Ante la Fiscalía, la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) expuso el jueves que en las reuniones del 11 y 12 de noviembre de 2019, organizadas en instalaciones de la Universidad Católica Boliviana (UCB), no se conspiró contra el gobierno de Evo Morales ni se habló de planificar actos terroristas. Por el contrario, los asistentes trabajaron para lograr la pacificación del país.

Informó además que a esos encuentros no asistió la expresidenta Jeanine Añez (entonces senadora) y que formalmente no se levantó una lista de asistentes ni se suscribieron actas sobre las reuniones a las que en representación de la CEB asistieron tres obispos y un sacerdote.

El documento es una respuesta a un requerimiento fiscal enviado en el caso de la investigación abierta contra Añez y otros por presunta sedición, conspiración y terrorismo, a denuncia de la exdiputada del MAS Lidia Patty.

La CEB explica que a las reuniones asistieron representantes de la Unión Europea y de la Embajada de España, líderes políticos de frentes con representación legislativa como Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga, además de Adriana Salvatierra, Teresa Morales y Susana Rivero, las tres del Movimiento Al Socialismo (MAS).

En varias respuestas se dejó constancia de que el objetivo de las reuniones fue aportar a la pacificación del país.

En su requerimiento, la Fiscalía hace varias preguntas para establecer si en esas reuniones se buscó atentar contra el gobierno legalmente constituido. Por ejemplo, “si en el marco de estas reuniones se conspiró contra el exmandatario del Estado Evo Morales Ayma”.

A ese cuestionamiento, la CEB respondió que no hay constancia de ello y que “sin embargo, sí se puede afirmar categóricamente que el rol de la Iglesia Católica fue en todo momento la búsqueda de la pacificación del país, NUNCA de CONSPIRACIÓN (sic)".

También se consultó si en las reuniones se habló de cometer actos terroristas para deponer al gobierno de Morales, a lo cual la  Conferencia Episcopal respondió que no hay constancia de ello, pero sí de que “tales reuniones tenían como única finalidad lograr la pacificación y bienestar de Bolivia y sus habitantes, en relación al grave desorden social existente en esos momentos”.

Las reuniones se llevaron a cabo en momentos en que el país había quedado en medio de un caos social y desgobierno después de las denuncias de fraude electoral que llevaron a renunciar públicamente al presidente Morales y a quienes le seguían en la cadena de sucesión, aunque hace poco la Procuraduría General del Estado (PGE) negó ese hecho en un cuestionado informe que envió a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El 7 de este mes, la exministra y exdiputada oficialista Susana Rivero publicó un tuit en el que aseguró que en las reuniones en la UCB no se comunicó que Añez sería la presidenta después de la renuncia y posterior huída de Morales, como señalaba un memorial de la PGE.

Mediante sus cuentas en redes sociales, Añez se pronunció sobre el documento enviado por la Iglesia Católica a la Fiscalía y destacó que confirma que ella no tuvo participación en las reuniones de noviembre de 2019 (la parte acusadora sostiene que esos encuentros fueron para conspirar contra Morales).