjundia para basar en ella la identidad penal.
En este concierto de responsabilidad política y el sobrevalorado ego que muestran los líderes del sistema de gobierno, es bueno reflexionar sobre lo que describe Palacios F.: “El que padece de megalomanía es un medroso y por temor a ser superado, reacciona ridiculizando a la persona con la que se siente amenazado, porque los considera que son amenaza para su ego. El crecer bajo una vida llena de resentimientos le conduce a una vida llena de vanidad y convicción de que todo lo que piensa, dice o hace es grandioso por su elevado complejo de superioridad”.
Por eso, frente al exceso de poder en el plano democrático, es visible la exclusión de la opinión y voluntad del pueblo en el Referéndum del 21F que dijo: NO A LA REELECCIÓN de Evo Morales Ayma; Referéndum que es irrevisable, inmutable e irreductible por sentencia constitucional (0084/2017). Ante este pedazo de interpretación errónea del Tribunal Constitucional, es más probable que el relator de la Comisión ADH Don Francisco Eguiguren Preali proponga activar la medida cautelar provisional de no aplicación de la SCP 0084/2017, poniendo a raya al Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Constitucional Plurinacional y, a Evo Morales, Alvaro García Linera y a todos los elegidos mediante el voto popular, introduciéndolos en la incubadora hasta las elecciones diciembre de 2024.
Respecto a la idea de mantenerse en el poder más allá de la permisión constitucional, el expresidente de EE.UU. Barack Obama dice: “Es el honor más grande ser presidente y haber servido a mi país EE.UU. por dos periodos, no entiendo por qué la gente quiere quedarse tanto tiempo especialmente cuando tienen mucho dinero; estoy ansioso por seguir sirviendo a mi país pero sé que nadie está por encima de ley, nadie puede ser presidente de por vida porque así está en la Constitución; es necesario transferir a otros que vienen con mejores energías de servicios…”
Entonces gobernar un país significa darle un sentido institucional dentro del marco del Estado Constitucional y no es la responsabilidad política una agrupación de partido dominante-autoritario que flota por encima de los ciudadanos; por el contrario sus ideas, derechos fundamentales y garantías están encarnados en los ciudadanos por dignidad y libertad, porque sin ellos, no hay Constitución y menos Estado de Derecho.
No hay que dejarse atrapar por reacciones descalificadoras si los otros ciudadanos o grupos políticos nos pueden legar sentimientos de responsabilidad política, democracia y dignidad. La vanidad no enaltece al gobernante, lo conduce a un ego sin precedentes vacío de realidad social y sin visión que la merezca así haya hecho obras relevantes para el país.
Hay obras que en la administración de Evo Morales son incompatibles con las prioridades en educación, salud y oportunidades de trabajo estables que tiene la sociedad boliviana en todos sus estamentos sociales y, entre las que forman un catálogo de tareas excesivas en gastos económicos, barrocos y carentes de intereses plurales, relacionamos a las siguientes:
En la construcción de la planta separadora de líquidos (GLP) en Río Grande (2009), Santos Ramírez expresidente de YPFB fue condenado a 12 años de cárcel por adjudicación irregular de obras a la empresa Catler Uniservice; daño económico que se estima en 177 millones de bolivianos.
Los 30 proyectos fantasmas y el desfalco del FONDIOC alcanza a 182,7 millones de Bolivianos (30 enero de 2016). En cuyos procesos iniciados paradójicamente en diversas jurisdicciones del país en base a auditorías especiales e informes de la interventora, dentro de los imputados no fueron incluidos los miembros del Directorio que tenían el rango de ministros de Estado, instancia donde se definían y aprobaban los proyectos presentados por los dirigentes indígenas originarios campesinos y sindicales, así como se determinaban los cronogramas de desembolsos desde el Ministerio de Economía presidido por el ex ministro Luís Arce Catacora, con excepción de la ex ministra Nemesia Achacollo que aparece como imputada y que actualmente goza de libertad provisional.
Entonces gobernar un país significa darle un sentido institucional dentro del marco del Estado Constitucional y no es la responsabilidad política una agrupación de partido dominante-autoritario que flota por encima de los ciudadanos; por el contrario sus ideas, derechos fundamentales y garantías están encarnados en los ciudadanos por dignidad y libertad, porque sin ellos, no hay Constitución y menos Estado de Derecho.
No hay que dejarse atrapar por reacciones descalificadoras si los otros ciudadanos o grupos políticos nos pueden legar sentimientos de responsabilidad política, democracia y dignidad. La vanidad no enaltece al gobernante, lo conduce a un ego sin precedentes vacío de realidad social y sin visión que la merezca así haya hecho obras relevantes para el país.
Hay obras que en la administración de Evo Morales son incompatibles con las prioridades en educación, salud y oportunidades de trabajo estables que tiene la sociedad boliviana en todos sus estamentos sociales y, entre las que forman un catálogo de tareas excesivas en gastos económicos, barrocos y carentes de intereses plurales, relacionamos a las siguientes:
En la construcción de la planta separadora de líquidos (GLP) en Río Grande (2009), Santos Ramírez expresidente de YPFB fue condenado a 12 años de cárcel por adjudicación irregular de obras a la empresa Catler Uniservice; daño económico que se estima en 177 millones de bolivianos.
Los 30 proyectos fantasmas y el desfalco del FONDIOC alcanza a 182,7 millones de Bolivianos (30 enero de 2016). En cuyos procesos iniciados paradójicamente en diversas jurisdicciones del país en base a auditorías especiales e informes de la interventora, dentro de los imputados no fueron incluidos los miembros del Directorio que tenían el rango de ministros de Estado, instancia donde se definían y aprobaban los proyectos presentados por los dirigentes indígenas originarios campesinos y sindicales, así como se determinaban los cronogramas de desembolsos desde el Ministerio de Economía presidido por el ex ministro Luís Arce Catacora, con excepción de la ex ministra Nemesia Achacollo que aparece como imputada y que actualmente goza de libertad provisional.
El Museo de la Revolución democrática y cultural en Orinoca pueblo natal de Evo Morales Ayma, que costó 47 millones de bolivianos, sin un estudio estimado de retorno de la inversión.
La compra del avión presidencial con diseño exclusivo para su investidura costó 38,7 millones de dólares y la terminal aérea presidencial con un costo de 10,5 millones de bolivianos. Asimismo, con presupuesto del Ministerio de la Presidencia se compró 6 helicópteros H-425 destinados a tareas de rescate, emergencias y desastres naturales y se pagó 135,2 millones de dólares; empero uno de esos helicópteros es utilizado por Evo Morales para trasladarse al interior del país supuestamente para entrega de obras. El simple cambio de finalidad conlleva responsabilidad.
La compra por ENABOL de 16 barcazas chinas (julio de 2012) que el gobierno pagó en forma adelantada 28 millones de dólares a la empresa GMB; empujadores que costaron 11,5 millones de dólares y se canceló por el transporte 3 millones de dólares. El daño económico al Estado es visible, pero sin penalización a la fecha para los supuestos responsables intelectuales y materiales (exministro de defensa, exjefes de ENABOL) que permanecen impune por la benevolencia de la Fiscalía General.
Los siete contratos que se adjudicó la empresa china CAMC con el Estado la mayoría a invitación directa ascienden al monto de 573.601.513 millones de dólares (desde 2009 a 2013). Como se sabe Gabriela Zapata fue su gerente exitosa y sus vínculos con Evo Morales terminaron enlodando al presidente y ministros de Estado; pero ¿cuáles fueron los resultados de las auditorías que llevó adelante la Contraloría? y ¿por qué la Fiscalía General no dispuso apertura de investigación contra los representantes legales de la CAMC si los dineros fueron erogados por el Estado? Raya en lo insólito el no darse cuenta del millonario daño económico que afecta a los bolivianos y se investigue los límites y no la entidad nuclear de los delitos.
La construcción del aeropuerto en Chimoré población con 21.000 habitantes, su costo fue de 254,5 millones de bolivianos (17 octubre de 2015). Al estar la población en el centro del Chapare las actividades de redes de narcotraficantes son denunciadas cada vez con más frecuencia, pese a estar controladas por fuerzas militares afines al MAS y los comandantes que llegan a servir allí, cuentan con el requisito para ser promocionados como Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, sin respetar méritos de colegas generales que tienen mejor currículum profesional.
En los XI Juegos Suramericanos realizados en la ciudad de Cochabamba del 26 de mayo al 8 de junio de 2018 en la que participaron 14 países, se construyeron 14 escenarios deportivos, 2 villas suramericanas las que se convertirán después en centros de alto rendimiento con un costo de Bs. 1.385.978.344,10 y la adecuación o refacción de 18 escenarios deportivos que demandó la suma de Bs. 1.065.798.334,10. Todas las empresas que trabajaron en la ejecución de las diferentes obras fueron por invitación directa y eso sembró dudas en la oposición de los demócratas que denunciaron que un exministro de Cultura de Evo Morales se había beneficiado con un contrato millonario en tareas de la organización del evento deportivo y de otras empresas que ni siquiera cumplían la pertinencia en el rubro requerido, sencillamente porque se descubrió que estaban dedicadas sus empresas a otros giros distintos, lo que hace suponer que al cabo de la conclusión de las investigaciones podrán haber responsabilidades administrativas, civiles o penales, que en último término la Contraloría será la responsable de las auditorías especiales. Otro tema no menos importante es saber con qué presupuesto se va a mantener los escenarios deportivos, si las villas no generarán ningún ingreso económico.
El viaje del Presidente Evo Morales a Rusia que coincide con la inauguración del Mundial de futbol 2018, fue ácidamente criticado por los partidos políticos de la oposición, quienes consideraron que los dos millones de bolivianos que gastará podrían ser utilizados en proyectos de salud. Al frente salió el Canciller Fernando Huanacuni afirmando que el presidente Morales va por un periplo de 10 días y visitará Rusia donde se entrevistará con Vladimir Putin y firmará acuerdos por más de 1.000 millones de dólares en el sector de hidrocarburos, turismo, energías, tecnología militar y seguridad ciudadana. Estando en Rusia (13 de junio), el presidente tuvo que reconocer que fue invitado por la FIFA y lamentó mucho que no se hubiera avanzado en la parte técnica, económico-financiera, sino el día de mañana hubiéramos firmado para la industrialización del litio. También tiene previsto visitar la China para abrir mercados a productos bolivianos y finalmente estará en La Haya.
Bajo el ropaje de tareas del Estado se trató de justificar su viaje a Rusia, con los mismos argumentos de Sudáfrica el 2010 y Brasil el 2014. Por lo menos la racionalidad y la inteligencia del ciudadano común se convencería que la mejor directiva hubiera sido priorizar la visita a La Haya, porque la defensa de la causa marítima boliviana es una política pública de Estado y el mundial de futbol de Rusia jamás debería sobreponerse al tema que nos interesa superlativamente; soslayando incluso el conflicto de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) que reclama mayor presupuesto y que sensiblemente ha cobrado una vida joven y varios heridos.
La Construcción de la “Casa Grande del Pueblo” de 28 pisos y 3 sótanos, está sobre 1.877 metros. Entre sus detalles tiene un helipuerto, cuenta con el Salón Madidi, Sala de la Coca, Sala de la Minería, Tupaj Katari; los Salones Uyuni y Titicaca exclusivos para que el presidente Evo Morales Ayma firme documentos y además tiene yacussi, gimnasio. Su costo total más la implementación de alfombras, cortinajes, arañas, cuadros y otros, asciende al monto de 252,4 millones de bolivianos (36 millones de dólares). Es una obra que ofende la dignidad de los bolivianos en especial de los viven en pobreza y extrema pobreza, los desocupados, los que padecen enfermedades terminales, los niños y niñas trabajadores, etc.
Entonces, si primara la racionalidad a partir del paralelograma de las fuerzas que resultan plasmando proyectos de interés común, los 36 millones de dólares sumados a los 47 millones que demandó el Museo en Orinoca, con seguridad que se hubiera optado en la construcción de más hospitales de tercer nivel para cuidar la salud de la sociedad, la creación de ítem para cubrir las necesidades en educación y albergues para niños abandonados e indigentes que mueren en las calles.
Por otra parte, la filosofía del pluralismo parece no haber sido interpretada bien por los gobernantes, porque la tolerancia como principio constitucional estuvo ausente en varias decisiones políticas, donde no se escuchó a la minoría parlamentaria que tiene su razón cualificada de ser y para hacer grandes aportes. Bastará con mencionar el Referéndum de consulta autonómico (2006) que costó 49 millones de bolivianos y nos preguntamos ¿para qué? Si seguimos practicando el centralismo donde el gobierno al no avanzar en el pacto fiscal para distribuir con equidad los recursos económicos que generan los hidrocarburos y otros rubros, se sigue llevando el 80 % de la miel de los bolivianos, con el eminente peligro de seguir rebasando competencias de los Municipios que tienen como atribución construir y equipar hospitales, Escuelas, Institutos tecnológicos, etc.
El Referéndum revocatorio para Presidente, Vicepresidente y Gobernadores (2008), procedimiento constitucional mediante el cual fueron ratificadas las autoridades en sus cargos, excepto los gobernadores de Cochabamba y de La Paz, costó 69, 878.435 millones de bolivianos y en el Referéndum para modificar el artículo 168 de la Constitución a iniciativa de Evo Morales y todos los movimientos sociales pertenecientes al MAS y sus afines de instituciones públicas, llevado a cabo el 21 de febrero de 2016, donde el pueblo dijo: “No a la reelección indefinida”, se gastó 153 millones de bolivianos, sin contar el uso de movilidades del Estado. Todos estos recursos que aproximadamente alcanzan a 271 millones de bolivianos pudieron tener un destino constructivo y benéfico y así cumplir con los fines y tareas que nos fija la Constitución.
Este enfoque muestra lo centralizado que está el país, con diversas empresas estatales creadas en éstos 12 años de gobierno del MAS, sin modelos de fiscalización normativas y por ende exentas de rendir cuentas a nadie, será suficiente mencionar la planta de urea, la de vidrio en Zudañez, Laptop, etc., cuyos balances anuales se desconocen si son óptimas en su rendimiento económico o medianamente sustentables.
Desde otra perspectiva, nuestra pretensión se circunscribe también en la justicia que luego de dos periodos de elección democrática de Magistrados, la administración de justicia sigue con los endémicos problemas de independencia y autonomía funcional, sin una verdadera carrera científica especializada y competencial para jueces éticos, morales, probos e íntegros en su cotidianidad profesional y en su ámbito familiar, alejando así las tentaciones al tráfico de influencias, consorcio de jueces fiscales y abogados, acoso laboral, político y discriminatorio, cohecho activo y pasivo, prevaricación y uso de despachos en acciones reñidas con la moral y la ley, como el último caso sucedido en el Distrito Judicial de La Paz en que fueron encontrados dos jueces injiriendo bebidas alcohólicas en despacho judicial y las conexiones de avales interinstitucional para colocar a familiares institucionalizando el nepotismo, compuerta para la corrupción.
Una mirada a la actividad jurisdiccional y fiscal con el mejor ánimo de merecimiento y mejorar imagen y confianza hacia la ciudadanía, observaremos qué pasa con aquellos casos en materia de tráfico de sustancias controladas que se mantienen en el limbo o estado de sombras por falta de inercia, temor al poder político, etc. Empezaremos por los que afectan la salud pública.
El fenómeno escalonado del narcotráfico no debe ser tolerado y menos protegido; sin embargo como caso peculiar expondremos el de las hermanas Elba y Juana Terán al ser encontradas y capturadas en flagrancia (23 septiembre de 2009) en poder de 147 kilos y 600 gramos de cocaína, ambas procesadas fueron absueltas de culpa y pena por el Tribunal de sentencia de sustancias controladas, no obstante de existir las evidencias y pruebas suficientes de convicción para penalizar el hecho flagrante por tráfico de drogas. Aquí según registró la prensa nacional las beneficiadas notoriamente con el fallo de absolución eran hermanas de la dirigente cocalera Margarita Terán y por los vínculos que le atribuían con el presidente Evo Morales, al límite de calificarlas a las procesadas como narco cuñadas de Evo no dejó de ser una situación incómoda e incontrolable para el primer mandatario. Lo paradójico es que mientras los países vecinos como Brasil, Argentina, Chile y otros, son severos en la protección de la salud pública de sus ciudadanos cuando los tribunales ejercen jurisdicción penal por tráfico de sustancias controladas, lamentablemente en nuestro territorio donde se produce y trafica no asumimos la riqueza de la jurisprudencia comparada.
La justificación interna de la democracia se puede lograr gracias a la idea de libertad, igualdad y justicia en las decisiones. Por lo demás, recordemos el caso del ex Jefe de la Policía Antidroga de Bolivia el Gral. René Sanabria que durante el gobierno de Evo Morales fue detenido en Panamá por el envío de 144 kilos de cocaína al puerto de Miami EE.UU. junto a su socio Marcelo Foronda (septiembre de 2010). La sentencia la dictó la jueza Ursula Ungaro condenando a Sanabria a 14 años de prisión por conspirar en el tráfico de drogas (2 de septiembre de 2011 y a Foronda le impuso la pena de 9 años de prisión. Además el Gral. Sanabria a tiempo de ser detenido por la policía de los EE.UU. ejercía el cargo de Jefe del Centro de Inteligencia y Generación de Información (CIGEIN) en el gobierno de Evo Morales. Respecto a los dos condenados por el Tribunal de Miami, surge la pregunta ¿en qué estado se encuentra el proceso penal que sigue la fiscalía actualmente?, si son ocho años que han transcurrido y bien podrían acogerse los procesados al beneficio de libertad condicional.
El boliviano Fabio Adhemar Andrade Lima Lobo, hijo de Carmen Lima Lobo ex candidata del MAS a la subgobernación de la Prov. de Mamoré del Beni, fue detenido en Brasil en poder de 480 kilos de droga (octubre de 2017); sin embargo el Tribunal octavo de sustancias controladas de Santa Cruz mediante sentencia de 3 de marzo de 2016 lo declaró absuelto, bajo el fundamento de la duda razonable e insuficiente prueba de cargo. La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia anuló el fallo. En este caso ¿qué medidas tomó la fiscalía con relación al procesado en Brasil y en qué estado se halla el proceso penal contra los jueces del Tribunal octavo de sustancias controladas de Santa Cruz? Así como es importante saber los resultados del nuevo juicio que dispuso el tribunal de alzada.
El ciudadano Romer Gutiérrez Quezada asesor del MAS en el Concejo Municipal de Santa Cruz y hermano de la diputada suplente Amparo Gutiérrez (MAS), ha sido sentenciado por el juez Edson Nakamutu del Juzgado de San Bernardo del Campo (Estado de San Pablo) a 9 años y 8 meses de presidio por tráfico de drogas y asociación delictuosa el 3 de abril de 2018, al ser detenido con 50 kilos de cocaína y otros 50 kilos en forma de ladrillos encontrados en un garaje por la Policía Federal de Brasil; condena que comprendió también al boliviano Olbis Rueda García y los brasileros Leonardo de Faría y Evertón Gambarro. La amistad del condenado Romer Gutiérrez Quezada alcanzó a ministros, presidenta de la Cámara de Diputados y hasta escalonar la presidencia, las imágenes subidas a internet en actos sociales y de concentración relevan de todo comentario sus vínculos existentes con la dirigencia del MAS. En el presente caso resulta incuestionable que la fiscalía debió abrir proceso contra Romer Gutiérrez Quezada porque la droga salió de Bolivia y fue internada a Brasil por los cuatro condenados.
Para mostrar con frecuencia la coronación de la protección jurídica de los ciudadanos, desde la jurisdicción penal y constitucional, como institución y como función en el estado de derecho y así alcanzar una historia jurisprudencial de éxito sin paralelo, necesitamos de nuevas normas para combatir el blanqueo de dinero que permitan eficaz y rápidamente revisar cuentas bancarias; debe priorizarse la nueva normatividad del gasto público donde la regla rectora sea la licitación pública; hay necesidad de acelerar los procesos de institucionalización de autoridades titulares; el experimento fallido del voto popular para elegir magistrados debe ser cancelado tanto por falta de legitimidad suficiente como esencialmente por insuficiencia científica en el derecho diverso y plural; la inversión que compromete la UE para implementar la carrera de jueces con formación científica por dos años hay que acogerla así tendremos jueces éticos, moral e íntegros, sólidos en su género académico-experiencia e independientes en la función autónoma jurisdiccional; como complemento debe optarse por la selección pública de méritos y examen práctico con resolución de expedientes de las diversas materias a las que se postule, bajo la responsabilidad de órganos competentes e independientes; política pública debe ser la reducción de las 30.000 hectáreas de coca y cero expansión hacia los parques nacionales y territorio del TIPNIS; los órganos jurisdiccionales merecen asegurar sus presupuestos con un 3% del presupuesto general para atender adecuadamente y con calidad la densidad de casos que aumenta en forma progresiva y rebasan los límites de la capacidad instalada en los despachos judiciales y fiscales; indemnizar a familiares de parientes fallecidos por enfermedades terminales por falta de equipos o medicamentos en hospitales públicos y privados; penalizar como traición a la patria a toda autoridad que no cumpla con los resultados de un Referéndum constitucional; promover la amnistía política para el retorno de los refugiados y sus familias al país; debe reponerse la normativa que obligue al presidente pedir permiso a la Asamblea Legislativa Plurinacional para viajes justificados al exterior y el consiguiente informe de los acuerdos concretados y las minorías tengan derecho de fiscalizar y convocar incluso al presidente de la república para rendir cuentas de su administración política, cuantas veces sea necesario y urgente.
El país necesita el esclarecimiento de muchos hechos del sistema del (MAS) que, en 12 años de gobierno de mayorías ha escalado la corrupción, el contrabando y la inseguridad Hay la suficiente enjundia contra conductas de altos dirigentes premiados en la diplomacia y ministerios (casos la Calancha, Caranavi, represión en Chaparina contra los marchistas del TIPNIS, explosión y muertes en el carnaval de Oruro, muerte de J. Quispe en las marchas de la UPEA, etc.) para activar procedimientos y penalizarlos si hay convicción y base en los presuntos delitos.
Ciertamente, si en Jesús se encuentra la plenitud al cumplimiento de la ley, por amor a cada uno de nosotros, no se puede permanecer escépticos ante el populismo autoritario y menos dejarse atrapar por manifestaciones hostiles, explosivas en su reacción de agresividad y uso de armas letales, así como no estancarse de por vida en un proceso político pernicioso y megalómano, que hacen aumentar constantemente las posibilidades de holocausto. Habrá necesidad de ejercer una mirada tridimensional de los derechos fundamentales y de los ciudadanos, porque el sistema de gobierno está agobiado de una rigidez no intelectual que dimana de sus ideologías arcaicas-comunitarias, excesivamente maniqueas y narcisistas, con prácticas de acallar mediante procesos judiciales inventados a autoridades democráticamente elegidas, imponiendo medidas cautelares domiciliarias con la doble agravante de: primero sacarlo de la función pública (implica retiro judicial arbitrario al trabajo y a la investidura que le da la democracia) y segundo la prohibición de no hablar sobre el hecho supuestamente delictivo estando retenido en su domicilio (violación flagrante del fiscal y del juzgador a la libertad de expresión e ideas), ni los condenados con sentencia ejecutoriada son sometidos a incomparables aberraciones jurídicas.
Como los derechos y libertades de los ciudadanos no pueden ser limitados ni relativizados por los extremos del sistema, judicializando a expresidentes y autoridades que difieren del autoritarismo y condenan la corrupción, hay necesidad de reflotar con fe y valor para convertir lo cotidiano (pernicioso judicialmente) en extraordinario, sólo a través de la unidad en libertad de conciencia construir un proyecto nuevo para Bolivia, exento de intereses anacrónicos partidarios, de propuestas comunes realizables que expresen el sentimiento clamoroso de los ciudadanos en la protección de los derechos fundamentales, la democracia, libertad de prensa, el fortalecimiento de las instituciones, la independencia de los poderes del Estado y la implementación de políticas públicas en salud, educación e industrias estratégicas.
Finalmente, si mucho resuena y se invoca en todo el mundo el Estado Constitucional de Derecho, bajo términos claves de los derechos humanos y la democracia, en la actualidad D. Sternberger dice: “No todo el poder del Estado dimana del pueblo”, puede recordarnos los límites de la democracia”.
La compra del avión presidencial con diseño exclusivo para su investidura costó 38,7 millones de dólares y la terminal aérea presidencial con un costo de 10,5 millones de bolivianos. Asimismo, con presupuesto del Ministerio de la Presidencia se compró 6 helicópteros H-425 destinados a tareas de rescate, emergencias y desastres naturales y se pagó 135,2 millones de dólares; empero uno de esos helicópteros es utilizado por Evo Morales para trasladarse al interior del país supuestamente para entrega de obras. El simple cambio de finalidad conlleva responsabilidad.
La compra por ENABOL de 16 barcazas chinas (julio de 2012) que el gobierno pagó en forma adelantada 28 millones de dólares a la empresa GMB; empujadores que costaron 11,5 millones de dólares y se canceló por el transporte 3 millones de dólares. El daño económico al Estado es visible, pero sin penalización a la fecha para los supuestos responsables intelectuales y materiales (exministro de defensa, exjefes de ENABOL) que permanecen impune por la benevolencia de la Fiscalía General.
Los siete contratos que se adjudicó la empresa china CAMC con el Estado la mayoría a invitación directa ascienden al monto de 573.601.513 millones de dólares (desde 2009 a 2013). Como se sabe Gabriela Zapata fue su gerente exitosa y sus vínculos con Evo Morales terminaron enlodando al presidente y ministros de Estado; pero ¿cuáles fueron los resultados de las auditorías que llevó adelante la Contraloría? y ¿por qué la Fiscalía General no dispuso apertura de investigación contra los representantes legales de la CAMC si los dineros fueron erogados por el Estado? Raya en lo insólito el no darse cuenta del millonario daño económico que afecta a los bolivianos y se investigue los límites y no la entidad nuclear de los delitos.
La construcción del aeropuerto en Chimoré población con 21.000 habitantes, su costo fue de 254,5 millones de bolivianos (17 octubre de 2015). Al estar la población en el centro del Chapare las actividades de redes de narcotraficantes son denunciadas cada vez con más frecuencia, pese a estar controladas por fuerzas militares afines al MAS y los comandantes que llegan a servir allí, cuentan con el requisito para ser promocionados como Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, sin respetar méritos de colegas generales que tienen mejor currículum profesional.
En los XI Juegos Suramericanos realizados en la ciudad de Cochabamba del 26 de mayo al 8 de junio de 2018 en la que participaron 14 países, se construyeron 14 escenarios deportivos, 2 villas suramericanas las que se convertirán después en centros de alto rendimiento con un costo de Bs. 1.385.978.344,10 y la adecuación o refacción de 18 escenarios deportivos que demandó la suma de Bs. 1.065.798.334,10. Todas las empresas que trabajaron en la ejecución de las diferentes obras fueron por invitación directa y eso sembró dudas en la oposición de los demócratas que denunciaron que un exministro de Cultura de Evo Morales se había beneficiado con un contrato millonario en tareas de la organización del evento deportivo y de otras empresas que ni siquiera cumplían la pertinencia en el rubro requerido, sencillamente porque se descubrió que estaban dedicadas sus empresas a otros giros distintos, lo que hace suponer que al cabo de la conclusión de las investigaciones podrán haber responsabilidades administrativas, civiles o penales, que en último término la Contraloría será la responsable de las auditorías especiales. Otro tema no menos importante es saber con qué presupuesto se va a mantener los escenarios deportivos, si las villas no generarán ningún ingreso económico.
El viaje del Presidente Evo Morales a Rusia que coincide con la inauguración del Mundial de futbol 2018, fue ácidamente criticado por los partidos políticos de la oposición, quienes consideraron que los dos millones de bolivianos que gastará podrían ser utilizados en proyectos de salud. Al frente salió el Canciller Fernando Huanacuni afirmando que el presidente Morales va por un periplo de 10 días y visitará Rusia donde se entrevistará con Vladimir Putin y firmará acuerdos por más de 1.000 millones de dólares en el sector de hidrocarburos, turismo, energías, tecnología militar y seguridad ciudadana. Estando en Rusia (13 de junio), el presidente tuvo que reconocer que fue invitado por la FIFA y lamentó mucho que no se hubiera avanzado en la parte técnica, económico-financiera, sino el día de mañana hubiéramos firmado para la industrialización del litio. También tiene previsto visitar la China para abrir mercados a productos bolivianos y finalmente estará en La Haya.
Bajo el ropaje de tareas del Estado se trató de justificar su viaje a Rusia, con los mismos argumentos de Sudáfrica el 2010 y Brasil el 2014. Por lo menos la racionalidad y la inteligencia del ciudadano común se convencería que la mejor directiva hubiera sido priorizar la visita a La Haya, porque la defensa de la causa marítima boliviana es una política pública de Estado y el mundial de futbol de Rusia jamás debería sobreponerse al tema que nos interesa superlativamente; soslayando incluso el conflicto de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) que reclama mayor presupuesto y que sensiblemente ha cobrado una vida joven y varios heridos.
La Construcción de la “Casa Grande del Pueblo” de 28 pisos y 3 sótanos, está sobre 1.877 metros. Entre sus detalles tiene un helipuerto, cuenta con el Salón Madidi, Sala de la Coca, Sala de la Minería, Tupaj Katari; los Salones Uyuni y Titicaca exclusivos para que el presidente Evo Morales Ayma firme documentos y además tiene yacussi, gimnasio. Su costo total más la implementación de alfombras, cortinajes, arañas, cuadros y otros, asciende al monto de 252,4 millones de bolivianos (36 millones de dólares). Es una obra que ofende la dignidad de los bolivianos en especial de los viven en pobreza y extrema pobreza, los desocupados, los que padecen enfermedades terminales, los niños y niñas trabajadores, etc.
Entonces, si primara la racionalidad a partir del paralelograma de las fuerzas que resultan plasmando proyectos de interés común, los 36 millones de dólares sumados a los 47 millones que demandó el Museo en Orinoca, con seguridad que se hubiera optado en la construcción de más hospitales de tercer nivel para cuidar la salud de la sociedad, la creación de ítem para cubrir las necesidades en educación y albergues para niños abandonados e indigentes que mueren en las calles.
Por otra parte, la filosofía del pluralismo parece no haber sido interpretada bien por los gobernantes, porque la tolerancia como principio constitucional estuvo ausente en varias decisiones políticas, donde no se escuchó a la minoría parlamentaria que tiene su razón cualificada de ser y para hacer grandes aportes. Bastará con mencionar el Referéndum de consulta autonómico (2006) que costó 49 millones de bolivianos y nos preguntamos ¿para qué? Si seguimos practicando el centralismo donde el gobierno al no avanzar en el pacto fiscal para distribuir con equidad los recursos económicos que generan los hidrocarburos y otros rubros, se sigue llevando el 80 % de la miel de los bolivianos, con el eminente peligro de seguir rebasando competencias de los Municipios que tienen como atribución construir y equipar hospitales, Escuelas, Institutos tecnológicos, etc.
El Referéndum revocatorio para Presidente, Vicepresidente y Gobernadores (2008), procedimiento constitucional mediante el cual fueron ratificadas las autoridades en sus cargos, excepto los gobernadores de Cochabamba y de La Paz, costó 69, 878.435 millones de bolivianos y en el Referéndum para modificar el artículo 168 de la Constitución a iniciativa de Evo Morales y todos los movimientos sociales pertenecientes al MAS y sus afines de instituciones públicas, llevado a cabo el 21 de febrero de 2016, donde el pueblo dijo: “No a la reelección indefinida”, se gastó 153 millones de bolivianos, sin contar el uso de movilidades del Estado. Todos estos recursos que aproximadamente alcanzan a 271 millones de bolivianos pudieron tener un destino constructivo y benéfico y así cumplir con los fines y tareas que nos fija la Constitución.
Este enfoque muestra lo centralizado que está el país, con diversas empresas estatales creadas en éstos 12 años de gobierno del MAS, sin modelos de fiscalización normativas y por ende exentas de rendir cuentas a nadie, será suficiente mencionar la planta de urea, la de vidrio en Zudañez, Laptop, etc., cuyos balances anuales se desconocen si son óptimas en su rendimiento económico o medianamente sustentables.
Desde otra perspectiva, nuestra pretensión se circunscribe también en la justicia que luego de dos periodos de elección democrática de Magistrados, la administración de justicia sigue con los endémicos problemas de independencia y autonomía funcional, sin una verdadera carrera científica especializada y competencial para jueces éticos, morales, probos e íntegros en su cotidianidad profesional y en su ámbito familiar, alejando así las tentaciones al tráfico de influencias, consorcio de jueces fiscales y abogados, acoso laboral, político y discriminatorio, cohecho activo y pasivo, prevaricación y uso de despachos en acciones reñidas con la moral y la ley, como el último caso sucedido en el Distrito Judicial de La Paz en que fueron encontrados dos jueces injiriendo bebidas alcohólicas en despacho judicial y las conexiones de avales interinstitucional para colocar a familiares institucionalizando el nepotismo, compuerta para la corrupción.
Una mirada a la actividad jurisdiccional y fiscal con el mejor ánimo de merecimiento y mejorar imagen y confianza hacia la ciudadanía, observaremos qué pasa con aquellos casos en materia de tráfico de sustancias controladas que se mantienen en el limbo o estado de sombras por falta de inercia, temor al poder político, etc. Empezaremos por los que afectan la salud pública.
El fenómeno escalonado del narcotráfico no debe ser tolerado y menos protegido; sin embargo como caso peculiar expondremos el de las hermanas Elba y Juana Terán al ser encontradas y capturadas en flagrancia (23 septiembre de 2009) en poder de 147 kilos y 600 gramos de cocaína, ambas procesadas fueron absueltas de culpa y pena por el Tribunal de sentencia de sustancias controladas, no obstante de existir las evidencias y pruebas suficientes de convicción para penalizar el hecho flagrante por tráfico de drogas. Aquí según registró la prensa nacional las beneficiadas notoriamente con el fallo de absolución eran hermanas de la dirigente cocalera Margarita Terán y por los vínculos que le atribuían con el presidente Evo Morales, al límite de calificarlas a las procesadas como narco cuñadas de Evo no dejó de ser una situación incómoda e incontrolable para el primer mandatario. Lo paradójico es que mientras los países vecinos como Brasil, Argentina, Chile y otros, son severos en la protección de la salud pública de sus ciudadanos cuando los tribunales ejercen jurisdicción penal por tráfico de sustancias controladas, lamentablemente en nuestro territorio donde se produce y trafica no asumimos la riqueza de la jurisprudencia comparada.
La justificación interna de la democracia se puede lograr gracias a la idea de libertad, igualdad y justicia en las decisiones. Por lo demás, recordemos el caso del ex Jefe de la Policía Antidroga de Bolivia el Gral. René Sanabria que durante el gobierno de Evo Morales fue detenido en Panamá por el envío de 144 kilos de cocaína al puerto de Miami EE.UU. junto a su socio Marcelo Foronda (septiembre de 2010). La sentencia la dictó la jueza Ursula Ungaro condenando a Sanabria a 14 años de prisión por conspirar en el tráfico de drogas (2 de septiembre de 2011 y a Foronda le impuso la pena de 9 años de prisión. Además el Gral. Sanabria a tiempo de ser detenido por la policía de los EE.UU. ejercía el cargo de Jefe del Centro de Inteligencia y Generación de Información (CIGEIN) en el gobierno de Evo Morales. Respecto a los dos condenados por el Tribunal de Miami, surge la pregunta ¿en qué estado se encuentra el proceso penal que sigue la fiscalía actualmente?, si son ocho años que han transcurrido y bien podrían acogerse los procesados al beneficio de libertad condicional.
El boliviano Fabio Adhemar Andrade Lima Lobo, hijo de Carmen Lima Lobo ex candidata del MAS a la subgobernación de la Prov. de Mamoré del Beni, fue detenido en Brasil en poder de 480 kilos de droga (octubre de 2017); sin embargo el Tribunal octavo de sustancias controladas de Santa Cruz mediante sentencia de 3 de marzo de 2016 lo declaró absuelto, bajo el fundamento de la duda razonable e insuficiente prueba de cargo. La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia anuló el fallo. En este caso ¿qué medidas tomó la fiscalía con relación al procesado en Brasil y en qué estado se halla el proceso penal contra los jueces del Tribunal octavo de sustancias controladas de Santa Cruz? Así como es importante saber los resultados del nuevo juicio que dispuso el tribunal de alzada.
El ciudadano Romer Gutiérrez Quezada asesor del MAS en el Concejo Municipal de Santa Cruz y hermano de la diputada suplente Amparo Gutiérrez (MAS), ha sido sentenciado por el juez Edson Nakamutu del Juzgado de San Bernardo del Campo (Estado de San Pablo) a 9 años y 8 meses de presidio por tráfico de drogas y asociación delictuosa el 3 de abril de 2018, al ser detenido con 50 kilos de cocaína y otros 50 kilos en forma de ladrillos encontrados en un garaje por la Policía Federal de Brasil; condena que comprendió también al boliviano Olbis Rueda García y los brasileros Leonardo de Faría y Evertón Gambarro. La amistad del condenado Romer Gutiérrez Quezada alcanzó a ministros, presidenta de la Cámara de Diputados y hasta escalonar la presidencia, las imágenes subidas a internet en actos sociales y de concentración relevan de todo comentario sus vínculos existentes con la dirigencia del MAS. En el presente caso resulta incuestionable que la fiscalía debió abrir proceso contra Romer Gutiérrez Quezada porque la droga salió de Bolivia y fue internada a Brasil por los cuatro condenados.
Para mostrar con frecuencia la coronación de la protección jurídica de los ciudadanos, desde la jurisdicción penal y constitucional, como institución y como función en el estado de derecho y así alcanzar una historia jurisprudencial de éxito sin paralelo, necesitamos de nuevas normas para combatir el blanqueo de dinero que permitan eficaz y rápidamente revisar cuentas bancarias; debe priorizarse la nueva normatividad del gasto público donde la regla rectora sea la licitación pública; hay necesidad de acelerar los procesos de institucionalización de autoridades titulares; el experimento fallido del voto popular para elegir magistrados debe ser cancelado tanto por falta de legitimidad suficiente como esencialmente por insuficiencia científica en el derecho diverso y plural; la inversión que compromete la UE para implementar la carrera de jueces con formación científica por dos años hay que acogerla así tendremos jueces éticos, moral e íntegros, sólidos en su género académico-experiencia e independientes en la función autónoma jurisdiccional; como complemento debe optarse por la selección pública de méritos y examen práctico con resolución de expedientes de las diversas materias a las que se postule, bajo la responsabilidad de órganos competentes e independientes; política pública debe ser la reducción de las 30.000 hectáreas de coca y cero expansión hacia los parques nacionales y territorio del TIPNIS; los órganos jurisdiccionales merecen asegurar sus presupuestos con un 3% del presupuesto general para atender adecuadamente y con calidad la densidad de casos que aumenta en forma progresiva y rebasan los límites de la capacidad instalada en los despachos judiciales y fiscales; indemnizar a familiares de parientes fallecidos por enfermedades terminales por falta de equipos o medicamentos en hospitales públicos y privados; penalizar como traición a la patria a toda autoridad que no cumpla con los resultados de un Referéndum constitucional; promover la amnistía política para el retorno de los refugiados y sus familias al país; debe reponerse la normativa que obligue al presidente pedir permiso a la Asamblea Legislativa Plurinacional para viajes justificados al exterior y el consiguiente informe de los acuerdos concretados y las minorías tengan derecho de fiscalizar y convocar incluso al presidente de la república para rendir cuentas de su administración política, cuantas veces sea necesario y urgente.
El país necesita el esclarecimiento de muchos hechos del sistema del (MAS) que, en 12 años de gobierno de mayorías ha escalado la corrupción, el contrabando y la inseguridad Hay la suficiente enjundia contra conductas de altos dirigentes premiados en la diplomacia y ministerios (casos la Calancha, Caranavi, represión en Chaparina contra los marchistas del TIPNIS, explosión y muertes en el carnaval de Oruro, muerte de J. Quispe en las marchas de la UPEA, etc.) para activar procedimientos y penalizarlos si hay convicción y base en los presuntos delitos.
Ciertamente, si en Jesús se encuentra la plenitud al cumplimiento de la ley, por amor a cada uno de nosotros, no se puede permanecer escépticos ante el populismo autoritario y menos dejarse atrapar por manifestaciones hostiles, explosivas en su reacción de agresividad y uso de armas letales, así como no estancarse de por vida en un proceso político pernicioso y megalómano, que hacen aumentar constantemente las posibilidades de holocausto. Habrá necesidad de ejercer una mirada tridimensional de los derechos fundamentales y de los ciudadanos, porque el sistema de gobierno está agobiado de una rigidez no intelectual que dimana de sus ideologías arcaicas-comunitarias, excesivamente maniqueas y narcisistas, con prácticas de acallar mediante procesos judiciales inventados a autoridades democráticamente elegidas, imponiendo medidas cautelares domiciliarias con la doble agravante de: primero sacarlo de la función pública (implica retiro judicial arbitrario al trabajo y a la investidura que le da la democracia) y segundo la prohibición de no hablar sobre el hecho supuestamente delictivo estando retenido en su domicilio (violación flagrante del fiscal y del juzgador a la libertad de expresión e ideas), ni los condenados con sentencia ejecutoriada son sometidos a incomparables aberraciones jurídicas.
Como los derechos y libertades de los ciudadanos no pueden ser limitados ni relativizados por los extremos del sistema, judicializando a expresidentes y autoridades que difieren del autoritarismo y condenan la corrupción, hay necesidad de reflotar con fe y valor para convertir lo cotidiano (pernicioso judicialmente) en extraordinario, sólo a través de la unidad en libertad de conciencia construir un proyecto nuevo para Bolivia, exento de intereses anacrónicos partidarios, de propuestas comunes realizables que expresen el sentimiento clamoroso de los ciudadanos en la protección de los derechos fundamentales, la democracia, libertad de prensa, el fortalecimiento de las instituciones, la independencia de los poderes del Estado y la implementación de políticas públicas en salud, educación e industrias estratégicas.
Finalmente, si mucho resuena y se invoca en todo el mundo el Estado Constitucional de Derecho, bajo términos claves de los derechos humanos y la democracia, en la actualidad D. Sternberger dice: “No todo el poder del Estado dimana del pueblo”, puede recordarnos los límites de la democracia”.
Pedro Gareca Perales es abogado constitucionalista y ex Fiscal General de la República.
