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Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: sábado 22 de mayo de 2021
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
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Ante la Fiscalía, la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB)
expuso el jueves que en las reuniones del 11 y 12 de noviembre de 2019,
organizadas en instalaciones de la Universidad Católica Boliviana (UCB), no se
conspiró contra el gobierno de Evo Morales ni se habló de planificar actos
terroristas. Por el contrario, los asistentes trabajaron para lograr la
pacificación del país.
Informó además que a esos encuentros no asistió la
expresidenta Jeanine Añez (entonces senadora) y que formalmente no se levantó
una lista de asistentes ni se suscribieron actas sobre las reuniones a las que
en representación de la CEB asistieron tres obispos y un sacerdote.
El documento es una respuesta a un requerimiento fiscal
enviado en el caso de la investigación abierta contra Añez y otros por presunta
sedición, conspiración y terrorismo, a denuncia de la exdiputada del MAS Lidia
Patty.
La CEB explica que a las reuniones asistieron representantes
de la Unión Europea y de la Embajada de España, líderes políticos de frentes
con representación legislativa como Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y Jorge
Quiroga, además de Adriana Salvatierra, Teresa Morales y Susana Rivero, las
tres del Movimiento Al Socialismo (MAS).
En varias respuestas se dejó constancia de que el objetivo
de las reuniones fue aportar a la pacificación del país.
En su requerimiento, la Fiscalía hace varias preguntas para
establecer si en esas reuniones se buscó atentar contra el gobierno legalmente
constituido. Por ejemplo, “si en el marco de estas reuniones se conspiró contra
el exmandatario del Estado Evo Morales Ayma”.
A ese cuestionamiento, la CEB respondió que no hay constancia
de ello y que “sin embargo, sí se puede afirmar categóricamente que el rol de
la Iglesia Católica fue en todo momento la búsqueda de la pacificación del
país, NUNCA de CONSPIRACIÓN (sic)".
También se consultó si en las reuniones se habló de cometer
actos terroristas para deponer al gobierno de Morales, a lo cual la Conferencia Episcopal respondió que no hay
constancia de ello, pero sí de que “tales reuniones tenían como única finalidad
lograr la pacificación y bienestar de Bolivia y sus habitantes, en relación al
grave desorden social existente en esos momentos”.
Las reuniones se llevaron a cabo en momentos en que el país
había quedado en medio de un caos social y desgobierno después de las denuncias
de fraude electoral que llevaron a renunciar públicamente al presidente Morales
y a quienes le seguían en la cadena de sucesión, aunque hace poco la
Procuraduría General del Estado (PGE) negó ese hecho en un cuestionado informe
que envió a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos.
El 7 de este mes, la exministra y exdiputada oficialista
Susana Rivero publicó un tuit en el que aseguró que en las reuniones en la UCB
no se comunicó que Añez sería la presidenta después de la renuncia y posterior
huída de Morales, como señalaba un memorial de la PGE.
Mediante sus cuentas en redes sociales, Añez se pronunció
sobre el documento enviado por la Iglesia Católica a la Fiscalía y destacó que
confirma que ella no tuvo participación en las reuniones de noviembre de 2019
(la parte acusadora sostiene que esos encuentros fueron para conspirar contra
Morales).



