Entrevista a Rómulo Limachi/ Secretario general de la Comisión de Tierra, Territorio del CONAMAQ Bolivia

Para los 15 suyus de las organizaciones regionales y comunidades que forman el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), la Iglesia Católica tuvo directa participación en el golpe de Estado de 2019, organizado por la derecha, porque no está de acuerdo con un gobierno indígena.

Así lo manifestó el secretario general de la Comisión de Tierra y Territorio de la Conamaq Bolivia, Rómulo Limachi, que pidió celeridad en cada uno de los procesos presentados por las víctimas del régimen de facto de Jeanine Añez. Cuestionó la actuación de las FFAA que pretenden ocultar su participación en los luctuosos hechos de 2019, al hacer desaparecer los planes y acciones que desarrollaron en las movilizaciones haciendo uso de las armas de fuego, agentes químicos y otros elementos que atentaron contra la vida de los bolivianos.

—¿Qué opinión tiene sobre la posición del exsecretario de la Conferencia Episcopal que negó el golpe de Estado de 2019 y que asegura que en la Universidad Católica solo se habló de cómo resolver el tema de vacío político?

—Estamos convencidos de que fue un golpe de Estado y no un fraude electoral, cuando la Iglesia Católica, grupos cívicos y opositores al gobierno de Evo Morales participaron en reuniones. Nosotros vamos a dar a conocer nuestra posición al respecto en el libro No fue fraude, sino golpe de Estado, que será presentado la próxima semana en un acto público.

La derecha siempre intenta justificarse indicando que fue fraude, eso no es nuevo para nosotros. Como dirigentes originarios, en Consejo de Autoridades a nivel nacional, se cuestionó la actuación de la Iglesia porque durante el régimen de facto no veló los intereses de su pueblo, sino defendió a los políticos de la derecha, y tuvo una participación directa en temas políticos.

—La Fiscalía fue cuestionada por las víctimas de las masacres por la demora en el proceso investigativo de los hechos de noviembre de 2019, ¿a qué atribuye este descuido en esa instancia?

—Tenemos las resoluciones de la Conamaq de apoyo a las víctimas de Senkata, de alguna manera el gobierno está coordinando el tema, esperemos que también pueda dar el apoyo para que se aceleren los procesos iniciados por las víctimas, que solo exigen justicia por la pérdida de sus seres queridos, detenidos, perseguidos y heridos en 2019.

Es lamentable que la justicia siga haciendo uso de la chicanería barata y esté demorando el proceso investigativo, no podemos concebir que esa instancia actúe de mala fe, beneficia a nuestros verdugos y pone trabas para que los hechos no sean esclarecidos, todo lo que sucedió, no solo en Senkata y Sacaba, sino en otras regiones del país.

—Los informes relativos al golpe de Estado desaparecieron de los archivos de las FFAA. ¿Qué efecto van a tener las investigaciones para establecer responsabilidades de las masacres?

—Hace dos días hemos tenido un taller sobre las funciones de las FFAA con el Ministerio de esa cartera de Estado y los viceministerios. En las exposiciones manifestaron su firme decisión de estar al lado del pueblo, hacer respetar la Constitución Política del Estado y a un gobierno democráticamente elegido, sin embargo estos preceptos fueron vulnerados al subordinarse ante un gobierno ilegitimo y que tomó el poder por la fuerza para cometer una serie de abusos que deben ser castigados.

Creemos que los informes que desaparecieron del Ministerio de Defensa no afectarán en nada en el proceso investigativo porque existen videos, testimonios y audios que ayudarán mucho a esclarecer la responsabilidad de cada uno de los militares. Sin embargo no deja de llamar la atención su accionar, pues intentan ocultar algo oscuro relacionado con intereses partidarios, que debe tener sanciones ejemplificadoras, como lo hacemos nosotros.

—Se amplió por dos meses el trabajo de la comisión investigadora de la CIDH sobre los hechos de 2019. ¿Ustedes comparten esta decisión?

—Considero que no, porque en comparación de nuestra Comisión de Justicia Indígena Originaria ya hubiésemos tenido un veredicto, es decir resoluciones y determinaciones sobre la culpabilidad de quienes masacraron a la gente en noviembre de 2019.

Sin embargo, esto no ocurre en las instancias donde se ventilan los procesos, porque a veces las leyes son contrarias y la interpretación de los juristas es tergiversada, ahí es donde existe la chicanearía. Además la burocracia no ayuda en nada, por lo que creo que debemos dar celeridad y analizar toda la documentación porque la gente pide justicia de una vez.

—¿Por qué la oposición no tiene éxito en sus iniciativas?

—Para que haya democracia, tiene que existir oposición lamentablemente, en eso estamos de acuerdo, pero queremos que sean constructivos, que no nos vayamos a enfrentar e intentar organizar otro golpe de Estado, o confrontarnos entre nosotros. Con mucha sabiduría decimos que hay que llevar las cosas con un poco de calma, no es solo llevar a la gente para confrontar o salir a una conferencia de prensa para contrarrestar lo que asevera la derecha.

—¿Las organizaciones sociales están mejor preparadas para un eventual ataque de la derecha, como sucedió en noviembre de 2019?

—Ya estamos mejor organizados en el sentido que a veces hay amenazas, en estos últimos meses hemos salido a diferentes suyos de Oruro, Potosí y toda La Paz, y hemos recogido criterios, porque no es nada casual que nuevamente la Iglesia se pronuncie, no es causal que Salvador Romero haya renunciado, no es casual la amenaza que vierte la derecha, hay algo que puede estar orquestándose como otro golpe de Estado, pero ahí si vamos a tener salir mejor, como comunidades originarias.

Se inició en la comunidad de Milluni, La Paz

Desde la comunidad de Milluni, en las faldas de Wayna Potosí, Rómulo Limachi, oriundo del lugar, comenzó hace 19 años a formar parte de la dirigencia sindical. Asumió el cargo de secretario de actas de su comunidad, luego fue nombrado secretario general, donde trabajó para que sus coterráneos puedan acceder a los servicios básicos, mediante proyectos de electrificación, agua potable y riego.

Hoy, desde la secretaría de la Comisión de Tierra y Territorio de la Conamaq, su propósito es fortalecer el aparato productivo y el tema de riego, ya que durante el golpe de Estado este fue afectado severamente, además de la recuperación de las tierras de los terratenientes y grandes empresarios que fueron apoyados por el gobierno de facto de Jeanine Añez.