El cambio de autoridades develó irregularidades al interior del gobierno municipal cruceño. Una denuncia “de terror” hecha por el nuevo secretario de administración y finanzas  señala que  la Alcaldía de Santa Cruz tenía al menos 800 funcionarios “fantasma” que recibían sueldos, pese a no reportarse en el lugar de trabajo.

“Es de terror, más de 800 funcionarios no estaban registrados ni siquiera en el padrón biométrico. Estaban ‘liberados’; es decir, no marcaban ni de entrada ni de salida, así que no se sabe si trabajaron o no. Recién aparecieron con sus sillas queriendo buscar dónde ubicarse. Es impresionante. Son funcionarios por contrato, pero también por ítem. En algunas reparticiones había más asesores que trabajadores. Por ejemplo, en Emacruz (empresa municipal de basura) había como 10 abogados que nadie sabía para qué”, revela Mario Centellas, secretario edil de administración y finanzas.

“Hemos pedido un informe detallado sobre este tema con los nombres de estas personas que nunca fueron a trabajar. Había además ‘supernumerarios’, es decir, en una oficina donde tenía que haber dos funcionarios había cinco, algunos de los cuales tenían la condición de ‘liberados’, o sea, no iban a trabajar”, señala el concejal  Juan Carlos Medrano.

Esos funcionarios “fantasma” representaron aproximadamente el 8% del total de 9.541 trabajadores que integraban la planilla de la anterior gestión, que estuvo bajo la dirección del alcalde Percy Fernández y concluyó con el interinato de Angélica Sosa. Según la información recabada por el equipo de transición, dentro del municipio existían 3.213 funcionarios con ítem y 6.328 con contrato.

Secretarías en caos

Aún no ha transcurrido ni siquiera un mes desde el cambio administrativo municipal y el polvo que ha levantado la acusación de irregularidades parece alcanzar a todas las esquinas de la anterior gestión. La pasada administración municipal cruceña  dejó de herencia al nuevo ejecutivo, 14 secretarías que muy pronto se reestructuraron en 12.

La reingeniería organizativa apenas empezó. La idea es optimizar  recursos y “mantener sólo al personal necesario”, señaló Centellas. Apunta al retiro  de unas 1.700 personas en los siguientes días para acabar con la “desorganización y las anomalías”.

“Todo está entreverado. Si usted ve la planilla de administración y finanzas, los que dicen que están en realidad no aparecen. Algunos están en otras secretarías y hay funcionarios de otras secretarías que están aquí. Están ‘prestados’ por áreas y por subalcaldías. Aquí en mi despacho, por ejemplo, hay 40 personas que nunca han trabajado. Por eso hemos tomado la decisión de afrontar el tema de raíz. Vamos a borrar todos los ítems y a crear los respondiendo a una lógica funcional”, explica el secretario, encargado de velar por las finanzas del municipio.

“Cobraban con varias tarjetas”

Para el concejal Manuel Saavedra, el problema de desorden e irregularidades de funcionarios tiene larga data. “En este momento los fantasmas empiezan a aparecer. No todos, sí. Sólo esos que han aparecido con sus sillas a buscar dónde trabajar. Pero este tema no es nuevo, hay que mirar al menos los últimos cinco años de gestión. Se habla de funcionarios que tenían decenas de tarjetas para ir a cobrar los sueldos a los cajeros automáticos. Se estima que el gasto de esos 800 fantasmas está entre cuatro y seis millones de bolivianos mensuales”, dice Saavedra.

Según el reporte de Centellas, los funcionarios que no se reportaban en el trabajo estaban en todas las secretarías. “No hay ninguna que se salve. Irregularidades en todas las áreas pero, además, en todos los cargos, desde directores y asesores hasta subalternos. Hasta el control social aparecía en planilla. La mayor cantidad de irregularidades las pillamos en recursos humanos y en planificación”.

“Si sacamos cálculos,  800 funcionarios con un promedio de 700 dólares de sueldo, son 550 mil dólares mensuales de daño al municipio. Es más de medio millón de dólares sólo en estos 800 fantasmas”, asevera Medrano.

“Clanes familiares”

Para la concejala Lola Terrazas, urge encender las luces y develar  lo que ha sucedido realmente. Por ello, hizo una petición de informe escrito para que se presente de manera detallada la cantidad de funcionarios municipales entre 2015-2020, indicando cargos y sueldos. Pero, además, se señale la asistencia de los últimos seis meses de todo el personal.

“El personal que había en muchos de los cargos municipales era un clan familiar. Parecía una agencia de empleo para  familias. Estaba el hijo, el padre, el tío, la cuñada… textualmente el secretario de desarrollo humano ha señalado que encontró clanes familiares en la alcaldía. Es un tema indignante que tiene que esclarecerse de manera urgente”, enfatiza Terrazas.

Percy Fernández  fue alcalde cruceño  por  20 años; su gestión fue cerrada por Angélica Sosa.

Exautoridades niegan acusación

Ante las  acusaciones de las nuevas autoridades, Página Siete buscó conocer la  contraparte de algunos secretarios salientes, pero hubo renuencia a referirse al tema.

La exsecretaria de administración y finanzas  Sandra Velarde  evitó dar una declaración alegando que ella ya no es funcionaria pública. “Estoy en la práctica privada. Las nuevas autoridades deben leer los reglamentos, todo está reglamentado. Si hubiese algo irregular, que lo demuestren y que inicien las acciones correspondientes”, declara.

Asimismo, la exsecretaria de desarrollo humano  Rossy Valencia  señaló que son las nuevas autoridades las que deben dar informes y denunciar si encuentran esas supuestas irregularidades.

“El 26 del mes pasado dejé el cargo. No tengo nada que decir. Son los nuevos secretarios, en base a los informes de sus dependientes, quienes tendrán que demostrar sus acusaciones e iniciar investigaciones si así lo amerita. Ellos tienen  la responsabilidad de denunciar si encuentran irregularidades”, manifiesta Valencia.

Alcaldía endeudada

Según reportó el equipo que trabajó en la transición municipal, la deuda recibida por el nuevo gobierno edil cruceño está cerca a los 1.000 millones de bolivianos, monto que equivale a las deudas de las comunas de las ciudades de La Paz (500 millones de bolivianos) y de Cochabamba (500 millones de bolivianos).

Adicionalmente, quedaron varios meses impagos de servicios básicos como luz, agua, transporte y teléfono, señala Centellas.

“Acabo de enterarme que a la CRE se le debe 21 millones de bolivianos. La anterior alcaldesa salió a decir que se pagó la deuda, pero no es cierto. Se debe a las cooperativas de agua desde el año pasado. Hasta teléfono nos han cortado. ¿Qué ha priorizado la anterior gestión?”, cuestiona el secretario.

La autorización para que el nuevo alcalde, Jhonny Fernández, firme cheques  recién se recibió el miércoles. A partir de entonces, se empezó a cancelar  adeudos. Hasta las puertas del gobierno municipal llegó un sector de médicos, a quienes se les debía sueldos.

Protesta de médicos que  exigen pagos a la Alcaldía cruceña, la semana pasada.

“Ya sabemos que nos han robado. Ahora lo que falta saber es cuánto, por eso estamos pidiendo auditorías externas. Los que se fueron lo dejaron en toco”, manifiesta el concejal Saavedra, quien lidera el pedido de una auditoría que inspeccione tres aspectos en su primera fase: la construcción del BRT, el contrato con la empresa de basura y la inspección de recaudaciones; y en su segunda: plan regulador, unidad de recursos humanos y el proyecto de traslado de mercados

Para el concejal Medrano,  el anterior órgano legislativo no cumplió su rol de fiscalizar. “Se perdió el rol del Concejo. Llamaba la atención que el  alcalde Jhonny Fernández, en su momento como concejal, no observó o no se dio cuenta de este tema que ahora salta.  Hay que aclararlo, dar con los responsables y hacer las medidas que correspondan”, dice.