La actitud del oficialismo respecto de la lucha contra la pandemia de Covid-19 evidencia ciertas incoherencias, cuyo efecto perjudica las acciones emprendidas por las instancias estatales para frenar la escalada de contagios que sufre el país.

Como se puede constatar por las cifras de nuevos casos de infección, en alza casi permanente, de las últimas semanas, la tercera ola pandémica está en pleno ascenso en todo el país, en especial en las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba. Debido al descontrol en la propagación de la Covid-19, cuatro municipios: Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y Oruro observaron ayer un confinamiento rígido acompañado por medidas sanitarias como el rastrillaje de casos nuevos y la aplicación de pruebas de diagnóstico.

Ese confinamiento lo imponen las instancias de operaciones de emergencia respectivas, que reúnen a las autoridades administrativas y sanitarias de cada municipio y cuya función es determinar las medidas necesarias para mitigar el avance del flagelo. La ejecución de esas decisiones es posible sólo con la asistencia de las fuerzas del orden, municipales y policiales, encargadas de hacerlas cumplir. Si bien la mayor parte de la población es consciente de la gravedad de la situación sanitaria y la necesidad del confinamiento, y acatan las restricciones, su pleno cumplimiento depende del control ejercido especialmente por la Policía Boliviana, cuyos efectivos se despliegan por las ciudades.

Eso ocurre en todas las ocasiones en las que se imponen prohibiciones de circulación, como ayer en los mencionados municipios. Lo que no había sucedido hasta ayer es que el Ministerio de Gobierno emita un comunicado público informando que la Policía no hará cumplir las medidas impuestas por los Gobiernos subnacionales “encaminadas a estipular multas económicas o detenciones indebidas”.

Ese mensaje, emitido en pleno inicio del confinamiento y con el agregado ambiguo de que “debemos aplicar planes que nos permitan atenuar la enfermedad que estén enmarcados en la reactivación económica”, no sólo podría interpretarse como una invitación a desacatar las medidas determinadas por los Comités de Operaciones de Emergencia Municipales, sino que crea una manifiesta ambigüedad sobre su pertinencia.

Y poner en duda la pertinencia de restricciones, cuyo fin es reducir las posibilidades de contagio evitando las aglomeraciones y otras circunstancias favorables a la transmisión de la Covid, es condenable. Tan condenable como mostrarse por las redes sociales sin barbijo y con claras muestras de resfrío en la cabina de una emisora de radio, cerrada y sin ventilación, durante una entrevista de más de una hora, como lo hizo ayer el jefe nacional del Movimiento al Socialismo (MAS) y expresidente del Estado.